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Los derechos de audiencia, defensa y vivienda fueron vulnerados, a juicio de los habitantes de la comunidad el Espino, quienes interpusieron una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional, la cual admitió y suspendió todo proceso en contra de las 80 familias que residen en la comunidad.
“Suspéndase inmediata y provisionalmente el desalojo a las familias del Comunidad El Espino”, así lo ordenó la Sala de lo Constitucional tras admisión de la denuncia esta mañana.
De acuerdo al escrito de la Sala de lo Constitucional, el proceso judicial llevado por el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, omitió la inclusión de los habitantes de la Comunidad, dado que no fueron notificados del proceso judicial “nunca tuvieron la posibilidad de participar en el proceso, ni ser escuchados”, establece dictamen.
Situación que llevó a la Sala a cuestionar el efecto de la resolución del Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán. Y para efectos de dar respuesta a la demanda investigara dicha acción del Juzgado.
Los denunciantes cuestionan que no tienen calidad de “demandados”, por parte de los presuntos gestores de la denuncia, es decir, Roberto Miguel Dueñas y Miguel Arturo Dueñas, que se basaron en la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles (LEGPRI), para que el Juez ordenase el desalojo de las 80 familias que han vivido en el lugar por más de 25 años
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos acompaña a afectados
«A mí me parece una situación de gravísima injusticia. Es la prueba de cómo el sistema jurídico, aunque esté apegado a la legalidad, puede estar al servicio de una familia poderosa y legitimar el atropello a muchas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. El desalojo es una decisión injusta que favorece al poderoso económicamente y atropella a los débiles.», dijo el Procurador David Morales.
El funcionario reconoció además los esfuerzos de la administración del Presidente Salvador Sánchez Cerén para buscar alternativas de solución a las familias afectadas.
«Observo positivamente que el gobierno haya abierto un diálogo para buscar medidas alternativas para que las familias puedan instalarse en otros terrenos de condiciones dignas básica. La PDDH está participando en este diálogo e incluso hemos propuesto instalaciones de la procuraduría (para asilarlos) el señor juez de la causa está obligado a permitir todo el tiempo necesario para buscar más alternativas para estas familias», agregó. Mientras, de las 80 familias que habitan la comunidad El Espino, un aproximado de 20 familias se han trasladado voluntariamente. Los habitantes que quedan manifestaron que permanecerán a la orilla de la calle con sus pertenencias a la espera de más alternativas por parte del gobierno.
José Alfaro, habitante de la comunidad El Espino, explicó la razón por la que mantienen la postura de no trasladarse. «Nos han dicho que nos van a trasladar ‘temporalmente’ a un albergue en Mejicanos, pero tampoco nos dicen por cuánto tiempo.
Nosotros no queremos ser trasladados ahí porque nuestros niños y jóvenes peligran por la situación de violencia. Nosotros queremos que nos trasladen a un terreno que sabemos está disponible aquí en la zona”, afirmó. La finca El Espino es una extensión de un mil 100 manzanas de terreno utilizado para cultivo del café durante décadas antes de la Reforma Agraria de 1980, durante el gobierno del expresidente Napoleón Duarte que expropió a la familia Dueñas el inmueble.
Posterior a este evento fueron tres administraciones del partido ARENA, las que definieron la situación de El Espino, en 1995 (Armando Calderón Sol 1994-1999), la Asociación Cooperativa “El Espino” productora de café adquirió del gobierno 686 manzanas y 3 mil 846 varas cuadradas, por un monto de 6 millones de dólares. Sin embargo, se convirtió en una deuda impagable, que obligó a los cooperativistas a vender 55 manzanas de su patrimonio.
Y la otra parte del terreno fue devuelta a familia Dueñas, que negociaron esas tierras con el Grupo Roble, empresa constructora de la familia Poma que ejecutaría un proyecto de unidades habitacionales de lujo.
Mientras, en 1998, la Finca El Espino vuelve a ser dividida y contó con el apoyo de los partidos conservadores ARENA y PCN, que declararon esas tierras sin “valor económico” por no estar urbanizados; luego el Consejo de Ministros resuelve donar 8 manzanas a la universidad privada José Matías Delgado y 4 manzanas a la Fundación Empresarial de la Educación (FEPADE).
Asimismo, de esos terrenos 100 manzanas fueron adquiridas por el gobierno central, para construir la Cancillería de la República y la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios.
Fue hasta el año 2003, que la Asamblea Legislativa emitió el decreto 432 para proteger El Espino como una reserva forestal y suelo. Y el decreto 433 que otorgó 128.6 manzanas de la zona para dar vida a un “parque ecológico”.
No obstante, el Ministerio de Obras Públicas en el año 2006 (Antonio Saca 2004-2009) que construía una carretera de cuatro carriles daño 4.3 manzanas del terreno de las comunas, pero solo sería la de San Salvador la que demandó por delitos forestales el accionar de esa cartera de Estado.
El daño que ocasionó el “error del trazo” costó al área protegida su capacidad de recarga hídrica; la diversidad de las especies y el anidamiento de aves y la vida silvestre. Posterior a este incidente se construyó un parque que ejecutó el exalcalde Norman Quijano que llamó “Bicentenario”.
Más allá, de los conflictos económicos y políticos generados con la Finca El Espino, no se debe perder de vista el valor ecológico que tiene como un “pulmón natural” entre los municipios de San Salvador y Antiguo Cuscatlán, que provee el abastecimiento de agua y la purificación del aire.
