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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La inobservancia de la Ley de la Judicatura en la elección de jueces y magistrados generó que abogados de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” y Cristosal, presentaran este miércoles dos recursos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, contra los recientes nombramientos de la Corte Plena, pues carece de validez, constitucional y por ser actos arbitrarios que atentan contra los derechos de las personas.
Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal “Dra. MJH”, señaló que “el artículo 186 (Constitución) habla del órgano Judicial, y en el inciso V establece el proceso para elegir y nombrar jueces o magistrados, que es por medio de una terna que propone el CNJ y luego la Corte elige al funcionario, pero esto no se respetó ”, explicó en entrevista exclusiva a Diario Co Latino.
– ¿Cuáles son los señalamientos a la Corte Suprema de Justicia?
La Corte Suprema de Justicia ha nombrado a la jueza Mirtala Portillo de Cruz, el pasado 14 de octubre, para el Caso de El Mozote y sitios aledaños, una jueza que viene de los tribunales de San Miguel. Entendemos es de Sesori, y nombran al Magistrado Fausto Paiz como magistrado de la Cámara de lo Penal de la Tercera Sección de Oriente, que se relacionan al caso, y consideramos son designaciones ilegales.
Nosotros no vamos aceptar que impongan una jueza, cuando sabemos que atrás de todo esto hay un golpe de Estado al órgano Judicial y todos los nombramientos de esta son ilegales y es lo que se han venido dando. Porque a todas luces el Decreto 144 es ilegal (Reformas a la Ley Carrera Judicial), y si de esto derivó el nombramiento de jueces y magistrados, entonces, consideramos estos son actos ilegales y deben llevarse a la sede constitucional o administrativa para plantear la ilegalidad de esos actos y deben anularse.
– ¿Cuántos recursos son?
Tenemos planificado presentar este día (miércoles) dos recursos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo por estos actos ilegales de nombramientos por parte de la Corte Plena, que no siguió el procedimiento determinado en la ley desde la Constitución hasta el reglamento del Consejo Nacional de la Judicatura y la ley de la Jurisdicción Contencioso.
– ¿Cómo afecta al Caso de El Mozote?
El nombramiento de la Jueza y otras personas que están asignadas al caso son ilegales, entonces, no podemos entrar de nuevo al proceso cuando la jueza ha sido nombrada ilegalmente hasta las declaraciones del presidente de la Corte (Oscar Alberto López Jerez) son bastante -digamos- penosas.
Porque habla de controlar tribunales, de dar seguimiento a jueces y juezas, hasta de ir a visitar los tribunales que es una forma de ejercer presión. Y claro, un juez como Jorge Guzmán Urquilla, no iba a aceptar ese tipo de instrumentalización, y entendemos la posición de él, a negarse antes que vayan a estar manoseando el proceso judicial.
Y como parte acusadora en el proceso junto a Cristosal y representantes de las víctimas no podemos estar de acuerdo en un nombramiento así, entonces, es el motivo de esta acción a fin de no dilatar más el proceso.
Porque este proceso se ha tratado de dilatar por las mismas instituciones, el Estado, la parte defensora de los militares. Aunque se ha ido solventado con todo el trabajo realizado, pero no podemos dejar de poner en la mesa la ilegalidad del nombramiento y acciones del Estado al manipular porque tiene bajo su poder al órgano Judicial.
– ¿Cuál es su valoración de la masacre de El Mozote y los 40 años que han pasado?
La valoración principal sobre los 40 años, y que puedo declarar, es que el avance en el caso de la Masacre de El Mozote y los sitios aledaños, ha sido por la insistencia de las víctimas familiares que buscaron los medios para que se les acompañara y presentar los elementos de prueba dando fe de lo ocurrido en esa época.
Y pese a la ausencia de Wilfredo Medrano, estamos comprometidos y hemos mantenido la comunicación con las víctimas que seguiremos acompañándolas y queremos que haya justicia para ellas, y esperamos también que las instancias internacionales de derechos humanos también reaccionen ante tanta ilegalidad.
Nosotros esperamos alguna respuesta más inmediata de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sabemos que los procesos son lentos, pero deben darse respuestas más efectivas en estos casos.
Asimismo, tenemos que cuidarnos -como organización- por las reacciones radicales y fanáticas como la Ley de Agentes Extranjeros, que va en la misma línea de querer borrar del mapa, cualquier crítica o cualquier situación de acompañamiento a víctimas que llevan 40 años, sin resolver estos procesos que en el fondo es la reparación de la justicia y conocer la verdad.
– ¿Cuál ha sido el papel del actual Gobierno?
Es bastantes difícil por ese acuerpamiento a los militares y poderes económicos -claro- nosotros vamos a llegar hasta donde podamos y si nos llaman al proceso vamos a buscar que se solvente el caso, ya sea buscando una vista pública o sentencia contra los perpetradores.
Desde que entró el presidente de la república (Nayib Bukele), empezó a manipular el proceso judicial políticamente y generó una gran expectativa que al final a muchos aún los tiene un poco cegados que habrá avances o cosas que nunca se han hecho antes.
Cuando es el presidente que menos ha hecho sobre este caso emblemático y está dañando más política y judicialmente porque al prohibirle al juez Guzmán Urquilla entrar a realizar la inspección judicial en los recintos militares para acceder a los archivos de esa época, solo eso es una muestra de la negativa y el blindaje del que hablamos que han dado a los militares y el pacto que tiene con ellos para no enfrentar la justicia.
Y políticamente está tratando de dividir a la población y la asociación, con otras amenazas, porque ya hemos escuchado a personas -que dicen- que no hay que criticar al Gobierno, porque sino no recibirán ayuda, una ayuda prometida mediáticamente pero en la realidad si visitan El Mozote, eso no existe.
– ¿Cómo esperan incidir con estos recursos?
Haciendo conciencia en cosas que dañan al país como esta acción arbitraria del Gobierno, contra los jueces que fue discriminatoria y manipuladora, incumpliendo la Ley del CNJ, formulando un decreto y quitando a jueces y juezas, que quisieron, para luego nombrar de inmediato los nuevos jueces, que están en ese vicio de ilegalidad. Por eso pedimos que anulen esa acta del nombramiento de la nueva jueza y el magistrado.
Porque hasta la asociación de las víctimas de El Mozote no están de acuerdo con esos cambios de quitar al Juez Jorge Guzmán Urquilla, quien ha llevado el proceso.
Y que según declaraciones del mismo presidente de la Corte, la nueva jueza empezaría de cero con el caso que sería una afectación directa a las víctimas en el acceso a la justicia. Hablamos de alrededor de 38 mil folios (página revés y derecho) y de 180 piezas de pruebas.
Y por esto también vamos a pedir que se restituya al Juez Jorge Guzmán Urquilla, Juez de la Causa o como se le dice Juez Natural (que conoce respecto a una situación en conflicto presentada entre las partes), con conocimiento del proceso que lleva cinco años y porque también fue ilegal la forma en que lo sacaron a él del proceso judicial.
Todas estas acciones honran la memoria de Wilfredo Medrano y María Julia Hernández, ellos, que fueron parte esenciales para judicializar el caso y presentar especialmente las pruebas científicas que se incorporaron al caso que son irrefutables sobre todo en señalar la responsabilidad de los perpetradores.
