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Se cumplen 17 meses de detención ilegal de los 5 líderes ambientalistas

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

La Comunidad Santa Marta y la Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES) denunciaron que se han cumplido 17 meses de “detención ilegal” de los líderes comunitarios Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega.

“Son 17 meses de criminalización y persecución judicial contra nuestros defensores ambientales”, expresaron la comunidad y ADES en pronunciamiento público en sus redes sociales.

El 11 de enero de 2023, el Estado salvadoreño privó la libertad de los cinco líderes, y de esa forma negó la posibilidad de seguir cuidando el agua, defendiendo el medio ambiente y procurando la continuidad de la vida, reiteraron.

La Comunidad y ADES rechazaron una vez más la “acusación sin pruebas de la Fiscalía General de la República”, así como la “injusta decisión del Tribunal de Instrucción de Sensuntepeque que los envió a juicio, que no sólo violenta el derecho a la libertad, seguridad e integridad de los ambientalistas, sino que también constituye una vulneración al derecho del pueblo salvadoreño a un medioambiente sano”.

Los cinco ambientalistas son reconocidos, incluso internacionalmente, por su “activismo ecológico” a favor del agua y contra la minería metálica.

“En los últimos meses y semanas su salud se ha deteriorado gravemente, debido a la falta de atención médica, especialmente de quienes padecen diabetes, insuficiencia renal y otras enfermedades crónicas”, denunciaron.

En todo este proceso judicial que lleva 17 meses, familiares, organizaciones que apoyan a ADES y Santa Marta han reiterado su llamado al sistema judicial a dar una resolución a dos apelaciones presentadas por el equipo defensor desde hace dos meses.

Denunciaron, además, la falta de cumplimiento de la resolución del Juzgado de Instrucción, que otorgó el arresto domiciliario y la atención médica, pero la Policía Nacional Civil, en varias ocasiones, no ha llegado para el traslado de los ambientalistas a centros hospitalarios.

“La Cámara Penal de Cojutepeque y la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia todavía tienen en sus manos la posibilidad de incidir favorablemente en el proceso, resolviendo con prontitud y apegado a derecho los recursos de apelación pendientes. Por tanto, apelamos a su sentido de responsabilidad y justicia”, expresaron.

“Este día reiteramos nuestra denuncia de esta manipulación judicial que -como hemos dicho en varias ocasiones- tiene como trasfondo las temerarias intenciones de reactivar la minería metálica, a pesar de estar prohibido por ley”, alegaron.

Mary Lawlor, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos (ONU), se ha pronunciado anteriormente junto a otros Relatores, sobre el Caso Santa Marta y ADES, y ha solicitado, en su momento, más información sobre el proceso que desarrolla el Estado salvadoreño, y ha pedido “independencia judicial”.

De la misma manera, organizaciones de la sociedad civil que apoyan a ADES y Santa Marta han reiterado que el “gobierno actual ha instrumentalizado a otras instancias del Estado salvadoreño en función de abrir espacios a intereses económicos y políticos muy particulares”, violentando los derechos ciudadanos de la población.

Asimismo, ha recriminado la complicidad del silencio de instancias como la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) y gremio de jueces, que aún no se pronuncian “ante evidentes irregularidades” en este proceso judicial en particular.

“Este injusto proceso penal también revictimiza a nuestra comunidad, porque la Fiscalía persigue a nuestros compañeros en lugar de procesar a los autores intelectuales y materiales de las crueles masacres cometidas contra Santa Marta durante la guerra civil”, señalaron.

“Además, representa una reelaboración jurídica de la historia, una violación a los Acuerdos de Paz (1992), y una criminalización de la lucha por la democracia, los derechos humanos y la justicia social, tal como se demuestra también con las recientes capturas arbitrarias de otros veteranos y excombatientes del conflicto armado”, puntualizaron las dos organizaciones.

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