Relatora de la ONU expresa preocupación por situación del abogado Luis Rivera

Saúl Méndez

Colaborador

La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó su preocupación por la situación del abogado y defensor de derechos humanos Luis Rivera, tras conocer denuncias sobre presuntos actos de vigilancia, hostigamiento e intentos de acceso no autorizado a sus cuentas personales en El Salvador.

A través de un pronunciamiento, Satterthwaite señaló que su mandato ya había manifestado preocupación por los ataques, intimidaciones y presiones contra profesionales del derecho en el país, así como por las consecuencias que estas prácticas pueden tener para el ejercicio independiente de la abogacía.

La relatora recordó que, de acuerdo con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados, los Estados deben garantizar que estos profesionales puedan desarrollar sus funciones sin intimidaciones, obstáculos, acoso o injerencias indebidas, y sin temor a persecuciones o represalias por el ejercicio legítimo de su labor.

El pronunciamiento se produce después de que el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD), el Observatorio Regional de Derechos (ORD), el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) y el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) denunciaran presuntos actos de hostigamiento contra Rivera. Entre los hechos señalados mencionaron la presencia policial en las cercanías de su vivienda y posibles intentos de acceso no autorizado a sus cuentas personales.

El ORD advirtió que estas situaciones podrían representar riesgos para la integridad, seguridad y privacidad del abogado y su familia. Asimismo, las organizaciones sostuvieron que los hechos denunciados forman parte de un posible patrón de vigilancia, seguimiento e intimidación contra profesionales del derecho y personas defensoras de derechos humanos en el país.

Como antecedentes, el observatorio mencionó las denuncias de hostigamiento policial contra la abogada Roxana Cardona y los señalamientos de vigilancia y seguimiento contra el abogado Guillermo García. También recordó las detenciones de la abogada Ruth López, en mayo de 2025, y del abogado constitucionalista Enrique Anaya, en junio del mismo año.

Las organizaciones señalaron que este tipo de prácticas puede propiciar la autocensura, restringir el ejercicio independiente de la abogacía y debilitar las capacidades de organización y denuncia de la sociedad civil, con posibles repercusiones en el funcionamiento democrático.

El ORD también recordó que la defensa de los derechos humanos constituye una actividad legítima y que el Estado salvadoreño tiene la obligación de garantizar la integridad personal, la privacidad, la libertad de expresión y asociación, así como el ejercicio independiente de la profesión jurídica e instó a las autoridades a prevenir e investigar cualquier acto de intimidación o represalia relacionado con la labor de Rivera.

Satterthwaite reiteró que la protección de quienes ejercen la abogacía es una garantía fundamental para el acceso a la justicia, el derecho a la defensa y la independencia del sistema judicial.