Ruth López sufre enfermedad y maltrato

Redacción Diario Co Latino

La abogada Ruth Elenora López, en prisión desde hace un año, fue intervenida quirúrgicamente la noche del sábado 16 de mayo y dada de alta sin el debido reposo posterior a la operación.

Así lo reveló ayer La Prensa Gráfica. En una nota publicada en su edición impresa, el medio matutino informó que López fue trasladada e internada en el Hospital de la Mujer para eliminar nódulos de los que se desconoce si son malignos.

Citando fuentes allegadas al caso que pidieron reservar su identidad, La Prensa Gráfica también informó que la abogada fue sacada del hospital sin el debido reposo por la cirugía.

Diario Co Latino confirmó dicha información con varias fuentes conocedoras del caso, quienes expresaron su preocupación por la situación de salud de Ruth López y los malos tratos que podría estar sufriendo.

“Es preocupante su situación de salud y es indignante que el sistema (penitenciario y de salud) la traten de esa manera”, dijo una de las fuentes, refiriéndose a que Ruth López habría sido devuelta al centro penal inmediatamente después de ser operada sin el debido reposo y recuperación.

Un médico especialista, consultado para esta nota periodística, advierte que “sin la debida recuperación post operación pueden suceder hemorragias, hipotensión, colapso síncope cardiovascular, embolismos pulmonares o embolismos arteriales que pueden tapar arterias celebrales”.

“Nooo, no la pueden sacar inmediatamente, porque son varias las complicaciones que pueden suceder en la fase post quirúrgica inmediata que no se pueden prever hasta varias horas después”, dice el galeno.

El médico sostiene que hasta las cirugías plásticas, que no son en áreas sensibles ni provocan sagrados, tienen tiempo de recuperación. “Aun esas personas pasan a sala de recuperación y es hasta dos a cuatro horas después que se pueden despachar”, afirma el especialista.

Ruth Eleonora López fue capturada el 18 de mayo de 2025. Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales señalan que el proceso penal en su contra constituye una criminalización y persecución judicial por su labor de denunciar injusticias y abusos de poder, defender derechos humanos y acompañar a víctimas.

En el primer aniversario de su detención arbitraria, organizaciones sociales protestaron en la entrada de la Granja Penitenciaria de Izalco, donde se encuentra recluida. También se pronunciaron organismos internacionales, congresistas extranjeros y otros actores de la comunidad internacional que reconocen el valiosa trabajo de López y denuncian su encarcelamiento injusto.

El 1º de julio de 2025, la organización Amnistía Internacional declaró a López “presa de conciencia” y exigió su libertad. Y el 23 de septiembre del mismo año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para proteger su integridad y su vida.

Entre estas medidas está la de buscar alternativas a la prisión preventiva, pero hasta esta fecha (ocho meses despúes) el tribunal competente se ha negado a realizar una audiencia especial para evaluar esa posibilidad. “Su situación de salud debería presionar por el otorgamiento de medidas, ella no puede seguir en prisión”, dijo una fuente.

Otra de las fuentes dijo a Diario Co Latino que “la acusación (por peculado cuando fue asesora en el Tribunal Supremo Electoral) es débil, los fiscales del caso han renunciado porque no encuentran fundamentos legales y ella debería salir en la próxima audiencia”.

“Lo que han hecho con Ruth es una total injusticia, una canallada”, dice la fuente. “Ni el régimen más autoritario trata de esta manera a quienes promueven y defienden derechos de la gente, pero éste sí lo hace”, concluye una de las fuentes que hablaron bajo anonimato con este medio.

CRISTOSAL, la organización donde Ruth López trabajaba antes de su captura, ha registrado 245 casos de criminalización y persecución política, de los cuales -al menos- 86 están encarcelados. Además, de Ruth López, destacan, entre otros casos, el también abogado Enrique Anaya, el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral Eugenio Chicas, los dirigentes de la Alianza El Salvador en Paz, el defensor de derechos humanos Fidel Zavala y el sindicalista Giovanni Aguirre. Este último está literalmente desaparecido en el sistema penitenciario.