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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Comunidad Santa Marta y organizaciones sociales celebraron la sentencia definitiva absolutoria pronunciada por el Juzgado de Sentencia de San Vicente a favor de los líderes ambientalistas de Cabañas.
Los líderes ambientalistas fueron procesados “injustamente” durante más de tres años, según comentó Alfredo Leiva, directivo de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) Santa Marta.
La comunidad consideró que la absolución de los ambientalistas: Fidel Dolores Recinos Alas; Saul Agustín Rivas Ortega; Teodoro Antonio Pacheco; Miguel Ángel Gámez; Pedro Antonio Rivas Laínez; Alejandro Laínez García; José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio no es resultado de la vigencia de la legalidad y de un sistema judicial independiente, “sino que es producto de la lucha social que obligó a los resquicios de independencia judicial, que todavía existen, a resolver apegados a derecho, a pesar de la cooptación gubernamental y la presión de poderosos intereses extrajudiciales”.
Es de recordar que fueron detenidos en enero de 2023 por un presunto homicidio ocurrido durante el conflicto armado. Sin embargo, son finalmente “libres”, según la notificación oficial, fechada el pasado 16 de octubre.
La Comunidad valora como positivo y valiente la actuación del Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque que sobreseyó a los procesados en la primera vista pública, así como el Juzgado de Sentencia de San Vicente que los absolvió por segunda ocasión y la Cámara Penal de San Vicente que rechazó el intento fiscal de anular el fallo y hacer un tercer juicio.
El argumento de la Cámara para no repetir un tercer juicio fue que la FGR no tenía base legal, sino “puras inconformidades”.
“La acusación montada por la Fiscalía fue una represalia por denunciar las intenciones gubernamentales de reactivar la minería y por alertar al país sobre los graves peligros para el agua, los ecosistemas, la salud y la vida de las presentes y futuras generaciones”, enlistó Leiva.
Además, a juicio de Leiva, la acusación fiscal también fue “una burda manipulación de la justicia restaurativa y transicional y una revictimización de una comunidad víctima de masacres, asesinatos, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado”.
La comunidad y las organizaciones pidieron a las organizaciones nacionales e internacionales que se mantengan vigilantes ante la posibilidad de la FGR y el sistema judicial en inventar nuevos delitos contra los líderes ambientalistas o con otros miembros de la comunidad, en su afán de “continuar la persecución contra el activismo ambiental y la defensa de la vida”.
