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César Méndez
@poncesj
Apostados junto a sus hijos y familiares, store los habitantes de la comunidad de El Espino colocaron pancartas de protesta en el bulevar cancillería. Entonaron la canción “casas de cartón” y de manera pacífica esperaban que les entregaran sus pertenencias y que se las sacaran a la calle para quedarse ahí durante todo el día y toda la noche, prescription como medida de protesta por el desalojo del terreno que pertenece a la familia Dueñas. Una hora más tarde celebraban, entre risas y lágrimas, que La Sala de lo Constitucional otorgó un amparo que frenaba, momentaneamente, los desalojos de estas familias.
Fue con la Reforma Agraria que la familia Dueñas perdió grandes extensiones de tierra en la zona de El Espino. Con el paso de los años ellos han ido recuperando, poco a poco, parte de los terrenos perdidos. El lugar donde ahora están de 70 a 80 familias es el casco urbano de la comunidad El Espino, que colinda con Cancillería y que fue canjeado en un acuerdo con el Gobierno de ARENA de Antonio Saca. Pedro Martínez es el abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), quien asesora a los miembros de la comunidad respecto a problemas con esos terrenos. Él expresa que hasta el año 2009, estas tierras pertenecían al Estado, justo al finalizar el mandato de Saca.
A raíz de un problema con la construcción de un tramo del entonces bulevar Diego de Holguín, se tramitó una “permuta”, un trueque, un cambio de terrenos entre el Gobierno de Antonio Saca y la familia Dueñas. “El gobierno de ese momento cambió el terreno que está junto a Cancillería y ellos (familia Dueñas) entregarían el terreno que colinda con el parque bicentenario para poder construir la Diego de Holguín”, expresó Martínez. El cambio resultó favorable a la familia Dueñas, quienes obtuvieron un terreno con acceso vehicular y con capacidad para desarrollar proyectos mobiliarios, ya que ellos son dueños de Urbánica, una constructora que ya ha desarrollado dos proyectos en esa misma zona, entre ellos la construcción del centro comercial La Gran Vía. Desde el 2009, las familias de la Comunidad El Espino no habían recibido una propuesta favorable ante la incertidumbre en que vivían y fue hasta 2014 que se volvió a presentar el tema del desalojo de las familias, cuando el juez de Paz de Antiguo Cuscatlán, José Palma, llegó a hacer una inspección de los terrenos. Al mismo tiempo se les ofrecieron a los habitantes la cantidad de 8,000 dólares para que salieran del lugar e irse a un espacio que está en el área de reserva forestal, pero muy pocos habitantes aceptaron el trato.
Durante las últimas semanas, ante la orden de desalojo, las familias habían recibido una propuesta del Gobierno para desalojar y poder tener un albergue donde vivir. Según José Simón Alfaro, habitante de la comunidad, no aceptaron la propuesta por el tema de seguridad. “La propuesta que nos ha traído el Gobierno es de que nos quiere llevar a un albergue en la Villa Olímpica que está en Ayutuxtepeque, pero la comunidad, por el riesgo con los niños, los jóvenes que salen a trabajar, tememos que les suceda algo malo a ellos, por eso la comunidad decidió decir no a esa propuesta”, aseguró Alfaro.
Morena Inglés, lidereza y habitante de la comunidad, dice que fue una semana muy dura y de tristeza para todos los habitantes. Asegura que pasaron tres días sin poder dormir bien por los acosos de la policía. “He sentido que me han violado mis derechos humanos, pero como no teníamos para donde irnos, solo hemos hecho más que esperar la resolución del gobierno. Ahora estamos felices con lo que las autoridades han resuelto”, expresó, en referencia a la resolución de la Sala de lo Constitucional. Los habitantes desean que se les sea asignado un terreno que según habitantes pertenece al Ministerio de Economía. “Le pedimos al gobierno que nos de la oportunidad de habitar ese terreno y hacer un convenio con la comunidad para tener un tiempo para habitarlo. Ellos dicen que ese terreno no se puede otorgar”. Según datos de la comunidad ya hay 14 familias que habitan el terreno que solicitan.
El Juez de Paz de Antiguo Cuscatlan, José Palma, en horas de la mañana lamentó que el gobierno no hubiese encontrado una solución alterna de vivienda de manera inmediata para las familias; sin embargo, dijo que no otorgarían una nueva prórroga pues no es competencia del órgano judicial buscar una solución para dichas familias.
Palma explicó que tras las medidas cautelares impuesta por la Sala de lo Constitucional, que admitió la demanda de amparo de los habitantes de la comunidad El Espino, deja en un “Limbo Legal”, los derechos de los dueños de los terrenos, puesto que no han sido considerados. Palma considera que la Sala de lo Constitucional está dejando un mal mensaje a la propiedad privada, sobre todo, para aquellas personas dueñas de inmuebles. Asimismo, asegura que los abogados defensores de la familia Dueñas deberán de realizar acciones, para revertir o buscar la anulación de la demanda de amparo de los habitantes de la comunidad. Advierte que como Juez deberá esperar la resolución de la Sala. “He decidido dar por suspendida la orden de desalojo, a la espera que sea la Sala de lo Constitucional la que resuelva la situación”, comentó el Juez.
De acuerdo al Juez, el tiempo que dure la suspensión del desalojo será definido por la Sala de lo Constitucional, hasta que se de la resolución de la demanda. “Quiero aclarar, que el hecho que la Sala haya ordenado el desalojo no quiere decir que les esté dando la razón a los de habitantes”, enfatizó el Juez. Dado que a su juicio el proceso continúa. El Juez Palma asegura que el culpable de esta situación, que afecta a los habitantes de la comunidad El Espino, es el Estado Salvadoreño, debido a la “Permuta”, instituida bajo el gobierno de ARENA a cargo de Elías Antonio Saca.
