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Tomado de Carta Económica
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El pasado jueves 12 de febrero de 2015 la Prensa Gráfica de El Salvador publicó una noticia en donde se afirma que a través del HSBC, sildenafil stuff algunos salvadoreños lavaron más de 88 millones de dólares de los Estados Unidos de América. La noticia también dice que ese Banco, look order el HSBC, here instruyó a sus clientes para evadir impuestos y que el Fiscal General de la República ya inició la investigación.
Nada de eso debe sorprender a los salvadoreños, por las razones que a continuación se exponen:
1) No es primera vez que se tiene conocimiento de que la banca salvadoreña ha sido utilizada para lavar dinero, hace algunos años Carlos Perla, ex presidente de ANDA en los gobiernos de Armando Calderón Sol y de Francisco Flores Pérez, utilizó al menos un banco local para trasladar dinero lavado a un banco panameño, es más no se profundizó en este caso en todos los implicados.
2) El señor Samayoa, ex presidente del Banco Cuscatlán, ligado públicamente al ex presidente de la República Félix Cristiani, encubrió el supuesto lavado de dinero que hizo Francisco Flores, actualmente procesado, quien confesó ante la Asamblea Legislativa haber utilizado irregularmente más de 80 millones de dólares estadounidenses, cuando fue presidente de la República, según el periódico digital El Faro, parte de los fondos fueron lavados y trasladados a la cuenta del partido ARENA para la campaña del ex presidente Elías Antonio Saca.
3) Que el Fiscal General de la República, Luis Martínez, anuncie espectaculares investigaciones que nunca concluye, no necesariamente significará que realmente en nuestro país se procede a atacar con profundidad el tema del lavado de dólares. A esto le podemos agregar que el Fiscal General en funciones estuvo ligado laboralmente con el ex presidente Flores, es decir, con los políticos del partido ARENA, de ahí que mucha gente tiene dudas de la transparencia y apego a la ley en las acciones de la FGR.
4) Un ex embajador de los Estados Unidos de América, en nuestro país, denunció públicamente la escandalosa evasión de impuestos que hacen algunos empresarios salvadoreños y empresas transnacionales, este dinero de la defraudación fiscal, sin duda igual deben haberlo lavado.
Lo que nunca antes se había dicho públicamente es que el HSBC instruye a sus clientes para evadir impuestos, lo cual tampoco es nuevo para quienes conocen de las “técnicas” que se utilizan para lavar dinero; pero además de lo novedoso de esta noticia, ahora se comienza a develar el interés de algunos bancos extranjeros de comprar bancos locales, pues desde el punto de vista estrictamente económico no tiene explicación que la banca extrajera tenga interés en tener presencia en nuestro país, considerando que nuestra economía es la que menos crece en toda la región.
Una economía dolarizada, como la de nuestro país, resulta atractiva para el lavado de dinero, que no es otra cosa que una práctica delictiva que tiene por objeto ocultar el origen del dinero obtenido de delitos como: el narcotráfico, la evasión de impuestos, las extorsiones, la corrupción en el manejo de fondos públicos, el robo de automóviles, en fin, de todo delito que se hace con el propósito de beneficiarse económicamente; todo ello para que después ese dinero aparezca como resultado de actividades legales.
El lavado de dinero es un proceso complejo que requiere indispensablemente de la utilización de las empresas financieras (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, aseguradoras, casas de corredores de bolsa, etc.); pero generalmente en la primera fase conocida como la “colocación” se utilizan los bancos, la cual consiste en introducir el dinero al sistema financiero; luego sigue la segunda fase que es la “transformación”, en ésta se busca, mediante una serie de transacciones, hacer circular el dinero por diferentes entidades financieras, adquiriendo variados instrumentos financieros y abriendo cuentas diversas para crear confusión y dificultar el rastreo documental del lavado de dinero; y por último, es la etapa de la” integración”, con la cual se introduce el dinero al sector real de la economía a través de la compra y venta de bienes raíces, empresas, joyas y toda clase de activos.
La dolarización de nuestra economía y las reformas neoliberales que tienen como uno de sus pilares la liberalización del control de los flujos de capital, facilitan el lavado de dinero, porque no es necesaria la autorización del Estado para adquirir dólares (como era antes a través del Control de Cambios a cargo del BCR); y tampoco es necesaria la autorización para ingresar y sacar capitales del país. Esto sin duda es una de las razones que hizo que la burguesía oligárquica de ARENA procediera a la dolarización en el país, además del negocio que luego significó vender los bancos a la banca transnacional, sin duda con mayor capacidad de lavado a nivel mundial. Esto ha sido denunciado a nivel internacional, por eso somos atractivos para la banca extranjera y seguramente para el lavado de dinero del narcotráfico, los corruptos dentro de la tributación en y fuera del país, los corruptos en la administración de los fondos del Estado. Recordemos que la corrupción estimada en estos últimos dos casos, sólo en el período de los 4 gobiernos de ARENA es más de 36,000 millones de dólares (Arias, Salvador, Manual de la Corrupción de ARENA (1989-2013), impreso Los Planes, 2014).
Además de las facilidades para el lavado de dinero antes comentadas, también han contribuido otros factores de riesgo como el hecho de que el partido ARENA haya copado el control de todo el Estado (Órgano Ejecutivo, Órgano Legislativo, Órgano Judicial y FGR) por 20 años, principalmente porque quienes detentan el poder de ese partido son empresarios que tienen la fama de ser evasores de impuestos, algunos de ellos mencionados negativamente por la Comisión de la Verdad; y el otro factor de riesgo aún patente, es el débil marco regulatorio para la prevención del lavado de dinero y el control de la FGR que aún mantiene el partido ARENA, entidad que tiene la exclusividad de la investigación del delito.
En 1998, durante la administración de Calderón Sol, se decretó la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, misma que entró en vigencia el 02 de junio de 1999, es decir, ya en la administración de Flores. Esta Ley, más que tener la intención de prevenir el lavado de dinero, fue el resultado de presiones internacionales; tanto así, que maliciosamente se estableció como piso para informar de transacciones que se consideraran irregulares el valor de 500 mil colones (US$57,142.85), lo cual además quedaba a criterio de los bancos. Decimos maliciosamente, porque ya en los Estados Unidos era obligación informar transacciones en efectivo de US$10 mil o más. Resulta lógico suponer que en una economía como la de Estados Unidos es más fácil superar el umbral de los US$57,142.85 que en una economía como la de El Salvador, por consiguiente, es lógico pensar que no existió la intención de prevenir el lavado de dinero, más bien la de encubrirlo.
Esa Ley establece que será el Presidente de la República quien debe emitir los reglamentos necesarios para la aplicación de la misma; lo que no es acorde con lo establecido en el ordinal 14º del artículo 168 de la Constitución de la República, según el cual el Presidente debe decretar los reglamentos necesarios para facilitar y asegurar la aplicación de las leyes cuya ejecución le corresponde. Resulta obvio que al Presidente de la República no le corresponde ejecutar la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, por ser una ley de la materia penal, en tal sentido ese mandato de Ley es totalmente inconstitucional; siendo así, cualquier prueba o actuación procesal que esté fundamentada en ese reglamento será ilegal, argumento suficientemente robusto para dejar libre a los lavadores de dinero. En conclusión, esto no es tener la intención de prevenir el lavado de dinero, por el contrario, denota la intención de protegerlo.
Las reformas introducidas a la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, aparentemente han superado algunas deficiencias de las que adolecía, pero se introducen otras como haber sacado a la Superintendencia del Sistema Financiero del ámbito de la aplicación de esta Ley, ahora resulta que dicha entidad no podrá conocer de los informes de operaciones sospechosas que emitan los bancos y las demás entidades sujetas a su supervisión; resulta entonces, que el supervisor no puede conocer de los actos reñidos con la Ley Contra el Lavado de Dinero que ejecuten sus supervisados, como si el riesgo de reputación no tuviese importancia para los administradores de las empresas financieras. Esto es grave, porque el delito de lavado de dinero es en extremo complejo y requiere del conocimiento de las operaciones financieras para poder detectarlo; y si se elimina la participación de la Superintendencia del Sistema Financiero, seguramente a la Fiscalía le será más difícil investigarlo y más fácil encubrirlo, cuando haya fiscales que quieran favorecer a los delincuentes.
La complejidad para detectar el lavado de dinero se incrementa cuando los bancos se involucran como sujetos activos en este delito, como el caso del HSBC, tal participación suele ser en las operaciones internacionales, bien en la emisión de cartas de crédito o a través de sus cuentas de corresponsales, principalmente cuando permiten que sus clientes hagan transacciones a través de ellas.
Con ocasión de las referidas reformas se hizo un tremendo escándalo para incluir a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), quienes son los que ocupan cargos públicos, pero resulta que la calidad de PEP, según la Ley, la tienen mientras ocupen el cargo y también cuando dejen de tenerlo, sin señalar plazo alguno. Esto resulta contrario al artículo 27 de la Constitución de la República, según el cual se prohíben las penas perpetuas, las infamantes y las proscriptivas. En conclusión, podría no haberse logrado nada en este tema.
Pero resulta que, nuestros brillantes administradores no se quedaron de brazos cruzados, el BCR, dispuso que el plazo por el cual un funcionario seguirá siendo PEP, es después de 5 años de haber dejado el cargo; éste es otro problema, en El Salvador a cualquier funcionario se le ocurre que puede legislar, sin tener la facultad para ello, también la Fiscalía General de la República ha caído en este pecado, porque ha emitido regulaciones de cumplimiento obligatorio, cuando la Ley Contra el Lavado de Dinero sólo le permite dar directrices para el cumplimiento de la misma.
Nuestra Constitución permite solamente los reglamentos conocidos como “de ejecución”, los cuales tienen como objetivo facilitar el cumplimiento de la ley, pero en manera alguna deben crear, eliminar, restringir o modificar derechos y obligaciones de los ciudadanos; pero se ha vuelto una práctica frecuente que la administración pública invade la esfera de competencia del Órgano Legislativo, afectando derechos y obligaciones de los ciudadanos, con lo cual se crea inseguridad jurídica para los ciudadanos y para las autoridades del Estado.
En fin queda claro que el lavado de dinero en nuestro país requiere de una Política de Estado, que por una parte busque atacar a profundidad este tema, que sea de aplicación universal, es decir, que se aplique parejo a nacionales y extranjeros independientemente de su poder económico y nacionalidad, además que se establezcan mecanismos expeditos para que efectivamente se aplique la ley, que sancione con largas condenas de cárcel a los funcionarios que encubran y obstaculicen la aplicación de la ley. Éste es un problema nacional que ha permitido sacar de este país miles de millones de dólares, convertir a El Salvador en un santuario del lavado y de las mafias de narcotraficantes, empresarios y políticos corruptos.
