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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Un grupo de agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil (PNC), en vehículos sin placas, flanqueaba el pequeño hotel en donde representantes de la Comunidad de Santa Marta – ADES daban sus declaraciones a los periodistas sobre la captura de seis de sus miembros, lo que generó una situación de tensión entre las organizaciones de la sociedad civil allí representadas. “La Comunidad Santa Marta revivió prácticamente el dolor de la guerra civil -lo menciono- porque alrededor de la una de la mañana (del 12 de enero), nos enteramos que llega la Fiscalía y la PNC con muchos elementos policiales, siendo indignante y frustrante para todos los habitantes en el sentido que nos llegan con un ataque a nuestra comunidad y, a nuestros líderes comunitarios”, relató Alvarenga.
Asimismo, explicó que estos líderes que fueron capturados, forman parte del “eje de nuestra lucha social por la comunidad”, y que era frustrante comprobar que se trata de un nuevo intento de debilitar la “organización comunitaria” arraigada y construida en la comunidad Santa Marta.
A 98 kilómetros de San Salvador, se encuentra el departamento de Cabañas, en la zona paracentral del país, y en el cantón Santa Marta, municipio de Victoria, en octubre de 1987, aún en pleno conflicto armado, se instaló la población repatriada que huyó hacia Honduras, en el marco de la Guinda de del 18 de marzo en 1981, que ejecutó el ejército salvadoreño.
“Nosotros y nosotras que hemos vivido en Honduras, prácticamente nuestra niñez y adolescencia exiliados por el conflicto armado. Ahora, viene la Fiscalía y otras instituciones a atacarnos de esa forma y capturar a nuestros compañeros que están al lado de nuestras luchas, eso es indignante”, reiteró.
“¿Cuál es el objetivo del Estado en este caso?, todos y todas sabemos que las comunidades repobladas se han sido caracterizadas por una organización de lucha y hacer frente a todos los ataques que el Estado prácticamente ha hecho en la historia. Y sabemos que al Estado no le conviene que este tipo de comunidades organizadas existan, por tanto, han tratado de debilitarnos, pero como sanmarteños vamos a hacerle frente”, apuntó Alvarenga. La captura de Antonio Pacheco, director de ADES, el jurídico Saúl Rivas, y los líderes comunitarios: Pedro Antonio Rivas, Alejandro Laínez y Miguel Gámez, es considerado por sus habitantes como un “ataque” contra la población de Santa Marta, señalaron diferentes miembros de la comunidad, al señalar que han interpuesto diversas denuncias ante la Fiscalía General de la República y otras instancias sobre los delitos cometidos por el ejérito salvadoreño en las masacres del Río Lempa y de Santa Cruz, en donde fueron asesinadas muchas personas y ningún caso ha sido investigado.
Leonel Rivas, manifestó que les ha sorprendido la captura realizada en horas de la madrugada, pero mucho más les asombra “el manejo que está realizando el Fiscal (Rodolfo Delgado) y otras autoridades”, agregó, al presentar copias de los mensajes publicados en relación a lo ocurrido en torno a la captura.
“Ha dicho que son 6 excombatientes de la guerrilla y en otros -dice- que son seis comandantes. Tenemos impresos esos mensajes y esa es la idea que han intentado sembrar en nuestras retinas, y también en nuestro cerebro desde el día de ayer (miércoles), pero no han dicho nada de ¿Quiénes son esas personas?, no han dicho nada que esta gente tiene una vida normal muy activa en nuestro país”, señaló.
“El Fiscal no ha dicho que son campesinos, que tienen familia y que como tantos salvadoreños acabada la guerra interna han construido su vida, un hogar desde sus organizaciones, un trabajo de servicio a las comunidades. Por eso estamos aquí, porque creemos que es sumamente importante que este país conozca la versión de quienes si conocemos a esas personas”, subrayó Rivas.
Rivas reconoció que la comunidad Santa Marta enfrentan un gran desafío frente a lo que calificó la “maquinaria mediática del gobierno”, que agregó suele “colocar sus calificativos” o que publican lo que es positivo para ellos, versus los testimonios de pobladores que comparten no solo la historia de su repatriación sino también su empeño de superación como pobladores.
“Cuando los acusan de agrupaciones ilícitas a nuestros compañeros nos preocupa, porque es el delito que se aplica en el marco del Régimen de Excepción, y nos preguntamos a qué se refieren con esto en la acusación, porque ellos son veteranos, o acaso se refieren al hecho que pertenecieron en aquellos tiempos a la guerrilla”, expresó.
“Creemos que si ese es el planteamiento, lo que pasó con la firma de los Acuerdos de Paz (1992) queda totalmente anulado y esa figura la seguirán utilizando en estos tiempos. Porque este gobierno tiene funcionarios que participaron (en el conflicto), entonces, ¿serán estas personas también parte de estas estructuras ilícitas?”, cuestionó Rivas.
Asimismo, Rivas, denunció que el 17 de agosto de 2022 recibieron en la comunidad la visita de una Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la República, quienes llegaron junto a miembros de la Policía Nacional Civil, para reunirse con familiares, y el Comité de Memoria Histórica de Santa Marta.
“Dijeron que habían llegado porque quería investigar el caso de la masacre de Santa Marta. A lo que respondimos que no éramos un caso, sino que Santa Marta tenía muchos casos y hechos que podían investigarse”, afirmó.
“Esto nos llamó la atención porque en Santa Marta se habían hecho otros procesos antes- pero nos dijeron- que el expediente que tenían del caso de Santa Marta, era un documento que verificamos era del 20 de junio de 2022. Era un expediente -que según dijeron- era un caso que iba corriendo y ahora entendemos aquella urgencia porque nos salieron con esto”, comentó Rivas.
Milton, hijo de uno de los capturados, exigió a la Fiscalía un “proceso transparente frente a los procesos amañados “que se han conocido en los últimos años y esperaba que esta detención no obedezca a una “agenda política” de algún tipo.
“Recordemos que el conflicto se dio por este tipo de situaciones, entonces, queremos que las instituciones operen de manera transparente y sigan el proceso adecuado.
