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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
Llegó el tiempo en el que nadie niega la imprescindible necesidad de reformar el actual sistema de pensiones. Las decisiones de la Sala de lo Constitucional de anular el único mecanismo de pago de pensiones, vuelve más urgente la reforma y dentro de ella, determinar la manera de pagar a los jubilados a partir del mes de octubre.
Quienes descalificaron la propuesta del Gobierno presentada en febrero de 2016 han tenido que reconocer que una reforma implica invariablemente configurar un fondo común que permita cumplir las obligaciones con los jubilados, la cuenta colectiva o común, o garantía solidaria y en ello está el reconocimiento de que para la mayor parte de trabajadores cotizantes será siempre imposible que sus propios ahorros garanticen al menos una pensión mínima; es el Estado quien la garantiza y paga, es la solidaridad estatal la real garantía del pago de pensiones.
La propuesta reformulada por el ministro de Hacienda, y presentada el pasado 13 de julio, tiene como elemento de aproximación con la posición de los partidos de la derecha, el dejar en manos de las AFP el manejo de los ahorros; crea un Fondo Colectivo con aporte estatal equivalente al 5% de los ingresos corrientes netos cada año, con el ahorro de los cotizantes, equivalente al 8% del salario y con la transferencia del 50% de los Certificados de Inversión Previsional. Vale decir que sobre ellos el Estado agregaría el pago de intereses y capital a esa proporción de CIP.
El ahorro del trabajador en el Fondo Colectivo, así como los intereses, formarán parte de la pensión que este obtenga al cumplir los requisitos de jubilación, los que serán sumados al 5.5% que será ahorrado en la cuenta individual. Ambas manejadas por las AFP.
La comisión a pagar a las AFP se disminuiría de 2.2% del salario al 1.5% del salario de cada cotizante; con ello se pagará la utilidad de la AFP y el seguro; y las pensiones máximas serán de 2 mil dólares. Cuando el cotizante no alcance los requisitos para obtener una jubilación (los mismos de hoy: 25 años cotizados y 55 años las mujeres y 60 años los hombres), obtendrá su derecho a la devolución de lo ahorrado en el fondo colectivo y en la cuenta individual así como los intereses de ambas cuentas. La devolución se haría en anualidades, en dependencia de lo ahorrado, las cuales serán equivalentes a 12 y media pensión mínima, y el trabajador mantendrá su derecho a atención médica en el Seguro Social.
La existencia del Fondo Colectivo servirá para pagar las pensiones en curso, la pensión mínima, y de sobrevivencia. Ello permitirá asegurar que el pago de las pensiones tenga siempre una fuente segura para su pago.
El resultado de esta propuesta, una vez aplicada la metodología actuarial, daría como resultado una mejora sensible en las pensiones futuras, así como de los ahorros, para quienes tengan devolución.
La diferencia con la propuesta de las AFP, avalada por los partidos de derecha, radica en que el aporte del 5% del salario a lo que llaman Fondo de Garantía Solidaria, no sería parte de la pensión, el cual, sumado a una comisión mayor, daría como resultado una pensión menor a la actual y por supuesto a la que resultaría de aprobar la propuesta del Ministerio de Hacienda. Además, se aportaría a ese fondo común una parte de la pensión, de acuerdo al monto de la misma, siendo el 3% lo menos y el 10% lo máximo, con lo que los pensionados actuales serían desfavorecidos.
En ambas propuestas serán las AFP las que manejen el ahorro, la inversión y los intereses.
Para los diputados y diputadas del FMLN, lo esencial a defender es el interés real de las y los trabajadores y jubilados; por eso tenemos claridad que en la propuesta del ministro de Hacienda se garantiza el ahorro de cada trabajador y cada trabajadora; se mejora el ahorro y la pensión que los activos obtendrían y se garantiza la sostenibilidad, es decir, que siempre exista dinero para pagar a quienes hayan obtenido una pensión o el derecho a la devolución de lo ahorrado.
Ya no estamos en 1996, cuando se privatizó el sistema; hoy la propaganda sucia y mentirosa no puede ocultar la realidad de los números y la clase trabajadora está atenta de lo que se haga con su seguridad social; la previsión requiere garantías mínimas, las que no fueron consideradas en el pasado y solo se difirieron y escondieron en deuda que hoy estamos pagando caro.
