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Carlos Ernesto García*
Asistimos en El Salvador, a uno de los acontecimientos políticos, posiblemente, más controvertidos de los últimos años y que, a la fecha, muchos conocemos, o identificamos como “El caso Sigfrido Reyes”. Su singularidad, es que se trata de quién durante años, fuera uno de los más destacados miembros fundadores del partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y ex presidente de la Asamblea Legislativa de dicho país. Eso sin contar con otros cargos, y responsabilidades políticas que le han mantenido, durante décadas, en el foco de la opinión pública.
Recientemente manifesté, sobre lo peligroso que resulta un país, en el que buena parte de la sociedad no concede, ni tan siquiera, el beneficio de la duda, y que por el contrario acepta, impasible, que quién es sentado en el banquillo, más que acusado de un presunto delito, sea tratado como culpable. Aquellos que actúan así, más que justicia, persiguen venganza y se convierten en una especie de verdugos con hacha en mano.
Guardando las distancias, y puesto que vivo en Cataluña hace décadas, no he podido evitar compararlo con el caso del Presidente de la Generalitat (Gobierno de Cataluña), Carles Puigdemont, a quién el Supremo, máximo órgano de justicia en España, tras el referéndum del pasado 1 de octubre de 2017, pretendió ponerle en prisión, basando su alegato en diferentes acusaciones por parte del Estado de España, viéndose obligado, Puigdemont, en protagonizar una huida de película, con el único fin de buscar protección en Bélgica país que, en el marco de la legalidad, le concedió el asilo político, al igual que a otros de sus compañeros. No corriendo la misma suerte el resto de acusados, entre los que se encuentra el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras que, junto a otros altos funcionarios del Gobierno catalán, fueron sometidos a juicios en los que ha imperado, más que la justicia, una serie de atropellos que contradicen el respeto de los derechos humanos más fundamentales. Y así, hemos asistido durante años, a una torpe solución judicial de un problema político, que lo que exigía, desde un principio, era una solución política.
En el caso Sigfrido Reyes, utilizado como cabeza de turco para destruir la credibilidad de la izquierda salvadoreña, a lo que nos enfrentamos, qué duda cabe, es a una implacable persecución política, o caza de brujas, que defiende los intereses, no de la justicia, sino de poderes políticos, y económicos, ligados a la derecha más conservadora y recalcitrante del país centroamericano. Todo esto con la complacencia, cuando no con el silencio, que convierte en cómplices, a un significativo número de antiguos miembros, y simpatizantes del FMLN. Luego, está el resto que, hasta que no se demuestre lo contrario, creen en la posible inocencia de Sigfrido Reyes, pero que, paralizados por el miedo, son incapaces de alzar la voz y manifestarse, públicamente, en defensa de los derechos más fundamentales, y en contra de los muchos atropellos de que ha sido objeto hasta el día de hoy, no solo Sigfrido Reyes, sino también la esposa de este, Susy Melba Rodríguez, así como otros allegados a la familia Reyes.
El que dio la espalda en los últimos comicios del pasado año, fue parte del mismo pueblo que antes depositó en manos del FMLN, el futuro de la nación; el que aceptó por parte de la izquierda, el compromiso de búsqueda de soluciones a las enormes, y múltiples necesidades que padece El Salvador, desde antes del conflicto armado, una guerra que dicho sea de paso, le tocó soportar sobre sus sufridas espaldas.
Así entonces, ese voto a favor del joven, como exitoso empresario, Nayib Bukele, ha engendrado la figura de un Presidente nefasto, despótico y populista. Un animal político que, a golpe de Twitter, desde el momento de su envestidura, da órdenes a sus ministros, y que hoy mueve los hilos en contra de Sigfrido Reyes y nueve personas más, acusadas injustamente por los delitos de lavado de dinero y activos, por peculado (robo), y estafa agravada. Delitos todos ellos, que la fiscalía de la república, ha sido incapaz de demostrar con argumentos sólidos.
Es importante preguntarse porqué, las instituciones del Estado, como la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República, e incluso la Corte de Cuentas, son instrumentalizadas en función de esa persecución política.
El de Othon Sigfrido Reyes Morales, solo se trata de uno de los primeros nombres de una larga lista en la que, no sería de extrañar, probablemente figure el suyo, como lector de éste artículo.
*Poeta y escritor salvadoreño
