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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Representantes del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad acudieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para solicitar una prórroga de cinco meses a la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que derogó la Ley de Amnistía General de 1993.
La Sala establece como fecha perentoria para dar cumplimiento a la sentencia el 13 de julio de este año, a ello la organización atribuye la precisión de la Asamblea Legislativa por aprobar el anteproyecto de Ley para la Justicia Transicional y Restaurativa para la
Reconciliación Nacional, una iniciativa en la que a su juicio no se tomó en cuenta a las victimas.
“Como hemos visto que el proceso ha sido bastante apurado y sin sentido, queriendo aprobar una ley que es una nueva amnistía de una manera fraudulenta, porque no cumple con los requisitos establecidos por la sentencia, un proceso en el que las víctimas sean el centro, estamos pidiendo una prórroga de cinco meses más, es decir, hasta el mes de diciembre”, dijo Pedro Martínez, miembro del Laboratorio.
Martínez, sostuvo que al aprobarse la prórroga, los parlamentarios ya no tendrán el apuro que significa cumplir con la actual fecha perentoria y podrán desarrollar un proceso amplio de consulta con las víctimas, escuchando lo que quieren en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los crímenes del pasado.
Los solicitantes de la prórroga también solicitaron a los magistrados de la CSJ, el desarrollo de una audiencia de seguimiento para que los diferentes actores del estado den sus valoraciones respecto al trabajo desarrollado, para dar cumplimiento a la sentencia.
Otro de los aspectos que los demandantes de la extensión de plazo perentorio ante la Sala de lo Constitucional, consideran importante es que el nuevo gobierno cree un grupo de trabajo, para solventar las necesidades de las victimas y de cumplimiento a la sentencia.
“Con esto lo que queremos es que se cree ese grupo el cual tendrá, que elaborar una propuesta de ley que tenga como base los parámetros establecidos en la sentencia de la Sala, y que tome como insumos los dos anteproyectos de ley existentes sobre el tema”, explicó Benjamín Cuéllar, miembro del Laboratorio de Investigación y Acción Social.
Para Cuéllar, es imperante que el Ejecutivo que tome las riendas del país a partir del 1 de junio, lleve a cabo un amplio consenso con las víctimas para formular una ley que tome en cuenta sus demandas y no la normativa creada por la Asamblea Legislativa en las últimas semanas.
