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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
A cuatro años desde que el presidente Nayib Bukele asumió el poder, a través del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y en alianza con Nuevas Ideas, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) consideró preocupante la falta de acciones concretas para abordar los problemas estructurales que aquejan al país.
Para FESPAD, la gestión del gobierno se ha centrado en la desinformación, publicidad y acciones superficiales, dejando sin resolver problemas fundamentales en áreas como la educación, salud, vivienda, medio ambiente, trabajo, alimentación, seguridad y economía.
Esta falta de enfoque en las necesidades reales de la población ha profundizado la desigualdad social, pobreza y ha perpetuado la vulnerabilidad de la sociedad; mientras se han entregado tablets en algunas escuelas, hay otras que no cuentan con agua, luz o una estructura adecuada.
Asimismo, mientras se promueve el uso del bitcoin y hasta se facilitan condiciones a personas extranjeras, más de 19,025 trabajadores fueron despedidos de instituciones estatales desde 2019 a marzo de 2023, quienes siguen esperando una solución a su situación. En lo que respecta al tema de seguridad, las organizaciones defensoras de Derechos Humanos han sido claras, que es innegable la reducción de homicidios, pero esta es solo una de las variables de la criminalidad abordada.
“Se ha visto cierto nivel de tranquilidad, pero El Salvador no ha obtenido paz, se ha anunciado hasta el cansancio el número de capturas con el Régimen de Excepción, asegurando que todos pertenecen a pandillas, sin embargo, de las 68 mil capturas registradas por el Ministerio de Justicia y Seguridad, un número superior a los 5 mil han sido arbitrarias, cifra reconocida por las mismas autoridades”, señaló en un comunicado.
Las organizaciones de DDHH nunca han estado contra del combate a la criminalidad, a pesar que así lo ha publicitado el discurso gubernamental, jamás se han defendido los hechos ilícitos cometidos por las pandillas, solo se ha pedido que la problemática sea abordada de forma integral, tomando en cuenta los componentes de prevención y reinserción, haciendo uso del debido proceso.
En repetidas ocasiones se ha señalado como poco a poco el Órgano Ejecutivo ha ido haciéndose del control de la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), esto ha generado un debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos que debe existir en una democracia, mediante acciones que vulneran la independencia judicial, legislativa y otras instituciones de control, socavando a la vez, los fundamentos del Estado de Derecho.
Aunque según el discurso gubernamental, los sectores afines al Órgano Ejecutivo e incluso para buena parte de la población, que un órgano tuviera un amplio control del Estado no afectaría a la ciudadanía o incluso sería de algún beneficio porque “ya no se iban a tener obstáculos” para el desempeño de sus funciones, sin embargo, ha sido todo lo contrario.
“En cuatro años, ese debilitamiento se ha traducido en serias afectaciones, ya que, por ejemplo, ante los abusos, la ineficiencia o la falta de respuesta de una institución determinada o actuaciones arbitrarias de un funcionario hacia los derechos de una persona, es prácticamente imposible buscar a quién recurrir para corregir, sancionar o solventar alguna exigencia”, enfatizó FESPAD.
La CICIES también es inexistente y los casos de posible corrupción que planteó no se les dio seguimiento, aunque fuera una de las promesas de campaña mayor publicitada.
Durante este período, desde la presidencia se ha impulsado una campaña de desprestigio contra entidades de control internacional como el Sistema Interamericano o el universal de protección a los derechos humanos, al punto que el Estado de El Salvador omite rendir informe, y cuando lo hace son incompletos o alejados de la verdad.
FESPAD pide al gobierno promover el restablecimiento del orden constitucional, cese el irrespeto a la Constitución y a las leyes; a la presidencia de la República, sus funcionarios e instituciones implementar políticas públicas efectivas que aborden problemas estructurales, los cuales afectan a la sociedad, especialmente en educación, salud, seguridad, medio ambiente y economía, mediante acciones concretas, sostenibles y no solo de carácter publicitario.
Además, hizo un llamado al mandatario a detener su comportamiento hostil contra las personas defensoras, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales; promover canales de diálogo con la sociedad civil, participación ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
También, que cumpla la promesa de investigar actos señalados de corrupción por diferentes sectores y entidades, garantice la transparencia en las instituciones y la rendición de cuentas.
