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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ) calificó como “irresponsable”, que en pleno periodo de emergencia nacional ante la pandemia mundial de COVID-19, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) todavía no haya recortado sus funciones para operar con el mínimo de personal en sedes judiciales.
El secretario general de SITTOJ, Roswald Solórzano explicó que a pesar de que los plazos procesales están suspendidos en materia administrativa, laboral, civil y mercantil, desde la declaratoria de emergencia, el pasado 14 de marzo, los jueces han dispuesto que el personal que labora en esas instancias continúe presentándose trabajar.
Solórzano dijo que, aun cuando el lineamiento de la Presidencia de la República era de no convocar a laborar a mujeres embarazadas y trabajadores y trabajadoras de más de 60 años, en el órgano Judicial estos empleados deben ser certificados por las clínicas institucionales para que se les permita retirarse.
“No se tiene respeto a la vida de casi 11,000 trabajadores, cada uno está expuesto a diario a llevar a su familia una contaminación; imaginemos la gravedad de que 11,000 personas viajen todos los días y lleguen a sus hogares con la posibilidad de generar un foco de infección en su lugar de residencia”, comentó.
El vocero del SITTOJ hizo un llamado a la sensatez del pleno de la CSJ, para que considere recortar funciones en el órgano Judicial de forma temporal, ante la amenaza de la pandemia de COVID-19; esto debe ir acompañado por un decreto emitido por la Asamblea Legislativa que también permita suspender plazos procesales en materia penal.
Con dicho decreto legislativo, la CSJ tendría la facultad de racionalizar el trabajo de trabajadores de juzgados de Paz, que son los primeros en conocer un proceso penal; así como los de Instrucción, Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, con el objetivo de evitar una alta concentración de personas en lugares como el Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador.
La preocupación por la salud de los trabajadores se extiende a aquellos que trabajan en el traslado de reos y los encargados de videoaudiencias desde centros penales, quienes -según indicó el líder sindical- continúan trabajando poniendo en riesgo incluso a la población reclusa.
