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Caso ADES Santa Marta
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Nosotros como familiares vamos a presentar un escrito a la Sección de Investigación de la Corte Suprema de Justicia, para que investigue al juez Hugo Banzer Flores, que lleva el caso de los ambientalistas y de nuestro familiar, para que revise si de verdad tuvo él implicaciones durante el conflicto armado como parte o miembro activo de la Guardia Nacional”, declaró el joven Miltón Rivas.
Rivas dijo que se han enterado de la pertenencia del magistrado Banzer Flores, de haber sido parte de la extinta Guardia Nacional, grupo policial que han sido señalados en casos de delitos de Lesa Humanidad contra población civil, en la década del conflicto armado, por lo que no puede ser un juez imparcial en el caso de los cinco ambientalistas, pues estos fueron combatientes de la ex guerrilla.
“Nosotros como familiares, a través de investigaciones periodísticas publicadas en medios digitales, nos dimos cuenta que este juez fue parte de la Guardia Nacional, entonces, si eso es así, debe de ser corroborado y apartado del caso, porque esto genera un conflicto de interés si es parte del tribunal en este caso”, señaló.
De ser cierta la información se “podría tener hasta cierto punto un anticipo de juicio. Entonces, desde ese punto de vista, el tema de imparcialidad se pierde. Y, pues, esto es otro de los tantos atropellos que viene sufriendo el caso desde que ellos fueron capturados”, alegó Rivas.
Rivas recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) pidió la recusación del juez Martín Rogel, de conocer el caso, tras argumentó que podría tener una vinculación con una ex diputada del FMLN del mismo apellido. Aunque se probó que no había vinculación, recordando que los agentes fiscales señalan el “conflicto de interés” por parte de ese juez, y lo mismo puede decirse en este caso.
“El juez Hugo Banzer Flores, en el caso de los cinco ambientalistas de Cabañas, presenta una situación bastante similar. Es por eso, que exigimos que se investigue, y de ser así, pues debe ser apartado del caso”, sostuvo Rivas.
Comunidad Santa Marta demanda la liberación de los ambientalistas
A una semana de realizarse la segunda Vista Pública contra los ambientalistas de Cabañas: Antonio Pacheco, Saúl Rivas, Alejandro Laínez, Pedro Rivas y Miguel Gómez, en el Tribunal de Sentencia de San Vicente, familiares y habitantes de Santa Marta reiteraron que el proceso judicial iniciado por la Fiscalía General de la República, desde el 11 de enero de 2023, sólo pretende mantener “criminalizados” a los líderes comunitarios por defender sus territorios contra la minería y por el acceso al agua, y por lo que pidieron sean liberados.
Alfredo Leiva, directivo de ADES Santa Marta, afirmó que como comunidad y organización, también acompañan en esta diligencia a familiares de uno de los líderes ambientalistas, para denunciar esta anomalía en el sistema judicial.
“Acompañamos en esta oportunidad a Milton y a Vanessa, quienes son parientes de uno de los compañeros detenidos, en esta acción de presentar este escrito ante la sección de investigación de la Corte Suprema de Justicia para que se investigue el caso del juez Hugo Banzer Flores, ya que, como Milton dijo, hay un conflicto de interés”, aseguró Leiva.
“Ya conocemos de noticias (del Juez Flores), de su participación en la Guardia Nacional, y consideramos que ya se ha contaminado el caso. Incluso, pueden estar influenciados los otros dos jueces que forman parte del tribunal”, consideró Leiva.
El líder comunitario exigió una revisión exhaustiva para el Tribunal de Sentencia de San Vicente, porque era importante para la comunidad Santa Marta la aplicación de una “verdadera justicia”.
“Que esa sección de la Corte Suprema de Justicia, investigue, el caso del juez Hugo Banzer Flores, y de esa manera pueda determinar si él puede o no actuar en el caso de nuestro compañero”, reiteró Leiva.
Criminalización de personas defensoras
Alejandro Díaz, abogado de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal, “Dra María Julia Hernández”, que acompañan la denuncia de los familiares en el caso de los líderes ambientalistas, señaló, que dilatar los tiempos en la aplicación de justicia era una manera de criminalización de las personas defensoras en el país.
“En este caso de los ambientalistas de Santa Marta, evidentemente ha habido atropellos y dilaciones con el fin de tenerlos criminalizados. En esa línea, tenemos esta denuncia para que la Sección de Investigación judicial, para que lleve a cabo la investigación con los documentos que se anexan y se presentaran”, acotó.
“El artículo 172 de la Constitución de la República, y demás artículos, señalan que los jueces deben ser imparciales y están sometidos a las leyes de la República y la Constitución. Y como ya mencionaron acá, existe un conflicto de interés y una falta de ética de una persona que es el presidente de ese Tribunal de Sentencia de San Vicente hasta donde se ha llevado el caso en donde se decidirá el futuro de los cinco ambientalistas en un proceso judicial sin imparcialidad, desde el principio”, expresó Díaz.
Sobre el Código Procesal Penal, reiteró que del artículo 66 en adelante, se establecen claramente las causas por las que puede excusarse un juez, y les preocupa que el juez Flores, no se haya excusado, aún previo al segundo juicio contra los ambientalistas de Cabañas.
“Lamentablemente, este no se ha excusado de conocer el caso, son varias situaciones preocupantes. Por eso pedimos que se separe al juez del caso, porque sería un daño más a este caso. Un atropello más a esta persecución que se ha dado a los líderes ambientales de Cabañas”, reafirmó Díaz.
Díaz aclaró que era “sumamente sencillo” entender, que ningún juez que haya pertenecido al ejército o cuerpos de seguridad debe participar en este tipo de procesos. Tampoco un ex guerrillero que haya participado en el conflicto armado puede ser juez de ningún ex miembro de la Fuerza Armada o de los cuerpos de seguridad.
“Los ambientalistas siguen gozando de su categoría de inocentes. Ellos ya fueron procesados y fueron declarados sin ninguna responsabilidad penal de lo que se les acusa. Ya quedó evidenciado durante un proceso que no existe ningún elemento probatorio que los vincule con los delitos que se les están achacando”, argumentó.
“No existe ningún elemento probatorio. Estamos claros que este proceso forma parte del acoso y la persecución sistemática de personas defensoras de derechos humanos que se ejecuta por parte del poder que ejerce el gobierno en este momento. Eso es lo que está sucediendo en este momento. ¿Qué estamos pidiendo?, que esas personas que tienen un interés claro en este proceso puedan ser apartadas por ética”, advirtió Díaz.
Sobre el tiempo de respuesta a esta solicitud de investigación a la Sección de Investigación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Díaz agregó que esta denuncia debería ser un proceso expedito, aunque no hay un término de tiempo.
“La Ley de la Carrera Judicial señala las facultades que tiene la Sección de Investigación y las sanciones en este caso, porque es un juicio o Vista Pública, que como bien -se dijo- se volvió a realizar a pesar de que hubo una resolución en favor de los líderes ambientalistas”, insistió.
“En el caso de los ambientalistas de Cabañas, hay una aplicación del régimen de excepción y también todos los elementos que se han presentado a lo largo del proceso, demuestran que no ha sido imparcial y al estar parcializada, sin duda lograron llevarla a Vista Pública. Al contrario de otros casos que cuentan con suficientes pruebas científicas y periciales que no han sido llevados a juicio, entonces, es una justicia selectiva que se sigue aplicando a personas defensoras”, puntualizó Díaz.
