Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
El Comité de Solidaridad de salvadoreñas y salvadoreños en Euskal Herria pidió al gobierno de Nayib Bukele cesar de inmediato toda forma de hostigamiento, estigmatización y criminalización contra Ivania Cruz y Rudy Joya, defensores de Derechos Humanos y abogados de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC).
El comité manifestó que ambos defensores han sido objeto de hostigamiento, acoso y persecución a escala nacional e internacional por parte de las autoridades salvadoreñas, desde febrero del 2025 debido al apoyo a las comunidades que se enfrentan a los desalojos forzosos, y a familias de capturados arbitrariamente en el Régimen de Excepción.
“Nos solidarizamos con Ivania Cruz y Rudy Joya, actualmente en el exilio forzado por la persecución del gobierno salvadoreño, por su labor de defender derechos, expresamos nuestra más profunda preocupación y condena ante el deterioro alarmante y sistemático de la democracia y los Derechos Humanos que enfrentan los activistas en nuestro país”, sostuvo.
Además, manifestó que la situación actual bajo el presente gobierno ha alcanzado niveles críticos, como la persecución y criminalización de los abogados de UNIDEHC y sus familias, que incluyen allanamientos a las viviendas, capturas arbitrarias de compañeros de trabajo de la organización que representan.
Los salvadoreños exiliados en Euskal Herria denunciaron que estas práctica se han intensificado, utilizando órdenes de arresto emitidas por las autoridades, las cuales carecen de fundamento legal y están directamente relacionados con su legítimo trabajo de defensa de los derechos, así como el trabajo de denuncias de corrupción y delitos de lesa humanidad cometidas por el gobierno.
“Los tribunales de justicia en El Salvador en coordinación con la Oficina Central Nacional de INTERPOL, se prestan para la criminalización de los abogados, el ocupar órdenes de captura y alertas rojas a través de INTERPOL es una represión transnacional del gobierno con motivaciones claramente políticas”, expresaron.
Asimismo, exigieron una investigación y sanción de los funcionarios y actores según la cadena de mando, que promueven la violencia institucional y la persecución en en el caso de los abogados Cruz y Joya, así como el respeto irrestricto al libre ejercicio profesional como defensores de los derechos humanos, pilar fundamental de cualquier democracia.
