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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
El secretario de Transparencia, view Marco Rodríguez, advirtió anoche sobre la existencia de un esquema de desestabilización de la administración del presidente Salvador Sánchez Cerén.
Rodríguez manifestó que en días recientes circuló un panfleto que llamaba a una marcha para pedir la renuncia del presidente y de todo su gabinete, lo cual evidencia que existe una estrategia desestabilizadora dirigida contra el actual gobierno.
“No recuerdo en los últimos 25 años, que alguien haya llamado a movilizaciones en la calle para deponer al Gobierno, a su presidente y a su gabinete”, manifestó Rodríguez, quién denunció la existencia de un clima de “creciente cerco” contra la administración de Sánchez Céren, el cual incluye, además, intentos de asfixiarle económicamente.
El pasado 20 de julio, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, denunció que la derecha del país había lanzado en redes sociales la “campaña Mano Negra”, a través de la cual se llamaba a rechazar la impunidad y a pedir la creación de una comisión internacional similar a la de Guatemala. Chicas, en esa oportunidad, advirtió que detrás de esta campaña podría estar el partido ARENA.
La campaña de la mano negra, que se mantiene en las redes sociales, invita a los cibernautas a firmar la petición para crear una comisión contra la impunidad por situaciones sin ninguna relación con la impunidad, como la economía o la inflación, temas que han sido utilizados frecuentemente por el partido ARENA en las campañas electorales contra el Gobierno.
“¿Te preocupa el efecto del estancamiento de la economía en tu negocio?”, “¿Te das cuenta que no importa cuánto trabajas… Se te acaba el dinero y no llega a fin de mes?”, son algunas de las preguntas que hacen en el sitio de la mano negra y por las que, según los promotores del sitio web, los cibernautas deberían firmar en apoyo a la creación de la comisión.
Los mismos administradores del sitio web no aceptan que se incluyan casos como el de CEL/Enel como perseguibles de una comisión de este tipo, alegando que se creó un juicio mediático contra los acusados.
El Secretario de Transparencia argumentó anoche durante la entrevista Debate de Canal 35, que están pasando cosas que antes no sucedían, como por ejemplo, la paralización del proceso de emisión de 900 millones de dólares en bonos, por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuando este es un proceso de obtención de fondos que históricamente se ha utilizado.
“Queda suspendido (el proceso) y no hay pronunciamiento y puede quedarse así, solamente porque había un diputado suplente, como lo hubo para la forma del TLC (Tratado de Libre Comercio), como lo hubo en la elección de la misma la Sala de lo Constitucionalidad”, señaló el funcionario.
Rodríguez cuestionó que a pesar de que por muchos años en el país ha existido impunidad en la aplicación de la justicia, nunca antes estos sectores que hoy están promoviendo la creación de una comisión de este tipo se habían pronunciado al respecto y, por el contrario, habían callado.
Añadió que, en todo caso, una comisión de este tipo podrían indagar sobre crímenes de lesa humanidad y no investigar instituciones judiciales porque ese no sería su papel.
Rodríguez dijo que en Guatemala no fue el tema de la corrupción como tal, por lo que se llamó a conformar La Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), sino para indagar las masacres y asesinatos de lesa humanidad, que con el sistema de justicia local era imposible llevar adelante.
En El Salvador se hizo lo mismo luego de la guerra, pero el caso ahora es otro, afirmó.
Rodríguez dijo que la institucionalidad en el país está funcionando y puso como ejemplo los procesos contra el expresidente de la República Francisco Flores por las donaciones provenientes de Taiwán, el caso del bulevar Diego de Holguín (hoy Monseñor Romero). “Veo un expresidente (Flores) en juicio, ministros en juicio, una Diego del Holguín en juicio”, enumeró el funcionario.
Rodríguez consideró importante escuchar la opinión de la Fiscalía y la Corte Suprema respecto a que si es constitucional o no que instancias foráneas creadas por organismos internacionales puedan intervenir e indagar al sector justicia salvadoreño y recordó que la Sala de lo Constitucional ya emitió un fallo relacionado a la soberanía del país cuando resolvió que era inconstitucional que la Corte Centroamericana de Justicia dirimiera un conflicto entre la Asamblea Legislativa y dicha sala. “Yo quisiera escuchar que dice la CSJ, el fiscal general de la república”, recalcó.
Rodríguez cree que la institucionalidad se está fortaleciendo y que hace 25 años no pasaba nada de eso en El Salvador y se preguntó “porqué nadie planteó una CICIG (para El Salvador) en el 2002, ni el 2003, ni en el 2004…”.
“Aquí hay un montón de cosas que se han empezado a mover a partir del 2009. Antes no había problemas con la Sala, nadie hablaba, nadie movía”, manifestó Rodríguez, quien le preguntó al entrevistador Narciso Castillo si cree que la institucionalidad nacional está tan destruida para tener que recurrir a Naciones Unidas, o por el contrario hay que fortalecerla o exigir que las instituciones jueguen su papel.
El funcionario también se refirió a la publicación en el sitio web del gobierno, Transparencia Activa, del listado de empresas que debían al fisco e insistió que no se ha violentado ningún derecho de estas empresas. Según Rodríguez, no se ha violentado nada con hacerlo público y lo que la reacción desproporcionada de un sector obedece a que estos grupos de personas creen que pertenecen a otro nivel diferente al resto de la sociedad y que “no se les debe aplicar la mismas reglas” que a todos los ciudadanos.
“Es una percepción de pensar que ellos tienen reglas distintas. Históricamente, los militares, los políticos, los empresarios, algunos periodistas de renombre, consideran que deben ser medidos con reglas diferentes”, señaló el secretario de Transparencia.
