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Denuncia malos tratos dentro del Penal de Usulután
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
“Quiero manifestar públicamente que yo fui capturado cuando me dirigía a trabajar y me tomaron como uno de los delincuentes más buscados”, expresó Sabino Ramos este viernes, dos días después de su liberación tras estar cuatro años detenido en el Centro Penal de Usulután.
Sabino, en conferencia de prensa, relató que él no había cometido ningún delito y se sorprendió cuando lo detuvieron “porque yo he trabajado con la Constitución, he sido promotor social y de salud y he visto un poco las leyes en donde sé, cuáles son los delitos que pueden ser castigados a la persona que incumple esas leyes”.
“Yo no estoy de acuerdo que tiene que ser castigado a una persona solo porque es alguien se le antoja, en mi caso, nunca anduve en grupos delincuenciales y me ha tocado vivir la vida de cómo sufren los que sí la deben”, lamentó Sabino Ramos.
Sabino relató que en la prisión le hicieron aguantar hambre 30 días; “una tortilla nos daban al día y con eso pasábamos”, tampoco se bañaba, porque no les daban agua y se dormían en lo oscuro porque no había luz. De hecho, Sabino relata que pasó tres meses sin poder ver la luz del sol y en las celdas de castigo, estaban mezclados con miembros de pandillas. Pasó cuatro años incomunicado con su familia. Le tocó dormir en el suelo y despertar “chispeado” de sangre, ya que en el suelo permanecían insectos.
El día de su liberación, el 22 de abril, lo llamaron a las 8 de la mañana y le gritaron que saliera a la puerta, ni le informaron que lo iban a dejar en libertad. Un custodio lo dejó hasta la “guardia” y ahí le hicieron que firmara y ahí, le dijeron que “iba libre”. “Yo me sentí con una alegría y firmé”, recuerda Sabino.
Al momento de su liberación, le proporcionaron un pantalón y una camisa, le hicieron que se la pusiera rápido. “Yo pensando en ¿cómo iba a hacer? porque no conocía (la zona) y ni tenía ningún centavo en la bolsa”, relató.
El director del penal, le preguntó qué para dónde iba, Sabino le respondió que, a Panchimalco, San Salvador. “Me dio un puñito de monedas -para el pasaje-, me dijo”, a la vez, le dijo que, en cuatro cuadras, señalándole la calle hacia dode iba a caminar, hasta llegar a la calle donde pasan los autobuses que iban para San Salvador.
Fue así como salió, luego de cuatro años detenidos, bajo el régimen de excepción, herramienta que ha dejado a miles de personas inocentes detenidas, pero que en la narrativa del gobierno “todos son terroristas”.
Fue el 10 de abril, que el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado ordenó la liberación de Sabino Ramos luego de una audiencia. El 21 de abril, su abogado, Guillermo García vertió una conferencia de prensa para denunciar que el centro penal no había acatado la orden.
Sabino es un sindicalista de la Alcaldía de San Salvador Sur, y gestor cultural de Panchimalco, fue acusado de asociaciones ilícitas. Su abogado señaló que no existen pruebas que Sabino perteneciera a pandillas o a cualquier otra asociación ilícita.
El abogado defensor de Sabino, Guillermo García, denunció que, desde el 22 de abril, fecha en que fueron a gestionar la liberación, se presentaron “varias anomalías”, pues no hubo una coordinación por parte de los custodios para entregar a Sabino a su equipo de defensa o a sus familiares, tal como lo establece la Ley Penitenciaria. “Lo liberaron y él quedó prácticamente desamparado, porque no conocía el lugar, ni tenía los recursos para retornar a su lugar de vivienda”.
“Eso nos dio motivos para buscarlo en los alrededores de Usulután, pero eso generó, que fuéramos objeto de persecución política por parte de elementos policiales”, denunció García mientras mostraba a la prensa una fotografía de un vehículo que los andaba siguiendo cuando buscaban a Don Sabino.
“Los recursos del Estado al servicio de la persecución política de los defensores de derechos humanos y de los sindicalistas. Aquí están las pruebas y es una lástima que se inviertan recursos del Estado para perseguirnos. Prácticamente estamos volviendo a la época de los Escuadrones de la Muerte, vehículos con placas particulares pertenecientes al Estado, dándole seguimiento a personas defensoras de derechos humanos”, denunció García.
A la vez, responsabilizan al Gobierno de Bukele y al aparato estatal si algo les sucede a los miembros del MDCT, ya que ellos fueron los que se identificaron en el centro penal de Usulután para exigir la liberación de Sabino Ramos.
Sabino, si bien quedó en libertad, se le impusieron varias medidas, como, por ejemplo, no salir del país, prohibición de cambiar de domicilio y si lo hace tiene que avisar al Tribunal, debe firmar cada 15 días y se le ha prohibido reunirse con personas que tenga alguna relación con pandillas.
“Cuando se reúna con miembros del sindicato, con los de su federación, con los miembros de danza, porque él es un representante cultural, un gestor cultural en Panchimalco, esperamos que no se vaya a tomar eso por las autoridades judiciales o policiales como parte de agrupaciones o incumplimiento a estas medidas”, enfatizó García.
“Don Sabino tiene derecho a reinsertarse a la vida productiva, a rehacer su vida mientras está en libertad y eso implica que puede hasta retomar sus actividades laborales y culturales, ese es el derecho humano que él tiene, por lo tanto, no puede seguir siendo restringido”, agregó García.
Su abogado remarcó que Sabino recuperó su libertad ambulatoria que estaba restringida en el centro penal, “el juez determinó que había que cambiar estas medidas porque ha considerado de que no hay suficientes elementos en su contra de los delitos que le atribuye por parte de la Fiscalía General de la República; y a la vez los arraigos que se presentaron por la defensa técnica demuestran de que son muy sólidos, una persona con mucho historial cultural y social y es importante destacar porque esto es la muestra viviente de que hay personas encarceladas por puras motivaciones políticas”.
El Movimiento por la Defensa de la Clase Trabajadora en conferencia de prensa también pidió la liberación de otros sindicalistas detenidos bajo el régimen de excepción que ya tienen órdenes de libertad como es el caso de Giovanny Aguirre, estudiante universitario que su familia ha luchado por demostrar su inocencia.
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