Habitantes de Apulo solicitan al Estado esclarecer la legalidad del título de propiedad sobre la Isla Chachagaste

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Los habitantes y pescadores del sector Apulo en Ilopango, San Salvador, piden a las autoridades estatales que revisen la autenticidad de un título de propiedad referente a la Isla Chachagaste, ya que, recientemente se ha presentado un presunto dueño amparándose con el registro legal sobre el territorio.

Los habitantes convocaron a la prensa para informar su situación; en su actividad señalaron que la forma en la que se ha otorgado dicho documento no cumple con los requisitos legales.

La lideresa comunitaria Rosario Murillo denunció la posible destrucción del islote en el lago de Ilopango, pues en el lugar pretenden construir un hotel. La comunidad llama a defender la integridad del islote por el bien ambiental.

“Lastimosamente, lo que se pretende hacer es destruirla para construir un hotel; eso ya nos lo dijo el señor (presunto dueño de la isla), yo creo que eso es algo que no debería de ser porque todo lo que es la parte ambiental se va a destruir”, dijo la lideresa.

La habitante señaló la importancia de cuidar los bienes naturales y luchar por detener los proyectos que afectan al medioambiente en los alrededores de la cuenca del Lago de Ilopango.

La isla Chachagaste es conocida popularmente como “la Isla del Amor” y está ubicada en el Lago de Ilopango. Los habitantes piden la ayuda de las autoridades para establecer “la verdadera naturaleza jurídica de la isla y, de ser procedente conforme a derecho, esta sea reconocida como un bien perteneciente al Estado salvadoreño para el beneficio de todos los ciudadanos”, destacaron los habitantes en conferencia de prensa.

El representante legal del gremio de lancheros de Apulo, Carlos Alfredo Avelar Hidalgo, manifestó que existe una inscripción registral que atribuye la propiedad privada de la isla a partir de un título municipal otorgado en 1973. Sin embargo, sostuvo que dicho instrumento presenta serios cuestionamientos de legalidad, debido a que, según su criterio jurídico, una alcaldía únicamente podía otorgar títulos sobre bienes de terrenos comunales o municipales y no sobre bienes pertenecientes al Estado.

El profesional sostuvo que la Isla Chachagaste se encuentra comprendida dentro de las jurisdicciones de Ilopango y San Martín, antes municipios y hoy distritos que conforman el municipio de San Salvador Este.

“Una sola municipalidad no habría tenido competencia para emitir un título de propiedad sobre dicho territorio”, señaló el abogado, ya que antes de la reestructuración municipal varias partes del lago fueron compartidas por varios distritos y, de hecho, al menos tres departamentos (San Salvador, La Paz y Cuscatlán).

“El Código Civil y la Constitución establece que los ríos y los lagos son del Estado, pero agreguemos esa parte: son de uso público, le corresponde a toda la nación. Así dice la ley; entonces, desde allá (1973) viene un objeto ilícito, porque no tenía facultad la alcaldía para dar o hacer un título para que se convirtiera la isla Chachagaste en propiedad privada; ante esta irregularidad, que sabemos perfectamente que en esta actualidad o inclusive con el Gobierno que tenemos en este momento, esta situación o estas circunstancias no se hubieran podido dar en aquella alcaldía de aquel entonces”, destacó el abogado en conferencia de prensa.

En ese sentido, aseguró que es el Estado, como garante de la legalidad, del derecho y del respeto a la Constitución, al que le corresponde reclamar esta isla. “No la estamos reclamando nosotros en este momento, estamos diciendo al Estado que asuma su papel a través de la Fiscalía General de la República para que ejerza una acción legal de un proceso declarativo común en unidad de instrumento público”, destacó el abogado.

“Esa compraventa recae sobre un objeto ilícito y ya la ley nos dice que cualquier negociación que se haga sobre un objeto ilícito, y en este caso una isla que no era propiedad de la alcaldía, recae en un objeto ilícito y como consecuencia trae la nulidad”, consideró el abogado.

El abogado y los mismos habitantes le pidieron al presidente de la República que intervenga a través de sus instituciones. De acuerdo con Avelar Hidalgo, también corresponderá a la Fiscalía General de la República, por medio de la unidad competente para la defensa de los intereses del Estado, determinar si existen fundamentos legales para solicitar la nulidad del título municipal y de la inscripción registral correspondiente, en caso de comprobarse que fueron emitidos sin competencia legal.

Como parte de las acciones anunciadas, los habitantes y sectores organizados de la zona impulsarán las gestiones legales que estimen pertinentes para defender el interés público y solicitar que las autoridades competentes esclarezcan definitivamente la situación jurídica de la isla.

La comunidad enfatizó que esta iniciativa no busca generar confrontaciones, sino promover que las instituciones del Estado determinen, conforme a la Constitución y las leyes de la República, si la Isla Chachagaste constituye un bien público que debe ser preservado para el disfrute de todos los salvadoreños.

El presunto dueño convocó a la comunidad a una reunión; inclusive, la Policía Nacional Civil lo escoltó. En dicha reunión estuvieron presentes personal de la alcaldía (San Salvador Este).

La comunidad le pidió un mes para investigar si era realmente el dueño de la isla; ese plazo venció este miércoles, por lo que este viernes tendrán otra reunión para decirle que como comunidad no reconocen la legalidad del documento.

“No reconocemos la legalidad de este instrumento (documento), pero respetamos la propiedad privada; mientras las autoridades no se pronuncien y no decidan, nosotros vamos a respetar este título, pero por eso ya tiene conocimiento la FGR, el presidente de la República, los tribunales de lo civil y mercantil”, señaló.

“Si le dan el aval y dicen que esto (documento) se mantiene firme y legal lo vamos a respetar; pero, de lo contrario, vamos a continuar en posesión material de esta isla y si él quiere sacarnos o evitar que vengamos entonces deberá promover un juicio de reivindicatorio”, explicó el abogado.

Si el registro es declarado como válido, los habitantes y la defensa analizarán promover un proceso de prescripción adquisitiva como sustento para reclamar el inmueble.

“Mientras no sea declarado nulo, es propiedad privada y si esto es propiedad privada, con base a la prescripción adquisitiva de dominio, más de 30 años de posesión (los habitantes) es de ellos y por eso hemos intentado la acción”, dijo el abogado.

“Si el juzgado nos dijera que no se puede porque esto (la isla) es propiedad del Estado, es exactamente lo que queremos escuchar, que nos reafirme que esto es propiedad del Estado y como consecuencia el título y la inscripción en el registro son nulos”, destacó.

Muchos de los habitantes y lancheros se ganan la vida en esta zona y con dicha isla, ya que ofrecen viajes o recorridos por la isla; por lo que, es un sustento para la comunidad.