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Por David Alfaro
06/01/2025
El anuncio del Fiscal General de El Salvador, Rodolfo Delgado, sobre la creación de un nuevo Código Procesal Penal genera serias preocupaciones en un contexto donde las instituciones del país están cada vez más subordinadas al dictador Bukele. Según Delgado, busca «modernizar» el sistema judicial, pero esto plantea riesgos evidentes de ser utilizado como un arma de represión contra los críticos del régimen, consolidando una estrategia de guerra jurídica (Lawfare).
Riesgos de un nuevo Código en manos de una dictadura
En regímenes autoritarios, los cambios en los marcos legales suelen emplearse para silenciar a la disidencia y perpetuar el poder. Un nuevo Código Procesal Penal podría incluir disposiciones que amplíen la discrecionalidad del sistema judicial para perseguir a opositores, limitar las garantías procesales y legalizar prácticas abusivas como la detención arbitraria. Dados los antecedentes del gobierno de Bukele, que ha utilizado el sistema judicial como herramienta de control político, resulta legítimo temer que esta propuesta sea un mecanismo más para afianzar la concentración de poder.
La falta de independencia judicial en El Salvador agrava el panorama. La FGR, bajo la administración de Delgado, ha demostrado ser un brazo ejecutor de la dictadura, lo que deja poco espacio para confiar en que este nuevo Código tenga un propósito genuinamente democrático o en favor de la justicia.
El pasado de Rodolfo Delgado: un problema ético y moral
Rodolfo Delgado no está exento de cuestionamientos sobre su idoneidad para liderar esta transformación legal. Su vínculo con el Cartel de Texis, un grupo señalado por actividades de narcotráfico en el occidente del país, pone en duda su ética y su capacidad para representar los intereses de la justicia. Es contradictorio que alguien con un historial tan cuestionable se presente ahora como un «paladín y renovador de la justicia».
Además, Delgado ha sido instrumental en la persecución de opositores al gobierno de Bukele y en la manipulación del aparato judicial para fines políticos. Este historial hace que cualquier iniciativa proveniente de su oficina esté viciada por la falta de credibilidad y el conflicto de intereses.
La instrumentalización de la justicia como amenaza
La posibilidad de que este nuevo Código Procesal Penal sea aprobado por una Asamblea Legislativa, también controlada por el oficialismo, es alta, lo que implicaría un marco normativo diseñado a la medida de los intereses del régimen. Esto podría institucionalizar prácticas que debiliten aún más los derechos humanos, como juicios sumarios, restricciones al debido proceso y la criminalización de la oposición.
En lugar de fortalecer el Estado de Derecho, un Código Procesal Penal ajustado a la guerra jurídica y bajo el control de Delgado podría representar un golpe definitivo a las ya frágiles libertades democráticas en El Salvador. La comunidad internacional y los sectores democráticos deben estar alertas a esta iniciativa, ya que constituye un paso más hacia la consolidación de un Estado autoritario.
