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Redacción Nacionales
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Organizaciones de derechos humanos informaron este jueves que presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 23 nuevos casos para ser agregados a la denuncia contra del Estado salvadoreño por violaciones a derechos humanos de personas detenidas arbitraria y masivamente durante el Régimen de Excepción. Medida que inició desde finales de marzo y se ha extendido hasta nuevo aviso. Esta herramienta estatal ha generado graves violaciones a derechos humanos de la población que nada tiene que ver con pandillas.
En los casos de estas personas detenidas también se han presentado recursos de Habeas Corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero no han tenido una respuesta por parte de los magistrados constitucionales.
En la CIDH suman 175 casos denunciados sobre detenidos en Régimen de Excepción. La mayoría de casos presentados ante la entidad internacional no tienen respuesta por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, aunque recientemente algunos casos de Habeas Corpus tienen pronunciamientos de Improcedencias, que cierran los casos sin haber entrado a realizar un análisis del principal problema, como es la detención arbitraria, obstaculizando la oportunidad de proteger a la persona detenida con argumentos simples, como el que los hechos expuestos a la Sala de lo Constitucional son de “mera legalidad” o que las personas detenidas presentan un “estado peligroso” o riesgo para la sociedad. Las organizaciones consideraron que la peligrosidad social o criminal para señalar responsabilidad, así como los criterios subjetivos de muchas capturas durante el Régimen de Excepción, como apariencia, lugar de residencia o llamadas anónimas, demuestran que “nunca han existido planes delincuenciales e investigaciones serias de estructuras criminales por parte del gobierno”; sino una clasificación de ciudadanos de primer y segundo nivel, en la cual los últimos son ciudadanos “propensos” a ser pandilleros o “terroristas”.
En esa línea “de incriminación” que funcionan las instituciones del Estado, relacionadas con la investigación como la Fiscalía General de la República (FGR), Policía Nacional Civil (PNC) y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que autorizan todas las actuaciones del Órgano Judicial, especialmente los Tribunales del Régimen de Excepción; sumado ahora a la llamada “quinta fase” donde se continúa capturando personas de forma arbitraria. Es de recordar que el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció el inicio de la quinta fase del Plan Control Territorial donde se prevé “extraer” a todos los pandilleros que han quedado en las colonias. El primer municipio en ser cercado militarmente fue Soyapango.
Las organizaciones sostuvieron que con la octava extensión del Régimen de Excepción, de acuerdo al mismo gobierno, se ha alcanzado a la fecha más de cincuenta y nueve mil “terroristas” detenidos, por lo que organizaciones de derechos humanos han continuado documentando centenares de detenciones arbitrarias, de personas que no tienen ninguna relación con el crimen organizado.
Además, han registrado lo daños colaterales graves en las familias afectadas por las capturas, puesto que en muchos casos se han capturado a familias enteras; padres y madres de niños y niñas que ahora tienen problemas psicológicos graves y han quedado en completo abandono; situación que volverá cíclico el fenómeno de la delincuencia, indicaron.
Fueron cuatro los movimientos sociales que se unieron para exponer la problemática de los detenido: Tutela Legal, Dra. María Julia Hernández, Azul Originario, Fundación Hermano Mercedes Ruiz y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR).
Ovidio Mauricio, director de Tutela Legal “María Julia Hernández”, hizo un llamado al sistema de justicia y especialmente a la Sala de lo Constitucional a que resuelvan los Habeas Corpus, donde “se les dice claramente que la detención es arbitraria. No se les dice que se investigue las enfermedades crónicas qué tienen las personas, sino que la detención ha sido arbitraria y lo sigue siendo porque sin pruebas han llevado los procesos. +Esa situación los convierte en cómplices de esas torturas, muertes y graves violaciones a derechos humanos.
