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Rosmeri Alfaro
@DiarioCoLatino
La calificadora de riesgos Fitch Ratings advirtió que, aunque el presupuesto 2020 apunta a un déficit menor al esperado, la relación entre la deuda y su Producto Interno Bruto (PIB) seguirá creciendo, si no se hace un ajuste.
El Salvador necesita medidas permanentes adicionales de ingresos o ajustes de gastos para adherirse a su Ley de Responsabilidad Fiscal, que apunta a un ajuste fiscal general del 3 % del PIB de 2017-2021. Sin tales medidas, la deuda estaría muy por encima de la mediana de la categoría ‘B’, que es del 56 %, expuso la firma calificadora.
Fitch proyecta un déficit fiscal de 2.7 % del PIB para 2020, basado en el presupuesto aprobado, por debajo del déficit estimado preliminar de 2.9 % en 2019. La proyección más estrecha se debe a una nueva Ley de Amnistía Fiscal que el gobierno espera produzca $110 millones de ingresos adicionales.
El Ministerio de Hacienda informó que las calificadoras de riesgo Fitch Ratings y Moody’s han confirmado que adelantarán sus visitas al país en febrero, para reunirse con el Gobierno y revisar la calificación país.
“Estamos positivos con la noticia; sobre todo, porque Fitch ha destacado en su informe periódico su beneplácito sobre la aprobación del presupuesto 2020 y manifiestan que el plan de gasto refleja prioridades como mejorar la seguridad, la educación y la infraestructura social”, manifestó el ministro Nelson Fuentes.
En su más reciente informe, Fitch afirmó que el Gobierno está tratando de mejorar el clima comercial al acelerar los permisos comerciales, reducir la burocracia y mejorar el intercambio de información entre las agencias públicas para agilizar el registro comercial.
“En principio, las calificadoras están positivas con los esfuerzos realizados para mejorar el clima de negocios, resaltan la alta aprobación que la población tiene sobre el presidente Nayib Bukele y los resultados notables en materia de seguridad, gracias al plan Control Territorial”, agregó Fuentes.
Hasta junio del año pasado, la calificadora Fitch Ratings mantuvo en “B-” la calificación
de riesgo de la deuda salvadoreña, como reflejo de los problemas fiscales.
