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Pueblos Indígenas conmemoran el Día de la Resistencia este 12 de octubre y demandan justicia para Tacuhscalco y Nexapan. Foto Diario Co Latino/Cortesía.

Tacushcalco y Nexapan demandan justicia: Pueblos Indígenas

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La declaratoria de “Bien Cultural” del sitio arqueológico Tascushcalco (1997) y el enclave del Nexapan o río Ceniza, han quedado lejos de la seguridad jurídica, denunciaron las organizaciones de los Pueblos Indígenas, de derechos humanos y ambientalistas, quienes enfrentan el incumplimiento de la Ley del Patrimonio Cultural y de Medio Ambiente.

En el marco del 12 de octubre, en que se conmemora el “Día de la Resistencia Indígena”, las organizaciones: Los Siempre Sospechosos de Todo; ARUMES, FESPAD, UNES, CCNIS, Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales, MUINA; MESUTSO,y Movimiento Tacushcalco, se pronunciaron ante lo que consideran el atentado al patrimonio e identidad de los Pueblos Indígenas.

Román Cartagena, representante del Movimiento Tacushcalco, afirmó que el Ministerio de Cultura (MICULTURA)) ha omitido acatar la ley, pese a las evidencias de la destrucción del patrimonio cultural que ya acumulan 4 años, del proceso legal, y la empresa urbanística Fénix, continúa con la destrucción de este asentamiento humano que data de 3 mil años de antigüedad.

“La situación en el sitio arqueológico, Tacushcalco y la contaminación del río Ceniza (Nexapan), tiene mucho que ver con lo que ocurre en el territorio de Sonsonate. No es una lucha nueva, desde el 31 de agosto de 2017 hasta este 12 de octubre de 2021, el Estado sigue permitiendo la impunidad de una empresa que destruye nuestro sitio sagrado”.

“Destruye un río y la vida de miles de ciudadanos que utilizan el río para su diario vivir, tratando de borrar toda nuestra cultura y el legado que han dejado nuestros antepasados”, dijo Cuéllar, originario de Nahuilingo, Sonsonate.

Sobre el proceso judicial en el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, han confirmado que tienen conocimiento -a través de investigaciones periodísticas- que la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural (DNPC), adscrita al Ministerio de Cultura (MICULTURA), han aceptado un pago 999 Salarios Mínimos, en concepto de aplicar una “sanción” o multa administrativa de la urbanizadora. “Desconocemos los motivos pero, en apariencia se encaminan en reducir la responsabilidad de la empresa frente al proceso legal en curso. Por su parte la empresa se ampara en una sanción administrativa para evitar la responsabilidad penal y civil derivada de no acatar suspensiones de obra en resoluciones de la DNPC, por la declaratoria de Bien Cultural de Tacushcalco”, dijo Silverio Morales.

Y, ante el desmantelamiento de la institucional del Estado democrático, Morales señaló la preocupación de las organizaciones a estos “golpes perpetrados a instancias judiciales”, al referirse a la nueva reconfiguración del Juzgado de Sentencia de Sonsonate, que tiene el caso de destrucción del sitio arqueológico Tacushcalco y la contaminación del río Ceníza.

“Desconocemos, incluso, la programación de una nueva audiencia y, con ello, están volviendo a alterar las garantías de pronta y cumplida justicia en un caso emblemático de destrucción al patrimonio cultural”, agregó Morales.

Mientras, Ariela González, abogada de FESPAD, reconoció que con la reciente reforma de la Carrera Judicial, los casos que lleva el Juzgado Segundo de Sentencia de Sonsonate, no ha sido exento de estos cambios y que la incorporación de una nueva Jueza, en la terna que existe del caso Tacushcalco y río Ceniza, ha generado incertidumbre si pondrá límites a este proceso que ya ampliamente encaminado.

“Queremos creer que este cambio de jueza no debería obstaculizar el debido proceso y la continuación de las audiencias que faltan y en ese sentido una nueva persona a una terna de jueces no debería significar un atraso. Lo que buscamos es que el Tribunal ejerza con plena independencia judicial y tomen las decisiones para generar una sentencia proteccionista para la cultura y el medio ambiente del país”, sostuvo Gonzáldez.

Similar postura expresó Alejandro Labrador, activista de la UNES, quien explicó que las comunidades con el apoyo de las organizaciones están desplegando diferentes estrategias en defensa de los territorios. Comenzando con la sensibilización de la sociedad, a través de conocer que implica los “sitios sagrados” para los Pueblos Indígenas.

“Debemos tener estrategias de difusión a través de la educación popular, y eso se logra con el apoyo de medios de comunicación comunitarios, espacios de diálogo y concentraciones de las personas en el territorio, esto lo estamos haciendo en estos momentos y estamos presionando las instancias locales”, agregó.

“Se está hablando con las alcaldías de Nahuizalco, Nahuilingo y Sonsonate, para que sepan el problema que tenemos al dejar un caso impune de una empresa que ha destruido el patrimonio cultural y que además contamina un río que forma parte de la unidad bio-cultural y que incurriendo en delitos y que les ordenaron parar la obra urbanística siguieron con ello”, indicó Labrador.

Rúben Vásquez, de los Pueblos Indígenas de Santo Domingo de Guzmán (CCNIS), expresó las demandas al Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, un trabajo eficiente, justo y transparente que devuelva el imperio de la justicia a los Pueblos Indígenas.

“Instamos a MICULTURA que dé prioridad al interés público, los derechos de la población a un ambiente sano, a la cultura, a la salud y también, a la identidad cultural de los Pueblos Indígenas -que poseemos reconocimiento constitucional- que están por sobre los intereses privados de empresas que han destruido el patrimonio arqueológico y el medio ambiente”.

“Como Pueblos Indígenas, organizaciones sociales y ambientalistas, comunidades locales afectadas, seguiremos velando por la recuperación y protección del patrimonio cultural y ambiental de nuestros territorios. Vamos a continuar vigilantes del accionar del Estado, en cuanto a la garantía de los derechos humanos de nuestros pueblos”, puntualizó Vásquez.

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