Proyecto fotovoltaico en occidente genera preocupación por afectaciones ambientales, afirma Ángel Flores de MILPA

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La construcción de un parque fotovoltaico en la finca Santa Adelaida, ubicada en la Reserva de la Biosfera Apaneca-Ilamatepec, ha provocado el rechazo de comunidades del norte de Izalco y de la Mesa de Intercambio y Solidaridad para la Protección del Medio Ambiente (MILPA), que denuncian que el proyecto avanza sin un proceso de consulta con la población y podría poner en riesgo un área considerada estratégica por su riqueza ambiental, arqueológica y cultural.

Durante una entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán, el representante de MILPA, Ángel Flores, aseguró que el proyecto impulsado por la empresa Volcano Energy representa una nueva amenaza para territorios considerados de alta importancia ecológica, debido a que la reserva fue reconocida por la UNESCO en 2007 como Reserva de la Biosfera por su biodiversidad y por la convivencia entre las actividades humanas y los ecosistemas.

Según Flores, el parque fotovoltaico pretende instalarse en una zona de recarga hídrica y de corredores biológicos donde existen sitios considerados sagrados por comunidades indígenas, además de vestigios arqueológicos y áreas de producción agrícola.

La preocupación aumentó luego de que habitantes de las comunidades Chorro Arriba, Chorro Abajo, La Ceiba, Junta La Ceiba y Cuyagualo denunciaran que representantes de la empresa sostuvieron una reunión para informar sobre el proyecto, pero sin desarrollar un proceso de consulta previa, libre e informada con la población, como exigen la ley y los habitantes del sector.

De acuerdo con la información presentada por MILPA, inicialmente la empresa habría informado que el proyecto abarcaría 35 manzanas; sin embargo, podrían ser 100 manzanas, el tmaño de la Finca. Pero, pobladores aseguran que personal de la compañía ha realizado negociaciones para adquirir más terrenos, lo que podría ampliar considerablemente el área del proyecto.

Flores afirmó que la finca Santa Adelaida constituye un corredor biológico donde existe una amplia biodiversidad y producción agrícola que abastece a las comunidades cercanas, además de generar ingresos para numerosas familias.

«Estamos hablando de un territorio indígena donde existen lugares sagrados y una importante diversidad biológica. La preocupación es que este proyecto se desarrolla sin consulta y podría afectar directamente a unas 2,500 familias», señaló el ambientalista durante la entrevista.

El representante de MILPA sostuvo que la organización inició un acompañamiento con las comunidades luego de recibir denuncias sobre el proyecto y aseguró que se prepara una estrategia que contempla acciones de comunicación, procesos jurídicos y mecanismos internacionales para denunciar las posibles afectaciones.

Explicó que, además del trabajo legal, buscan fortalecer la organización comunitaria y articular esfuerzos con otras comunidades del país que enfrentan conflictos similares derivados de megaproyectos energéticos y de infraestructura.

Durante la entrevista, Flores aseguró que el caso de Izalco forma parte de un proceso más amplio que, según la organización, incluye proyectos de minería metálica, carreteras, rellenos sanitarios, desarrollos urbanos, centros de datos y generación energética en distintas regiones del país.

A juicio del dirigente ambiental, estas iniciativas forman parte de un modelo que está transformando el uso del territorio salvadoreño mediante proyectos de gran escala que, generan conflictos por la tierra y los recursos naturales.

Como parte de ese panorama, Flores dijo que el país se ha dividido en tres franjas. La primera es la cordillera del norte que enfrenta presiones derivadas de proyectos mineros, por lo que se conoce como la franja “el dorado”. La segunda franja es la cordillera volcánica, que registra procesos de urbanización y desarrollos turísticos, y, la tercera, la franja costera que experimenta conflictos relacionados con proyectos inmobiliarios, aeroportuarios y energéticos.

 

El ambientalista también retomó denuncias formuladas anteriormente por MILPA sobre el Aeropuerto del Pacífico y otros proyectos desarrollados en la zona oriental del país.

Según explicó, la organización mantiene cuestionamientos sobre el impacto ambiental derivado de la construcción del aeropuerto, particularmente por la destrución del bosque tropical seco, el entubamiento de tres ríos que pasaán bajo la pista,  y los procesos de adquisición de tierras a comunidades que anteriormente ocupaban esos territorios, algunos literalmente despojados.

Flores afirmó que solo diez familias fueron reubicadas tras la adquisición de sus propiedades, pero no les han enregado escrituras, y corren el riesgos de ser despojados nuevamente.

Flores aseguró que existen comunidades que continúan denunciando problemas relacionados con la tenencia de la tierra y el reconocimiento legal de los nuevos asentamientos.

Asimismo, indicó que MILPA ha identificado un incremento en los conflictos por el uso del suelo en la franja costera. Según datos presentados por la organización durante la entrevista, actualmente registran 62 comunidades campesinas e indígenas afectadas por distintos proyectos de desarrollo, cifra superior a las 54 comunidades contabilizadas el año anterior. De acuerdo con sus estimaciones, esto afecta a más de 12,000 familias.

Entre esos casos mencionó la construcción de otra planta fotovoltaica en la comunidad El Icacal, donde, según afirmó, el proyecto habría reducido el acceso de los habitantes al manglar y modificado áreas anteriormente utilizadas para actividades agrícolas y recolección de recursos naturales.

El representante de MILPA sostuvo que las comunidades no se oponen al desarrollo, sino al modelo mediante el cual se impulsan los proyectos sin incorporar a la población local en la toma de decisiones, mucho menos de los beneficios.

Durante la entrevista insistió en que los habitantes demandan procesos de consulta, transparencia y garantías para la protección de los ecosistemas y de los derechos territoriales de las comunidades indígenas y campesinas.

El representante de MILPA anunció que continuarán documentando los casos y promoviendo acciones legales y de incidencia nacional e internacional para acompañar a las comunidades involucradas.