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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Tras la resolución de la impuesta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la establece que el caso de los Jesuitas asesinados por las Fuerzas Armadas en el año 89 se reabrirá, diputados de la Asamblea Legislativa han manifestado que no se trata de justicia, sino que se tratará como un tema político.
El diputado Johnny Wright Sol, de Nuestro Tiempo, opinó que la decisión de la Sala de lo Constitucional impuesta de reabrir el caso penal de los Jesuitas, es un esfuerzo por querer legitimarse. “No es más que un afán y una actitud nefasta de la Sala de lo Constitucional impuesta de querer legitimarse”, reiteró el diputado.
“Sí, creo que se debe hacer justicia y, sobre todo, en ese caso en particular hay una deuda de justicia enorme, pero si nosotros nos ponemos a discutir o a analizar jurídicamente esa resolución, y la validamos, tendríamos que validar también el resto de decisiones y acciones posteriores que vendrán de la misma Sala, como la decisión que tomó en septiembre de habilitar la reelección presidencial”, comentó Wright Sol.
Sin embargo, a juicio de Wright Sol, la decisión de abrir el caso, no es una decisión que procura la justicia, si no que tiene otros objetivos políticos y estos pueden ser para la misma Corte o para el gobierno.
Hay que recordar que, en noviembre del año pasado, el fiscal general impuesto, Rodolfo Delgado, presentó la solicitud a la Sala afín al Gobierno para que revocara la decisión tomada por la Sala de lo Penal de septiembre 2020, la cual declaró nulidad absoluta del proceso en contra de las personas vinculadas en la masacre de los Jesuitas ocurrida en noviembre de 1989. La impuesta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió la demanda de amparo este miércoles.
El mismo presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó luego del fallo a favor de reabrir el caso. “Estamos dando un mensaje importante, y es que El Salvador está por la justicia y va a luchar para conseguirla en este y otros casos, pero es importante resaltar este porque estuvo 30 años en la impunidad con la complicidad de la ex Sala de lo Constitucional”, manifestó el mandatario.
Agregó que la resolución de la Sala es un mensaje que desde ahora en adelante “no se va a buscar solamente al delincuente de abajo. A mayor el crimen y el cargo, mayor la pena y la repercusión que debe de pagar”.
Según la Sala, existió una vulneración de los derechos a la seguridad jurídica, a la protección jurisdiccional y a conocer la verdad. A través de un pronunciamiento público, el tribunal constitucional manifestó que la Sala de lo Penal “omitió tomar en consideración que los hechos denunciados y que se pretenden investigar en el proceso penal, podrían ser considerados -al menos provisionalmente- como crímenes de lesa humanidad o crimen de guerra constitutivo de graves violaciones al derecho internacional humanitario”. A la diputada Claudia Ortiz le parece una “incoherencia”, porque, por un lado, supuestamente se está buscando justicia, pero, por otro lado, se está atacando la independencia judicial, “eso nos habla de que realmente no se busca la justicia, combatir la impunidad, lo que sí se busca, es hacer a la manera del régimen (Gobierno de Bukele) ocupar las instituciones para beneficios y para propósitos políticos partidarios”.
Dentro del documento, la Sala de lo Constitucional añadió que es notorio que, en el caso de la masacre de los Jesuitas, la investigación y determinación de la responsabilidad penal de los autores y partícipes de esos hechos resultaba muy difícil en el contexto en que aquellas pretendían realizarse, pues fueron cometidos durante el conflicto armado bajo el amparo de un aparato organizado de poder.
En razón de ello, se concluyó que la autoridad demandada aplicó “injustificadamente e inconstitucionalmente” una causa de extinción de responsabilidad penal -prescripción- para declarar la nulidad de todo el proceso instruido contra las personas, a quiénes se les atribuye autoría o participación en el caso conocido como “Masacre de los Jesuitas”, lo cual devino en una obstaculización a los familiares de las víctimas y a la sociedad en general, dijo la Sala.
Por lo tanto, la Sala estableció que se invalide la resolución emitida por la Sala de lo Penal y establece que la autoridad demandada tiene que emitir en un plazo no mayor de 10 días hábiles contados a partir de este jueves 6 de enero para emitir pronunciamiento correspondiente respecto a los recursos de casación.
La diputada Dina Argueta, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), dijo que, por años se buscó la justicia, esclarecer los hechos y conocer la verdad; sin embargo, en el contexto en el que se da la admisión de la demanda, “surgen tantas interrogantes, sobre todo por los funcionarios que lo hacen”, ya que precisó, que la petición la hizo Rodolfo Delgado, quien Nuevas Ideas lo impuso en el Ministerio Público el primero de mayo, así como los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
Mientras que el diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira, consideró que el caso de los Jesuitas era un caso cerrado, que ya estaba discutido y “un tema ya perdonado; creo que son temas que son cortinas de humo, que quieren quitar la atención de los problemas que le afectan a la población”.
Por su parte, el partido en Gobierno, GANA, ha manifestado que ven con satisfacción que el caso se reabrirá. Numan Salgado sostuvo que “los salvadoreños saben que hay una impunidad en ese caso, que se resolvió y protegió prácticamente a criminales de guerra”.
“Hemos visto que en el transcurso de la investigación se han mencionado personas que trataron de encubrir los hechos, modificando declaraciones de los testigos y de las personas que participaron para cubrir a los verdaderos culpables de esta masacre”, concluyó Salgado.
