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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Audiencia inicial contra Alejandro Henríquez, abogado en derechos humanos, y José Ángel Pérez, pastor de la comunidad de la Cooperativa El Bosque, se realizará luego de 17 días de estar detenidos, y sin comunicación, en la Policía Nacional Civil (PNC).
Tanto Henriquez como el pastor Pérez son acusados por la Fiscalía General de la República, de “resistencia agresiva y desórdenes públicos”.
La audiencia se realizará este 30 de mayo, a las 9: 30 de la mañana. El pastor José Ángel Pérez fue capturado el 12 de mayo por la noche, mientras participaba de un “Plantón Pacífico”, en un predio, en las cercanías de la Residencial Los Sueños, donde vive el presidente de la República Nayib Bukele. Mientras que el abogado Alejandro Henríquez, del Foro del Agua y asesor legal de la Cooperativa El Bosque, fue capturado el 13 de mayo cuando llegaba a su oficina en San Salvador.
El “Plantón Pacífico”, que reunió a más de 200 personas de la Cooperativa El Bosque, pretendían pedir ayuda del presidente Nayib Bukele, ante una resolución judicial de desalojo de sus tierras, que les han pertenecido por más de 4 décadas, el cual fue ordenado por un tribunal de lo laboral de Santa Tecla. El embargo y lanzamiento de los moradores fue solicitado por Luis Palomo Urbina, quien demanda 850 mil dólares que supuestamente adeuda la cooperativa, de un moto inicial de más de 130 mil dólares, lo que afectaría alrededor de 300 familias que vive en El Bosque.
El desalojo de la cooperativa El Bosque se llevaría a cabo el 22 de mayo, pero fue suspendido, tras la protesta pacífica y la participación de funcionarios del ministerio de Vivienda el 15 de mayo.
El movimiento social se pronunció de inmediato en contra de esas capturas injustificadas y arbitrarias.
La Mesa por el Derecho a Defender Derechos señaló en su momento que las agresiones cometidas por el Estado salvadoreño, con la instalación de cercos y retenes policiales, restricciones a los medios de comunicación, así como el uso de la fuerza física y violenta, era con el “objetivo de amedrentar a los miembros de estas comunidades”.
“Es un acto que no solo busca silenciar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, sino que también va en contra de los principios democráticos y del respeto a los derechos humanos”, reiteró la Mesa en su pronunciamiento.
Mientras, la Mesa por la Soberanía Alimentaria expresó que la situación en el país “era preocupante” para las personas defensoras y organizaciones de defensa de derechos humanos especialmente en medio ambiente, derechos de la población campesina y derechos sociales y políticos.
El Equipo Regional de Monitoreo y DDHH Centroamérica demandó del Cuerpo Diplomático acreditado en El Salvador y organismos internacionales dar seguimiento al caso, y pronunciarse sobre las detenciones arbitrarias de las personas defensoras.
“Queremos que se evite y continúen cometiendo abusos en contra de población vulnerable e históricamente excluida”, reiteró el Equipo Regional de Monitoreo y DDHH.
