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En el marco del cierre del penal de Cojutepeque, el vicepresidente Óscar Ortiz y autoridades de Seguridad anunciaron la implementación de una reforma estructural al sistema penitenciario. El propósito es reducir el hacinamiento, generar condiciones para la rehabilitación y evitar el cometimiento de delitos que son ordenados desde las cárceles.
El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, explicó que se trata de un conjunto de medidas de corto, mediano y largo plazo orientadas a construir “un sistema penitenciario ordenado, seguro y humano”.
La reforma inició con el bloqueo de las telecomunicaciones en los perímetros de las cárceles desde donde los jefes pandilleriles ordenan extorsiones, asesinatos y otros delitos; y ahora continúa con el cierre de los reclusorios ubicados al interior de centros urbanos, como en Cojutepeque, San Miguel, entre otros.
Los internos de esas cárceles serán traslados a otros centros penales o puestos en reclusorios provisionales, mientras se construyen nuevas cárceles. Las medidas de reducción del hacinamiento también incluyen vigilancia electrónica y realización de trabajos públicos de beneficio comunitario para reos no peligrosos o que cometieron delitos menores.
Aunque tardía, la reforma es aplaudible, porque los centros penitenciarios son verdaderos antros del crimen y no contribuyen a la rehabilitación de los delincuentes. A los gobiernos de ARENA jamás les interesó resolver este problema.
Por eso el país entero debe respaldar la reforma, y presionar para que diputados areneros y magistrados de la Sala Constitucional no bloqueen los fondos necesarios para tan urgente tarea. Los diputados no aprueban reformas tributarias ni préstamos para seguridad, y los magistrados no descongelan la emisión de 900 millones de dólares en bonos, parte los cuales financiarán planes de prevención de la violencia y de combate al crimen.
Además de la Sala Constitucional, la Corte Plena -dominada por personeros de la derecha- boicotea los esfuerzos nacionales por la seguridad al no avanzar en la depuración del Sistema Judicial que genera impunidad que, su vez, constituyen el principal factor que promueve la criminalidad.
Según publicaciones periodísticas, en dos años la Dirección de Investigación Judicial sólo ha sancionado a 52 jueces por “faltar a la ética”, mientras mantiene sin resolver más de 900 casos de denuncias contra jueces corruptos.
Ojalá el mismo empeño del Ejecutivo en la reforma penitenciaria, tuviera la Corte Suprema de Justicia en la depuración judicial. La ciudadanía debería presionar para que eso suceda.
