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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
“Estamos en el Siglo XXI, donde ya no va el querer ser más listo, pasar por encima del otro. Y en un país democrático como este, las leyes tienen que ser justas”, dijo el Arzobispo de San Salvador José Luis Escobar, al reaccionar sobre la entidad que debe regular la administración del agua en el país, bajo potestad del Estado salvadoreño.
El anteproyecto de la Regulación Pública de Aguas con Participación Ciudadana, fue presentada por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, la Iglesia Católica, y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), con el fin de abonar a la discusión y zanjar sobre el impasse sobre el régimen de la denominada autoridad hídrica dentro de la Ley General de Aguas, que se discutirá en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa esta tarde.
El Prelado Católico afirmó que como Iglesia Católica están solidarios, preocupados e interesados con este proyecto, y reiteró la importancia de aprobar la ley general de aguas, y consideró válida la propuesta que han presentado ante la Asamblea Legislativa.
“Es necesaria la institucionalidad para la regulación pública de aguas, tiene que ser una regulación pública y porque es el Estado el obligado a garantizar el acceso a todos los ciudadanos a este recurso vital que es el agua, y su calidad de agua; pero con la participación más amplia de la ciudadanía de tal manera, que esta ley sería beneficiosa para todos. Y vale la pena que se apruebe por unanimidad y que todos (los y las diputadas) den sus votos”, sostuvo.
Mientras, la procuradora Raquel Caballero de Guevara señaló que el agua es reconocida, en el documento, como un bien público y derecho fundamental para toda la humanidad y para generar desarrollo en cualquier país del planeta.
“Es obligación del Estado garantizar, a toda la población, acceso a un recurso tan vital de manera equitativa, eficiente y sostenible, además, la dramática crisis en El Salvador sobre la disponibilidad, calidad y acceso es ampliamente reconocida y científicamente documentada. Y el tema de rectoría de agua ha sido el obstáculo para contar con una ley general de aguas durante los últimos once años”, argumentó.
Omar Serrano, vicerrector de la UCA, destacó que nadie puede estar en contra, que el agua sea un derecho para la población salvadoreña, sin embargo, en El Salvador aún no se contaba con una Ley General de Aguas, lo que lamentó de la actual legislatura. “Ese impasse se debe a la falta de acuerdos de institucionalidad rectora en la Ley General de Agua, hubo 93 artículos que llegaron a consenso y eso es muy bueno, por eso nuestra propuesta junto al Arzobispado y PDDH, se centra precisamente en la institucionalidad. El agua no tiene color político, es un derecho de todos y todas y les digo a los partidos políticos, señores y señoras diputadas, que ya es tiempo de reanudar la discusión en serio”, puntualizó.
