Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
En la comparecencia de Juan Segura ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, como parte del proceso para su ratificación como subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, éste se comprometió a retomar el tema de los presos políticos en El Salvador.
Durante la audiencia celebrada el jueves 18 de junio, el senador estadounidense Chris Van Hollen preguntó a Segura si estaría dispuesto a colaborar con iniciativas orientadas a promover la liberación de los presos políticos en El Salvador, entre ellos la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López. Segura respondió afirmativamente, comprometiéndose a colaborar en el tema una vez sea confirmado en el cargo.
El hecho fue analizado este viernes por el abogado y analista político, Marvin Aguilar, y la exmagistrada Mirna Perla de Anaya, quienes consideraron que la intervención del senador refleja la creciente preocupación internacional por la situación de los derechos humanos en el país.
Según Perla de Anaya, la detención de Ruth López ha trascendido las fronteras salvadoreñas debido a la relevancia de su trabajo en materia de transparencia y combate a la corrupción. La jurista sostuvo que la captura de la abogada ha sido señalada por organismos nacionales e internacionales como una acción arbitraria que vulnera garantías fundamentales del debido proceso.
“La privación de libertad de Ruth López ha provocado que el caso llegue incluso al Congreso de los Estados Unidos, precisamente porque las denuncias internas no han encontrado respuesta efectiva aquí”, señaló Perla de Anaya durante el análisis, en Encuentro con Julio Villagrán.
La exmagistrada afirmó que, además de cuestionamientos sobre la legalidad de su captura, existen denuncias relacionadas con las condiciones de detención y las restricciones para recibir visitas familiares y asistencia de sus defensores legales, aspectos que contravienen estándares internacionales sobre el tratamiento de personas privadas de libertad.
Por su parte, Aguilar interpretó las declaraciones de Segura como una señal de que sectores del Partido Demócrata mantienen interés en ejercer presión política diplomática sobre el gobierno de Nayib Bukele respecto a la situación de los derechos humanos y el respeto al orden constitucional.
El analista recordó que varios congresistas y senadores estadounidenses han manifestado en distintas ocasiones preocupación por el deterioro democrático en El Salvador, particularmente en lo relacionado con la independencia judicial, el respeto al debido proceso y las libertades civiles.
La comparecencia de Juan Segura ocurre en un momento en que las observaciones internacionales sobre El Salvador se han incrementado, especialmente por las denuncias relacionadas con el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
Caso Alianza El Salvador en Paz
Durante la discusión también se abordó el caso de los once integrantes de la Alianza El Salvador en Paz, quienes permanecen detenidos desde hace más de dos años bajo acusaciones de terrorismo.
Aguilar cuestionó que, después de un prolongado período de investigación, la Fiscalía General de la República aún no haya presentado pruebas contundentes que sustenten las acusaciones formuladas contra los detenidos. Según expuso, la causa judicial se ha basado principalmente en el testimonio de una fuente protegida cuya identidad permanece en reserva.
“Después de más de dos años no existe una acusación sólida por terrorismo ni evidencia que permita demostrar los hechos atribuidos a estas personas”, afirmó.
Los analistas sostuvieron que el proceso ha estado marcado por retrasos continuos y sucesivas prórrogas concedidas para la investigación, lo que ha generado incertidumbre sobre la situación jurídica de los imputados.
Perla señaló que varios de los detenidos son personas de edad avanzada y con problemas de salud que, según sus familiares y defensores, no han recibido la atención adecuada durante su permanencia en prisión.
La exmagistrada destacó que las denominadas Reglas Mandela de las Naciones Unidas establecen que toda persona privada de libertad conserva sus derechos fundamentales y debe recibir atención médica, alimentación y condiciones dignas de reclusión, independientemente de los delitos que se le atribuyan.
Asimismo, criticó resoluciones judiciales que han rechazado medidas alternativas a la detención pese a la condición de salud de algunos procesados.
En el análisis también se mencionó que la acusación fiscal sostiene que excombatientes y veteranos vinculados a la Alianza El Salvador en Paz habrían planificado acciones terroristas con apoyo de estructuras criminales. Sin embargo, Aguilar argumentó que la Fiscalía no ha logrado demostrar la existencia de explosivos funcionales ni la participación efectiva de los acusados en actividades ilícitas.
Incluso, señaló inconsistencias dentro de la investigación; entre ellas, la inclusión de personas que ya habían fallecido cuando supuestamente participaron en reuniones relacionadas con la planificación de los hechos investigados.
Los analistas consideran que el caso podría convertirse en una prueba importante para evaluar la independencia del sistema judicial salvadoreño y la capacidad de la Fiscalía para sostener sus acusaciones en la siguiente etapa procesal.
De acuerdo con lo expuesto durante el programa, la Fiscalía tendría un plazo definitivo para presentar la acusación formal que permita avanzar hacia la fase de juicio el 22 de junio. De no hacerlo, la autoridad judicial podría verse obligada a emitir resoluciones favorables a los imputados.
