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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
El anuncio del presidente de la República, Nayib Bukele, de la presentación de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la Sala de lo Constitucional (CSJ) y la Asamblea Legislativa “por quitarle las herramientas” para combatir la pandemia del COVID-19, generó una serie de reacciones de profesionales en ciencias jurídicas. La abogada y excomisionada de la CIDH, María Silvia Guillén manifestó: “Un poder de Estado no puede acudir a la CIDH”.
“A mí, me parece que al presidente de la República (Nayib Bukele) lo están asesorando muy mal, porque la Comisión Interamericana, como una de sus principales competencias es recibir, analizar, investigar peticiones individuales, en donde se alega que un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha ratificado la Declaración Interamericana o aquellos Estados que aún no han ratificado, han violado derechos humanos de la población”, explicó la abogada Guillén, presidente de FESPAD.
Y consideró un “absurdo” si la Comisión Interamericana admitiera “hipotéticamente” la petición del órgano Ejecutivo. Esta tendría que pedir informe al Estado salvadoreño y según las normas del organismos, el Estado es representado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para pedirle un informe.
“Realmente, no se quién asesora al señor presidente (Nayib Bukele), pero me da la impresión que no tienen conocimiento jurídico, y menos del Sistema Interamericano, o cabe que aquí hay mala voluntad en cuanto a las respuestas que le están dando al presidente, pero en este caso, al decir que irá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un absurdo jurídico absolutamente, y lo que me da tristeza, que con estas afirmaciones que hace el señor presidente, no solamente queda mal él como mandatario, sino también todo el Estado de El Salvador”, manifestó.
Las denuncias ante la CIDH pueden ser presentadas por cualquier persona natural, grupo de personas u organizaciones por si mismas o en representación de otras, según la normativa de la entidad. Celia Medrano, de CRISTOSAL consideró que “Hay una diferencia entre denunciar y demandar a dos instancias del Estado, por parte de otra instancia del Estado de un mismo país. De acuerdo a la normativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no es factible generar una demanda en este caso, desde el poder Ejecutivo, contra el Legislativo y Judicial, tampoco es compresible cuando desde Casa Presidencial se afirma que se haría una denuncia, y es porque no puede recurrirse a una instancia supranacional o internacional en función de que el mismo Estado se denuncie a sí mismo o se demande a sí mismo.
“En ese juego de palabras, nuevamente, como se ha estado haciendo con la emisión diferentes decretos ejecutivos, se presta a confusiones, y es muy probable que esa sea su estrategia, confundir a través de manejos idiomáticos, de terminología en sus mismos decretos y elementos en los cuales es difícil poder determinar si hay una adecuada fundamentación legal jurídica con respecto a las intencionalidad que se anuncian”, agregó
Asimismo, planteó que en este escenario el tema de fondo sería valorar, si el presidente Nayib Bukele está invocando a la CIDH, cuando ya esta instancia internacional ha sido clara en llamarle la atención a través de la OEA.
“La pandemia del COVID-19 no puede ser instrumentalizada para acumulación y centralización de poder por parte de una instancia estatal, ni tampoco puede ser instrumentalizada para justificar el manejo de los derechos humanos. Porque son otras las víctimas de violación a derechos humanos, y que se están cometiendo por el actual Gobierno en el contexto del COVID-19, y son las que están planteando denuncias ante la CIDH, contra el presidente Nayib Bukele”, puntualizó.
En la página oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destaca en sus responsabilidades, la promoción, observancia y defensa de los derechos humanos en las Américas.
Así como la preparación de informes sobre situaciones de derechos humanos, extender medidas cautelares o solicitud de medidas provisionales a la Corte IDH, con el objetivo de determinar la responsabilidad internacional de los “Estados” por violaciones a derechos humanos y emitir recomendaciones que considere pertinentes.
