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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
El reciente decreto legislativo sobre la “Ley Especial Transitoria para Establecer el Estado Familiar, Filiación, Nacimiento o Muerte de Víctimas de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños”, aprobado el 28 de junio pasado por la bancada oficialista de Nuevas Ideas (NI), recibió el rechazó de las víctimas y sobrevivientes de este crimen de Lesa Humanidad ocurrido en diciembre de 1981.
“Yo en lo personal y en nombre de todas las víctimas -puedo decir- nos sentimos ofendidos, porque han creado un decreto legislativo en contra de las víctimas. Todo lo han hecho ha sin consultarnos a nosotros y siempre se les pidió que haya diálogo con nosotros para llegar a acuerdos, y es ahí donde nos violentan nuestros derechos”, expresó María Eugenia Argueta, sobreviviente de la masacre en Cerro Pando.
La Masacre de El Mozote y sitios aledaños, al Norte de Morazán, ejecutado por diversas compañías militares entre ellos el batallón Atlacatl, en un operativo contrainsurgente que duró entre el 10 al 14 de diciembre de 1981, arrebató la vida de alrededor de mil personas entre adultos mayores, mujeres, niños y niñas.
La Asociación Promotora de Derechos Humanos EL Mozote (APDHEM), la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES) y el Grupo Gestor por una Ley Integral de Reparaciones entregaron una carta dirigida al presidente Nayib Bukele, con la petición de “no sancionar” el decreto legislativo aprobado por su grupo parlamentario.
“Están aprobando leyes que nos afectan, en lugar de ayudarnos porque son bastantes personas con problemas en la documentación, y eso nos afecta mucho, como el reconocimiento de parentesco de compañeros de vida que no eran casados en aquel tiempo, entonces, para ellos pierden el derecho”, señaló.
“Hay muchos adultos mayores que están muriendo sin ver ningún beneficio, sin ver una justicia para ellos. Porque solo exigimos eso, verdad, justicia, reparación y la promesa de no repetición de esos hechos”, indicó Argueta.
Señaló que el decreto en un principio constaba con 40 artículos, y lo redujeron a 29 , lo que “resta muchas cosas” para las víctimas, sostuvo Argueta, quien también es integrante de la Asociación Promotora de Derechos Humanos EL Mozote (APDHEM).
“Ese decreto no habla de lo que harán con la justicia, como el caso judicial que nosotros llevamos (Juzgado de Instrucción, San Francisco Gotera, Morazán), está paralizado hasta el momento, y eso no nos ayuda en nada, esa ley que han aprobado”, sostuvo.
Otra de las debilidades que han identificado es que, en la nueva ley se establece que toda la documentación que tienen las víctimas sobre ellos y sus familiares y que en este momento se encuentran resguardados en Tutela Legal, deberán pasar al Ministerio de Gobernación, lo que consideró María Eugenia, “es una gran preocupación”, porque eran entidades de gobierno.
“En estos lugares las personas que administran (funcionarios) van de paso, están ahora, mañana no, entonces, no nos garantiza la seguridad de la documentación que allí está y tanto que nos ha costado conseguir esos documentos”, añadió.
“Esto es difícil desde que vamos a buscar a las alcaldías o cuando vamos a las iglesias buscando fe de bautismos para iniciar un proceso y que después, venga el gobierno por un decreto legislativo y tome posesión de esta documentación nuestra, pues nos afecta como víctimas, realmente no nos están ayudando en nada”, argumentó Argueta.
María Eugenia Argueta es sobreviviente de la masacre de Cerro Pando, sitio aledaño a El Mozote, en el municipio de Meanguera, Morazán, ocurrida el 13 de diciembre de 1981, perdió a la mayoría de sus familiares y ahora como defensora en la APDHEM busca justicia para los sobrevivientes.
“Mis padres fueron asesinados, mi hermanita de 6 meses de edad, casi una gran mayoría de personas de ese lugar éramos familiares y fueron masacrados. Yo tenía apenas 3 años de edad y me he venido dando cuenta de todos los hechos porque formó parte de este proceso de lucha y observando como nos vienen violentando -aún en la actualidad- nuestros derechos como sobreviviente y, a nuestros familiares que fueron asesinados injustamente”, reiteró Argueta.
El decreto legislativo que tiene la intención de “facilitar el trámite” de los sobrevivientes para legalizar su identidad o el parentesco con familiares, fue rechazado por Ovidio Mauricio González, coordinador de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, que acompañan a la APDHEM.
“El proceso es engorro, hay que hacer publicaciones en el Diario Oficial, hay que llevar la información al Registro Nacional de la Persona Natural -ustedes ni se imaginan- lo especialistas que son los del RNPN en sacar gallos (fallas) a los documentos, hasta palabras que ellos han inventado que deben ponerse en esas diligencias, resulta un proceso engorroso”, dijo González.
Hace como 4 ó 5 años, se dio un decreto transitorio para que los mayores de 60 años pudieran obtener sus documentos como partidas de nacimiento y partidas de defunción para que las víctimas pudieran tener acceso para establecer su identidad y su estado civil, con un proceso sencillo y sin costos, recordó.
“Se eliminó la gratuidad del proceso de diligencias notariales, que el Estado iba a cubrir para que las víctimas pudieran obtener los documentos necesarios para optar a las reparaciones, y ahora son ellas las que deben pagar para poder ingresar al registro ¿No sé cuál es la idea de ellos?, dijo.
“En el mismo sentido, indican que las declaratorias de unión no matrimonial y declaratorias de paternidad se publicarán en un diario de circulación nacional, lo que implica también un costo económico, cuando pudo ser regulado vía publicación gratuita a través del Diario Oficial”, indicó González.
Todas estas circunstancias impactan a las víctimas y faltan al cumplimiento de la sentencia dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en octubre del 2012, para acceder a las reparaciones del Estado salvadoreño, señaló, Irene Gómez, abogada de CRISTOSAL.
“Hacemos un llamado al presidente de la república, para que no sancione la Ley Especial Transitoria para Establecer el Estado Familiar, Filiación, Nacimiento o Muerte de Víctimas de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños, pedimos que se regrese a la Asamblea Legislativa con recomendaciones”, pidió.
“Esta ley revictimiza a los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños, porque no fue consultada con ellos, fue modificada porque había una propuesta anterior, se eliminaron la gratuidad de los servicios notariales y eso es revictimizarlos, porque no tendrán acceso a la justicia y las reparaciones, sino no están en el registro”, puntualizó.
