Redacción Nacionales
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La Red de Mujeres Transfronterizas Ambientalistas, que aglutina a mujeres de El Salvador, Honduras y Guatemala, expuso las amenazas que ponen en riesgo los territorios y sus cuerpos. Señalaron que el deterioro ambiental es cada vez “más devastador” y las más afectadas son las mujeres.
A través de una conferencia de prensa realizada en Copán, Honduras, el Colectivo dijo que su conexión con la naturaleza, como el agua, los bosques, ríos y el vínculo directo con las comunidades les permite afirmar “con propiedad” cómo el deterioro ambiental es cada vez “más devastador”; y el más afectado es el sector femenino, ya que cargan con las consecuencias de la escasez de agua, la contaminación y la pérdida de medios de vida.
Lisbeny Rivera, de la Red de Mujeres, señaló que los pueblos de El Salvador, Guatemala y Honduras tienen en común el río Lempa, el cual enfrenta en la actualidad “una doble amenaza”: la crisis climática, que ha provocado sequías históricas, así como la baja de caudal y pérdida de ríos, y la expansión de proyectos extractivos como el minero.
“Lamentamos mucho que entre los territorios de Guatemala y Honduras tenemos más de 600 proyectos mineros, entre estos Cerro Blanco, ahora mal llamado Era Dorada, cuya operación amenaza con contaminar aguas transfronterizas de El Salvador y afectar nuestro lago Guija que provee agua y alimento a miles de salvadoreños y guatemaltecos”, explicó Lisbeny Rivera.
Señalaron que, en Guatemala, más de 113 mil hectáreas han sido concesionadas a la industria minera, uno de los casos que ha generado graves afectaciones se dio en la comunidad Las Aradas, pues, una minera que extraía mineral llegó a la zona sin previo aviso, tras esta extracción, provocó la sequía de tres nacimientos de agua en zonas aledañas. En esta minera extraen bentonita, minería de colores para pintar.
En Asunción Mita, en ese mismo país, también se ha visto afectada por la industria melonera y areneras, que han generado deforestación indiscriminada en el territorio. Mientas que, en Honduras, la Red explicó que más de 400 mil hectáreas están bajo concesión, lo que afecta a bosques y fuentes de agua.
En el área urbana de Ocotepeque, los desechos sólidos y las descargas de contaminación “afectan directamente el cauce del Río Lempa, mientras que el uso intensivo de agroquímicos en zonas agrícolas incrementa la degradación del agua y los suelos”, Carmen Cifuentes de la Red de Mujeres ambientalistas.
Mientras tanto, la cercanía del proyecto minero San Andrés, a apenas 50 kilómetros de Ocotepeque, incrementa la vulnerabilidad de las fuentes de agua y de las comunidades que dependen de ellas.
Carmen Cifuentes enfatizó que el panorama de El Salvador no es diferente a la de los otros países con respecto al tema de la minería, la cual ha vuelto a ser legal. Cifuentes señaló que El Salvador “después de ser el único país en Centroamérica que había conquistado una ley que prohibía la minería metálica, retrocedió ese liderazgo ambiental y ahora es el más permisivo en la aprobación de proyectos depredadores”.
Es de recordar que en 2017 hubo una fuerte lucha social y ambiental de la ciudadanía y se logró prohibir la minería metálica en El Salvador, debido a los daños ambientales y a la salud de la población que ocasiona su explotación. Sin embargo, en diciembre de 2024, un día antes de Navidad, el oficialismo aprobó una nueva Ley General de Minería que permitía la explotación minera en los territorios.
Por lo que el Gobierno de Bukele demuestra que está a favor de los proyectos mineros y, además, la Red explicó que “no ha promovió el diálogo frente a Guatemala para detener Cerro Blanco y entre otros, está permitiendo en los alrededores de un lago declarado Reserva Natural Protegida en 2023, complejos habitacionales de lujo.
Por lo cual, enfatizaron que la defensa del agua, los bosques y la tierra es una defensa legítima y deben ser protegidas y garantizadas.
La Red rechaza los proyectos extractivos que se desarrollan en la región ya que ponen en riesgo la salud, la seguridad alimentaria, la vida de las personas, y vulneran los derechos de la naturaleza, agudizando la crisis de los cuidados que ya recae en las mujeres.
Janeth Valle, de la Red, exigió a los Estados de El Salvador, Honduras y Guatemala a respetar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y ambientales.
También, les instó a tomar acciones estructurales para promover la salvaguarda de la naturaleza, encaminando esfuerzos para crear condiciones que prohíban toda actividad depredadora de la naturaleza. La Red también hizo un llamado a los organismos internacionales a velar y respaldar sus solicitudes en pro de los derechos humanos que se están violentando.
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