Sindicatos afines al Gobierno defienden salida de El Salvador de la lista corta de la OIT

Saúl Méndez

Colaborador

La Unidad Sindical Salvadoreña (USS), que formó parte de la delegación que participó en la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo junto al Ministerio de Trabajo de El Salvador y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), se pronunció en contra de las denuncias presentadas por organizaciones sindicales independientes en torno a despidos masivos y la exclusión de El Salvador de la lista corta de casos examinados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un mecanismo mediante el cual los gobiernos deben rendir cuentas públicamente ante la comunidad internacional por temas relacionados con la libertad sindical, la negociación colectiva o el trabajo forzoso.

“Nosotros no estamos exentos ni escondiendo nada. Estamos aquí haciendo un esfuerzo conjunto los tres sectores: trabajadores, empleadores y Gobierno, porque como representación de los trabajadores somos responsables y queremos algo mejor”, manifestó Fredis Vásquez, un veterano líder sindical integrante de la USS, al referirse a los señalamientos de sectores sindicales independientes que respaldaban la inclusión de El Salvador en la lista corta de la OIT debido a violaciones a los derechos laborales y sindicales documentadas por distintas organizaciones.

Edwin Ortez, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS), sostuvo que las denuncias responden a una agenda política que, a su juicio, deja de lado los aspectos positivos y los avances registrados en el país.

“Siempre van a buscar lo negativo, pero la gran mayoría del movimiento sindical genuino del país está comprometida en realizar sus aportes”, agregó Ortez.

No obstante, organizaciones como el Colectivo de Resistencia Obrera Sindical Salvadoreña (CROSS) reiteraron que las denuncias presentadas ante la OIT incluyen un registro de 47,124 empleados públicos despedidos entre 2019 y principios de 2026. Según la organización, la situación también ha afectado al sector salud, donde más de 7,780 médicos, enfermeras, paramédicos, trabajadores administrativos y personal de otras áreas habrían sido despedidos desde 2025.

Asimismo, señalaron que aproximadamente 1,500 desvinculaciones laborales se habrían producido en el Hospital Nacional Rosales.

Los denunciantes aclararon que representan a sindicatos independientes no afiliados a ninguna central de trabajadores, lo que, según sostienen, fortalece su autonomía en la defensa de los derechos laborales.

Por su parte, la USS defendió la salida de El Salvador de la lista corta y aseguró que esta decisión contribuirá a generar condiciones favorables para la inversión en el país.

“Es un esfuerzo de varios años. Y en este país todos pueden opinar y decir lo que quieran decir”, afirmó.

“El país ha pasado décadas siendo cuestionado y señalado por los organismos de control de la OIT. Y esas personas que estaban afuera ese día en el Ministerio de Trabajo son las mismas que estuvieron al lado de quienes gobernaron durante los diez años anteriores a este Gobierno y nunca hicieron ni dijeron nada”, expresó Vásquez en referencia a los sindicatos independientes.

“Esa es una señal clara de un interés que no tiene nada que ver con la clase trabajadora. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Poner en perspectiva los derechos de los trabajadores, porque no vamos a negar que existen problemas y aspectos que deben corregirse. Por eso, en el marco de la OIT, el trabajo decente, la libertad sindical y el diálogo social son importantes para nosotros”, agregó Vásquez.

Pese a estas declaraciones, la Federación Sindical Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) denunció ante la OIT el caso de Erick Alexander Zelaya Ramos, secretario general electo de la organización, quien, según la federación, se vio obligado a abandonar el país y solicitar protección internacional tras enfrentar un proceso de hostigamiento, persecución y despido laboral relacionado con su actividad sindical.

La federación sostiene que este caso forma parte de una problemática más amplia que afecta a dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos y personas críticas del Gobierno que desarrollan su labor en El Salvador.

Debido a ello, en los últimos días, la UNT presentó una nueva queja ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, mientras que la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS) incorporó nuevas alegaciones al Caso 3472 relacionado con El Salvador.

Estas acciones buscan dar continuidad a las denuncias sobre las condiciones que enfrentan los sindicatos independientes y la clase trabajadora salvadoreña.

Tanto el Gobierno como la empresa privada celebraron la exclusión de El Salvador de la lista corta de la OIT. En ese marco, la USS sostuvo que el reto ahora es avanzar en la solución de las problemáticas que afectan a sectores laborales históricamente invisibilizados.

“Vamos por algo mejor. Tampoco podemos dejar de reconocer los cambios que tenemos en el país. Ahora estamos extendiendo nuestro voto de confianza al Gobierno y a la empresa privada para que juntos construyamos mejores condiciones en el mundo del trabajo”, afirmó la organización.

La Unidad Sindical Salvadoreña también agradeció la participación de la nueva directiva de la ANEP en los espacios de diálogo tripartito. “Juntos, en la delegación tripartita, y con sus buenos oficios, se logró avanzar en temas que aún enfrentaban resistencia. Con su participación se alcanzó el objetivo planteado”, concluyó.

Mientras tanto, organizaciones sindicales como la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS) sostienen que el país atraviesa una crisis laboral y sindical caracterizada por el deterioro de la libertad sindical, el debilitamiento de las organizaciones de trabajadores y el incumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado salvadoreño.