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(Colectivo Tetzáhuitl)
“Solo el pueblo salva al pueblo”
Esta famosa frase que algunos atribuyen al ex Presidente Venezolano Hugo Chávez cuando anunció un referéndum en 1999, en realidad fue dicha por primera vez por un sindicalista mexicano en los años 20 del siglo pasado de nombre Lobardo Toledano, quien la utilizó para hacer referencia al hecho de que solo el pueblo organizado puede cambiar el rumbo de la historia de un país y lograr mejores condiciones de vida para la población, especialmente para la más pobre.
Lobardo Toledano fue uno de los fundadores del extinto Partido Popular Socialista Mexicano y dirigió por esos años la Universidad Obrera de ese país.
Creó el “Periódico Popular” y formó parte del Sindicato de Maestros de México.
De formación marxista a Toledano se le conocen otras expresiones similares como: “Soy un hombre igual a los otros, un soldado de una causa de millones de seres humanos, de la mayoría de los pobladores de la tierra”
A finales de los 90, Hugo Chávez Frías retomó la expresión “solo el pueblo salva al pueblo” para señalar que “la dictadura neoliberal sería sustituída por la dictadura socialista en la que el pueblo organizado es el protagonista”
En nuestro país esta expresión ha sido utilizada también por la izquierda y demagogos populistas de derecha que usan al pueblo para satisfacer sus propios intereses, que no son los de los más pobres.
Para el caso, Nayib Bukele con un discurso similar y un lenguaje que aparenta ser de izquierda ha engañado y manipulado mediáticamente a la población para imponer su propia dictadura que responde a un proyecto oligárquico neoliberal, apoyado y financiado por la Oligarquía salvadoreña y el capital financiero judío y sionista que domina la economía mundial, sobre todo, la economía estadounidense.
Solo Bukele salva a Bukele…
Hace más de una semana los salvadoreños nos vimos sorprendidos con la captura del Asesor de Seguridad Nacional, Alejandro Muyshondt, la cual fue ordenada y anunciada por el Presidente de la República y no por el Fiscal General como debió haber sido.
No es un atribución constitucional del Presidente ordenar capturas, ni siquiera de sus propios funcionarios, y tampoco desclasificar información oficial y hacerla del dominio público.
Luego que Alejandro Muyshondt había denunciado semanas atrás algunos actos de corrupción del Secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, y que publicó en las redes sociales capturas de pantalla en contra del Diputado de Nuevas Ideas, Eric García Salguero, Bukele reaccionó como era de esperar amenazando a Muyshondt que debía demostrar sus imputaciones, de lo contrario podría enfrentar cargos penales por difamación y calumnia.
Muyshondt repondió que tenía todas las pruebas necesarias que confirmaban la relación del Diputado García Salguero con un narcotraficante de seudónimo “Anubis” así como el cometimiento por parte del Diputado en cuestión del delito de Falsedad Ideológica por un mutuo notarial (préstamo personal) que firmó en el 2021 y que buscaba justificar la procedencia de unos 90 mil dólares durante la campaña para las elecciones legislativas de ese año.
La Fiscalía presentó una petición de desafuero contra el Diputado de Nuevas Ideas para poder procesarlo penalmente por el delito de Falsedad Ideológica, delito por el cual, a juicio de Bukele, existen pruebas reales y contundentes en su contra.
Lo que ha llamado la atención de algunos analistas y de Diputados de la oposición es que no ha sido acusado por el delito de narcotráfico, siendo que las capturas de pantalla de WhatsApp que publicó Muyshondt hacen referencia a que el Diputado García Salguero ingresó varios kilos de marihuana por una de las fronteras del país, valiéndose de su pasaporte oficial y de su fuero en tanto funcionario público.
El destape de la corrupción y la colusión con el narcotráfico de al menos un Diputado de Nuevas Ideas seguramente tendrá algún impacto en las próximas elecciones, por lo menos en las posibilidades de reelección de los candidatos a un segundo período en la Asamblea Legislativa.
De lo que no estamos seguros es que este destape realizado por uno de los funcionarios de más alto rango en la comunidad de inteligencia y de Seguridad del gobierno pueda llegar a afectar las posibilidades de reelección de Bukele.
Sobre todo, que el gabinete encargado de la propaganda y la desinformación de CAPRES ha comenzado a manejar y contener el impacto de esta crisis en el gobierno y en Nuevas Ideas que el destape repentino del Asesor de Seguridad Nacional ha provocado.
A los pocos días de que estallara el escándalo político provocado por la controversia entre Muyshondt y García Salguero, Bukele publicó un “avance de investigación” en el que afirmaba que su Asesor de Seguridad era una especie de “doble agente” al servicio del ex Presidente Funes, uno de su principales y más agresivos opositores a la fecha.
Según Bukele, Funes venía recibiendo información clasificada de Muyshondt desde mediados del 2019, la cual era filtrada a varios periodistas de medios digitales y a un gobierno extranjero al que no identificó.
En su escrito, Bukele no presenta pruebas de lo asegurado contra Muyshondt y Funes, aunque sí dejó claro que ambos serían sancionados penalmente por los delitos relacionados con la compra de información clasificada a un funcionario público (soborno), por la revelación de documentos oficiales y por entregar información oficial a un gobierno extranjero (traición).
Además aseguró que Muyshondt colaboró con Funes al impedir que fuera detenido en Panamá, aunque ya el ex Presidente aclaró que a la fecha no existe ninguna orden de captura internacional en su contra y que por tanto se trata de un delito inexistente.
Esta nueva controversia que incluye al ex Presidente Funes plantea varias interrogantes.
Una tiene que ver con la calidad de la información a la que ha tenido acceso Muyshondt y que pudiera estar relacionada con interioridades del gobierno y de la Asamblea.
Otra, con la decisión de Muyshondt de hacer pública esa información que, como ya ha ocurrido en otros países, este tipo de revelaciones son capaces de tumbar a un gobierno.
El caso más emblemático fue el escandalo conocido como “Watergate” que provocó la renuncia del ex Presidente Richard Nixon en Estados Unidos, mucho antes de que concluyera su mandato.
El manejo que Bukele y su equipo de asesores políticos y de propaganda hagan de esta crisis que recién comienza es lo único que pueda evitar que el destape afecte los resultados electorales y la continuidad del gobierno.
En ese sentido el equipo de CAPRES ha sido hábil en involucrar a Funes en esta filtración de información clasificada.
En la medida que Funes es el que, según Bukele y sus asesores, está detrás de esta filtración y adulteración de información clasificada con el único propósito de dañar la imagen del gobierno y de la Asamblea, en esa medida la denuncias de Muyshondt y las que pueda hacer más adelante quedarían desacreditadas por tratarse de información que ha sido deliberadamente adulterada.
Por eso, como decíamos antes, “Solo Bukele salva a Bukele”
A Bukele le preocupan más los funcionarios de su gobierno que manejan información clasificada que la capacidad de la oposición para usar esta información en su beneficio.
En artículos anteriores hemos hablado de la fortaleza política y mediática de la imagen de Bukele, que es la que le asegura su reelección, muy a pesar de que su candidatura es a todas luces inconstitucional e ilegal.
A juzgar por los datos de las encuestas más recientes y por los resultados de elecciones anteriores, la victoria de Bukele sigue siendo una victoria segura que ha debido sortear críticas de la oposición y una precaria situación económica del país que afecta a la mayoría de la población.
En nuestro análisis su reelección solo podría ser puesta en riesgo si el escándalo con Muyshondt continúa y si la información con la que cuenta su Asesor de Seguridad sobre las interioridades de “palacio” tiene directa relación con su desempeño como Presidente de la República.
En la medida que el destape que ha iniciado Muyshondt se refiere únicamente a Diputados o a funcionarios del gobierno, las posibilidades que estas revelaciones afecten la imagen del Presidente son poco probables.
La estrategia que ha decidido implementar el gabinete de crisis de CAPRES y sus asesores políticos está basada en el “silencio” de Muyshondt y en desacreditar a los denunciantes.
Con Funes, quien ha sido implicado en esta filtración de documentos, el descrédito no es complicado, ya que se trata de un ex Presidente de la República del FMLN que enfrenta 7 procesos judiciales, dos de ellos en los que ya existe una condena firme.
Con Alejandro Muyshondt el problema es más complejo porque se trata de un alto funcionario de la comunidad de inteligencia del gobierno que en 4 años y medio ha acumulado suficiente información que compromete al gobierno de Bukele y a la Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas.
Desde que Bukele controla la Fiscalía y el Órgano Judicial así como el Instituto de Acceso a la Información Pública, ha podido destruir información que sustentan los actos de corrupción en los que están involucrados una media docena de sus funcionarios.
Recordemos que Bukele le ordenó al Fiscal Delgado la destrucción de los expedientes de investigación que Raúl Melara había abierto a iniciativa de la CICIES.
Uno de ellos, quiźas el más importante de todos, era un voluminoso expediente denominado “Catedral” y que demostraba la vinculación de funcionarios de seguridad, entre ellos el Director de Penales y el Director del Tejido Social, con las principales pandillas del país.
Sin embargo, al parecer hay otra información en poder de Alejandro Muyshondt que no sólo tiene que ver con casos de corrupción de este gobierno sino que está relacionada, según una fuente que pidió no revelar su identidad, con el narcotráfico y actividades de sicariato, en el que aparecen involucrados Diputados de GANA, del PCN y de Nuevas Ideas.
Según esta misma fuente, Muyshondt fue designado para trabajar de la mano con el Comisionado García Funes, más conocido como “Carabinero”, en la vigilancia con Drones de la frontera norte con Honduras, que ha sido siempre un corredor usado por los cárteles de la droga, tanto de Honduras como de México.
La relación con García Funes, ahora Sub Director de Operaciones de la PNC, le permitió tener acceso a información de inteligencia policial que incriminaba a Diputados como Cardoza del PCN y Gallegos de GANA, que el gobierno ha decidido proteger.
Se sabe que los vínculos que en todos estos años han construido ambos Diputados, aliados del oficialismo, con narcotraficantes y contrabandistas que operan en la zona de Chalatenango, concretamente en la frontera con Honduras, les ha permitido financiar sus campañas electorales e incrementar sus patrimonios familiares en forma ilícita.
En esta relación con los cárteles de la droga, Gallegos trabaja coordinadamente con Osiris Luna Meza, quién en el pasado fue Diputado suplente de GANA, cargo al que renunció para ser nombrado Vice Ministro de Seguridad y Director General de Centros Penales en el gobierno de Bukele.
Esta información clasificada no solo la tiene Muyshondt sino también la Embajada de EEUU en el país.
Por razones geo políticas y por el respaldo que la administración Biden ha decidido concederle al gobierno de Bukele, la sede diplomática no ha hecho pública esta información, lo que no ha ocurrido con Muyshondt que podría revelarla en cualquier momento si se mantiene la persecución penal de que está siendo objeto y podría usarla como factor de negociación.
Los partidos de oposición, aunque dudamos que cuenten con la información clasificada en poder de Muyshondt, han decidido erróneamente no explotar lo que se ha filtrado a los medios de comunicación en una coyuntura en la que podrían usarla para afectar la imagen del gobierno y de la Asamblea con miras a incidir en la correlación de fuerzas y en la distribución de las Diputaciones que resulten de las elecciones del próximo año.
En nuestra opinión, la oposición está volviendo a cometer el mismo error de cálculo político electoral como cuando ocurrió la ocupación militar del Palacio Legislativo que llevó a cabo Bukele en Febrero del 2020.
A pesar que diferentes organizaciones de la sociedad civil, incluyendo un Diputado de la bancada de ARENA, pidieron al pleno un antejuicio contra Bukele por alteraciones de la paz pública e intento de destituir a los Diputados que se oponían a la aprobación de un préstamo para Seguridad, ni el FMLN ni ARENA apoyaron esta pieza de correspondencia por temor a verse afectados en los resultados de las elecciones del 2021.
Es muy probable que similar análisis se haya hecho en estos momentos y hayan decidido no aprovecharlo electoralmente.
Bukele sabe eso muy bien, de ahí que le preocupa más que continúe el destape de la corrupción en su gobierno y en la Asamblea Legislativa que la posición de los partidos opositores ante este escándalo que recién comienza.
