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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El régimen de excepción en El Salvador lleva 100 días, luego que el Gobierno lo impusiera tras un repunte en los homicidios. A la fecha, son aproximadamente 45 mil las personas detenidas, las cuales, las fuerzas de seguridad las tildan de pertenecer a miembros de estructuras delincuenciales, sin embargo, en esa cifra, existen cientos de salvadoreños que no tienen vínculos con pandillas y que se le ha vulnerado derechos constitucionales.
El oficialismo sigue con la idea de que prorrogará el régimen de excepción si así lo dispone el Ejecutivo. Mientras que la oposición ha remarcado la vulneración de los derechos de los salvadoreños bajo esta herramienta estatal.
El jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra, sostuvo que, dentro de estos 100 días de régimen, existen evaluaciones positivas; por ejemplo, “muchas de las personas que estaban extorsionando y desapareciendo a salvadoreños ahora están guardando prisiónj y eso es muy bueno porque le da un respiro y tranquilidad a la familia salvadoreña”. Sin embargo, existen situaciones irregulares “como la captura de cientos de personas inocentes, que no tienen ninguna vinculación con estructuras de pandillas y que guardan prisión”.
“A nosotros en particular nos preocupan las personas que no tienen ningún vínculo y que tampoco tienen ninguna oportunidad procesal para salir en libertad, porque la legislación está diseñada para que guarden prisión provisional independientemente de que prueben o no su pertenencia a las pandillas”, comentó el legislador, René Portillo Cuadra.
La diputada Claudia Ortiz exigió una solución permanente que no dependa de suspender los derechos constitucionales de la ciudadanía y que también maneje los fondos públicos de una manera transparente.
Pues habrá que recordar que con el régimen de excepción se suspende: la libertad de reunión y asociación, el derecho a defensa, la inviolabilidad de correspondencia y de telecomunicaciones y se extiende el plazo de detención administrativa.
El régimen de excepción, “es una decisión que no podemos tener durante más tiempo, porque limita los derechos de la población y está dando lugar a abusos muy graves (…), estamos viendo casos que están sonando cada vez más y que se van acumulando de personas que están falleciendo en manos del Estado”, lamentó Ortiz.
El plan que el Gobierno maneja en el tema de seguridad es el Plan Control Territorial; el cual ha sido fuertemente criticado por ser poco transparente e ineficaz.
Mientras que diputados del oficialismo dicen que, en estos 100 días de régimen, los salvadoreños se han sentido seguros en sus territorios. En ese sentido, el diputado de Nuevas Ideas, Jorge Castro, sostuvo que los capturados en régimen de excepción, “tienen un impacto directo en la protección del derecho fundamental a la vida que es algo que señala la Constitución”.
El diputado de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Numan Salgado, puntualizó que se debe fortalecer la seguridad en las fronteras con Guatemala y Honduras, ya que “los pandilleros están huyendo”, a dichos países.
En los primeros 3 meses de régimen de excepción, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha registrado 2673 denuncias, principalmente sobre el derecho de libertad personal. Mientras que organizaciones de la sociedad civil registran más de un millar de personas que se les han vulnerado sus derechos, así como los fallecidos en el contexto del régimen de excepción superan los 50, el Estado ha callado ante esta situación.
