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Redacción Nacionales
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El presidente del Colegio Médico de El Salvador, Iván Solano Leiva, advirtió sobre las prioridades del presupuesto del Ministerio de Salud para 2027 y cuestionó que, pese al incremento global de recursos asignados a esa cartera de Estado, se proyecten recortes para la mayoría de hospitales nacionales y para el primer nivel de atención, mientras aumentan considerablemente las partidas destinadas al Hospital Nacional El Salvador y al programa de telemedicina Doctor SV.
Durante una entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán, Solano sostuvo que las cifras presupuestarias permiten identificar contradicciones entre el discurso oficial sobre los avances del sistema sanitario y las condiciones reales en las que funcionan los establecimientos públicos de salud.
Según los datos presupuestarios, el Ministerio de Salud tendría una asignación de 1 493 millones de dólares para 2027, frente a los 1 345 millones destinados en 2026. Esto representa un incremento aproximado del 11 % en el presupuesto general de la institución.
Sin embargo, el presidente del Colegio Médico señaló que el aumento no significa necesariamente una mejora en la capacidad de atención de la población, debido a que la distribución de los recursos contempla reducciones importantes en áreas fundamentales del sistema.
Recortes en hospitales y unidades de salud
Solano detalló que la asignación destinada a los 29 hospitales nacionales disminuiría un 16.2 %, al pasar de $492 millones a $412 millones. Asimismo, el primer nivel de atención experimentaría una reducción del 29.9 %, al bajar de $267 millones a $211 millones.
Para el médico, estas cifras son preocupantes, debido a que los hospitales y las unidades de salud constituyen la principal puerta de acceso de la población al sistema público sanitario.
El dirigente gremial mencionó que entre los establecimientos que enfrentarían reducciones presupuestarias están el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, el Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, el Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana y el Hospital Nacional Zacamil.
En el caso del Bloom, indicó que su asignación pasaría de $63 millones en 2026 a $54 millones para 2027, una disminución cercana al 14 %.
También señaló que el Hospital Nacional Zacamil tendría una reducción de aproximadamente $10 millones, mientras que los hospitales San Juan de Dios de San Miguel y Santa Ana enfrentarían disminuciones de $20 millones.
Solano cuestionó cómo podrán mantener la calidad de los servicios estos establecimientos si deben atender a la población con menos recursos financieros, en un contexto donde también existen dificultades relacionadas con la disponibilidad de medicamentos, insumos y personal sanitario.
En contraste, el Hospital Nacional El Salvador recibiría un incremento considerable. Según las cifras, su presupuesto pasaría de $164 millones a $287 millones, lo que representa $123 millones adicionales.
El programa Doctor SV también experimentaría un aumento, al pasar de $106.9 millones a $150.5 millones, un crecimiento del 40.8 %.
Cuestionamientos al modelo de atención
El presidente del Colegio Médico reconoció que la telemedicina constituye una herramienta útil para atender problemas de salud comunes y evitar desplazamientos innecesarios de los pacientes. Incluso manifestó que, como usuario, ha tenido una experiencia satisfactoria con el servicio Doctor SV, particularmente por la rapidez con que puede obtener una consulta, una receta o una indicación para realizarse exámenes.
No obstante, advirtió que no debe existir una diferencia tan marcada entre la atención que recibe una persona mediante una plataforma digital y la que obtiene cuando acude presencialmente a una unidad de salud.
Explicó que en los establecimientos del primer nivel de atención persisten dificultades para garantizar medicamentos y exámenes de laboratorio, lo que obliga a los pacientes a buscar alternativas para resolver sus problemas de salud.
A su juicio, la modernización tecnológica no puede sustituir la obligación del Estado de fortalecer los servicios presenciales y garantizar condiciones adecuadas en toda la red sanitaria.
Solano también cuestionó el funcionamiento de algunos hospitales, particularmente el Nacional Rosales, donde, según explicó, existen limitaciones de personal que impiden aprovechar plenamente la infraestructura y el equipamiento disponibles.
Como ejemplo, mencionó que el nuevo Hospital Rosales cuenta con 75 camas destinadas a unidades de cuidados intensivos, pero sólo siete pacientes pueden ser atendidos en esa área debido a la falta de personal especializado.
Esta situación, afirmó, provoca que pacientes sean remitidos a otros establecimientos como los hospitales Zacamil, Santa Tecla, San Rafael y otros centros de la red pública, que terminan recibiendo una mayor demanda de servicios.
El gasto de bolsillo como indicador de calidad
Al referirse a la manera de evaluar el funcionamiento de un sistema sanitario, Solano sostuvo que uno de los indicadores fundamentales es el gasto de bolsillo de las familias.
Explicó que un sistema público de calidad debe garantizar que las personas puedan recibir medicamentos, exámenes de laboratorio y procedimientos médicos sin tener que utilizar una parte importante de sus ingresos para cubrir necesidades que deberían ser atendidas por los servicios públicos.
El médico señaló que cuando un paciente debe comprar medicamentos por su cuenta o pagar estudios especializados en establecimientos privados debido a las prolongadas listas de espera, aumenta el gasto familiar y se evidencia una limitación en la capacidad de respuesta institucional.
Como ejemplo, mencionó los casos de pacientes que necesitan una resonancia magnética y reciben citas para seis meses o incluso un año después de haber sido evaluados por un médico.
Para Solano, estas situaciones deben ser consideradas al momento de valorar los resultados del sistema de salud, más allá de las campañas publicitarias o de las declaraciones oficiales sobre sus avances.
Despidos afectan la atención de los pacientes
Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la situación de los trabajadores de salud despedidos y las consecuencias de esto sobre la prestación de los servicios públicos.
Solano explicó que el Colegio Médico participó el pasado 26 de octubre en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante su 197 período de sesiones, para exponer preocupaciones relacionadas con la situación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y las vulneraciones laborales denunciadas por trabajadores sanitarios.
El gremio planteó que los despidos no solamente representan una afectación a los derechos laborales, sino que también repercuten directamente en la calidad de atención que recibe la población.
El presidente del Colegio Médico recordó que el 23 de diciembre de 2025 fueron despedidos aproximadamente 1 800 trabajadores del antiguo Hospital Nacional Rosales, sin que inicialmente se les entregaran cartas que explicaran las razones de su separación laboral.
Solano también cuestionó la falta de respuesta de la PDDH ante solicitudes de audiencia presentadas por extrabajadores del sector sanitario.
Según relató, durante la audiencia ante la CIDH expuso que algunos trabajadores habían recibido respuestas de funcionarios de la institución en el sentido de que no podían actuar contra el Estado por formar parte de este.
El dirigente consideró que esa postura contradice la naturaleza de una institución cuya responsabilidad es vigilar que las autoridades no vulneren los derechos de la población.
