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Según lo aprobado, la Red funcionará como una entidad “descentralizada y autónoma en la administración de su patrimonio”. Sin embargo, el FNS sostuvo que la nueva entidad nace como una estructura sometida al control absoluto del Ejecutivo y no al servicio de la población.
Saúl Méndez
Colaborador
El Foro Nacional de Salud (FNS) denunció que la “Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales”, aprobada el pasado martes 19 de agosto, pone en riesgo el derecho humano a la salud en El Salvador. La organización advirtió que la normativa permite contrataciones sin licitación pública, lo que abre espacio a la corrupción y al favorecimiento de intereses privados.
La Ley fue aprobada con 57 votos a favor y 3 en contra, provenientes de los partidos VAMOS y ARENA.
La bancada oficialista aseguró que la nueva autoridad hospitalaria no sustituirá a la actual Dirección Nacional de Hospitales, dependencia del Ministerio de Salud (MINSAL). Según lo aprobado, la Red funcionará como una entidad “descentralizada y autónoma en la administración de su patrimonio”. Sin embargo, el FNS sostuvo que la nueva entidad nace como una estructura sometida al control absoluto del Ejecutivo y no al servicio de la población.
Para el FNS, el artículo 6 de la Ley refuerza un modelo autoritario y centralizado, al establecer que la Junta Directiva estará integrada únicamente por funcionarios designados desde Casa Presidencial (Capres), lo que excluye a gremios médicos, sindicatos, universidades, asociaciones y comunidades.
Ese artículo dispone que la Junta Directiva estará conformada por un presidente y un director designados por el presidente de la República, el ministro de Salud, un director nombrado por la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) y otro por la Dirección Nacional de Compras Públicas (Dinac). Los cargos tendrán una vigencia de cinco años.
«Lo que el Gobierno presenta como modernización y eficiencia es, en realidad, una normativa que concentra el poder en el Ejecutivo, debilita la participación ciudadana y los mecanismos de transparencia, castiga al personal de salud con condiciones laborales precarias, compromete la formación de futuros profesionales y abre de manera descarada la puerta a la privatización de la salud», advirtió el FNS.
La normativa también establece un régimen especial de adquisiciones y contrataciones, al margen de la Ley de Compras Públicas. Este permite contrataciones directas con una sola cotización y la realización de compras internacionales sin procesos de licitación.
El Foro expresó su preocupación porque dicho mecanismo crea un “terreno fértil” para el uso discrecional de los recursos, la corrupción y el favorecimiento de intereses privados.
Además, el artículo 26 establece que la Red no estará bajo la supervisión de la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) ni se integrará al Sistema Nacional de Salud (SNIS).
«Esto crea una isla institucional, fragmentando aún más el sistema y debilitando la rectoría del MINSAL, debilitando la integración y la coherencia con las políticas públicas de salud», aseveró el FNS.
A esto se suma un modelo laboral que impone exclusividad, genera desigualdades y restringe derechos, empujando a los trabajadores y trabajadoras hacia una lógica de mercado. Todo ello, según el Foro Nacional de Salud, configura una privatización encubierta que convierte la salud en un negocio y no en un derecho humano.
“Aunque la palabra privatización no aparece en la Ley, su contenido habilita concesiones, tercerización de servicios y contratación directa de empresas privadas, sin los controles necesarios para garantizar transparencia”, concluyó el Foro.
Advierten sobre impacto de la nueva Ley en personal de salud y academia
La Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales impone exclusividad laboral a quienes trabajen en la Red, limitando su derecho a ejercer en otros espacios, como asociaciones de salud y el sector privado, denunció también el Foro Nacional de Salud (FNS).
La organización lamentó que la normativa permita la contratación de personal extranjero en condiciones más favorables que las del personal salvadoreño y que, además, obligue a médicos residentes a cumplir cinco años de servicio compensatorio.
“Con ello no se reconoce ni se dignifica el esfuerzo de los profesionales de la salud del país; por el contrario, se precariza su labor y se coloca la formación académica bajo un control político-administrativo, debilitando la autonomía universitaria y la calidad de la enseñanza”, afirmó el FNS.
A la precarización laboral se suma que los hospitales y establecimientos de la Red pasarán automáticamente a convertirse en Hospitales Escuela. Para el Foro, esta disposición obliga a las universidades a aceptar como docentes a profesionales designados por la propia Red y a entregar las listas de estudiantes para internado, año social y especialidades, lo que atenta contra la autonomía universitaria y debilita la capacidad académica para garantizar estándares de calidad en la formación.
“De esta manera, los procesos académicos quedan sometidos a decisiones políticas y administrativas”, advirtió el Foro.
Según los artículos del 34 al 39, el otorgamiento de becas queda bajo el control absoluto de la Junta Directiva mediante un manual interno, sin criterios transparentes. Además, cada beca implica la firma de un contrato que obliga a los beneficiarios a cumplir cinco años de servicio compensatorio exclusivo, bajo condiciones salariales y sanciones definidas por la Red, lo que les prohíbe ejercer en el ámbito privado.
“La formación académica se convierte en un mecanismo de sumisión laboral, sin atender las verdaderas necesidades de dignificación y desarrollo profesional del personal de salud”, señaló la organización.
Los artículos del 40 al 44, dedicados a las infracciones y sanciones, contemplan castigos severos para los trabajadores de la salud, como suspensión laboral, revocación de licencias e incluso inhabilitación para ejercer hasta por cinco años, tanto para personal nacional como extranjero.
“La ambigüedad en la definición de ‘negligencia’, ‘impericia’ o ‘mala praxis’ abre la puerta a interpretaciones arbitrarias”, sostuvo la organización que trabaja en favor de los derechos relacionados a la salud de la población salvadoreña.
Asimismo, cuestionó que la Comisión Especial encargada de investigar sea designada por la misma Junta Directiva, lo que compromete la imparcialidad y transparencia de los procesos.
En el caso de estudiantes becados o médicos que cumplen servicio compensatorio, las sanciones son aún más rígidas: si no cumplen estrictamente las condiciones impuestas, pueden quedar inhabilitados para ejercer la medicina, informó el FNS.
«La salud pública necesita transparencia, justicia laboral y la participación de todos los actores sociales y al servicio de la población. No es un favor del gobierno de turno, ni una mercancía al servicio de intereses privados. Es un derecho humano fundamental que debe garantizarse con políticas públicas transparentes, democráticas y justas», concluyó el Foro Nacional de Salud.
