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Sindicatos del órgano Judicial cerraron el Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador en protesta a la negativa del presidente Nayib Bukele de sancionar el decreto 673 que suspende plazos procesales por 15 días. Foto Diario Co Latino/@coordinadoraCSS

Trabajadores judiciales exigen a presidente sancionar suspensión de plazos 

Alexander Pineda
@DiarioCoLatino

Sindicalistas del órgano Judicial cerraron la sede del Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador y otras dependencias judiciales, en protesta a la negativa del presidente Nayib Bukele de sancionar el decreto 673, aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 22 de junio y que suspenderá los plazos procesales y administrativos por período de quince días.

Voceros sindicales aseguraron que a la fecha han fallecido siete empleados del órgano Judicial por la COVID-19 y que contabilizan un alto número de contagios; dijeron que la suspensión de plazos servirá como medida para prevenir la enfermedad y salvaguardar la vida no solo de los trabajadores, sino también de usuarios del sistema de justicia y personal de otras instituciones como la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República.

El lunes 22 de junio, la Asamblea Legislativa aprobó con 71 votos la suspensión de los plazos procesales y administrativos del órgano Judicial por un período de quince días, tras una petición formal que hicieran los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El decreto 673 que contiene esta suspensión entrará vigor hasta que el presidente Bukele lo sancione y ordene su publicación en el diario oficial.

Desde el 15 de junio, sindicatos han protestado denunciando que la Corte Suprema de Justicia no asegura a los trabajadores del órgano Judicial, en el retorno a sus puestos de trabajo, implementos de bioseguridad ni un protocolo sanitario adecuado.

Los plazos procesales fueron suspendidos el pasado 20 de marzo, con el establecimiento de la cuarentena general por la pandemia de COVID-19.

Del nuevo decreto de suspensión quedan fuera los relativos a casos de violencia intrafamiliar, detenciones administrativas y procedimientos constitucionales.

El sistema de tribunales ha funcionado de forma irregular en los últimos días debido al cierre de las sedes judiciales en protesta por la falta de medidas adecuadas para la prevención de la enfermedad y el aumento generalizado de casos a nivel nacional.

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