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Sindicalistas del CENTA y productores de semilla certificada protestan frente a la FGR para pedirle al fiscal general Douglas Meléndez que desaloje a usurpadores de terrenos, ya que ponen en riesgo la soberanía alimentaria. Foto Diario Co Latino/Ludwin Vanegas.

Productores de semilla exigen al fiscal tomar acciones legales contra usurpadores de terreno

Oscar López
@OscarCoLatino

Asociaciones y cooperativas de productores de semilla certificada llegaron a la Fiscalía General de la República (FGR) a exigir al titular de la institución Douglas Meléndez que tome acciones legales para desalojar a un grupo de familias que invadieron terrenos del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA).

Productores de semilla certificada consideraron que la usurpación de los terrenos es grave, debido a que puede repercutir en la seguridad y soberanía alimentaria del país, ya que la semilla que allí se produce es la que se distribuye a los agricultores a nivel nacional a través de los paquetes agrícolas.

“Los cultivos de granos básicos están en riesgo de ser destruidos, contaminados o tomados por los invasores, afectando con dichas acciones la pureza de la semilla, además de la producción de semillas para la cosecha agrícola del 2019”, argumentó Arturo Guerra, representante de las cooperativas productoras de semilla certificada.

El representante de las cooperativas agregó que actualmente en los terrenos hay cultivos de cruzas simples de maíz, los que están en peligro de ser saqueados como elotes o grano por las familias que usurpan los terrenos de la institución.

Los productores de semilla indicaron que en los terrenos usurpados también se encuentran las bodegas en las que el Gobierno almacena la semilla de maíz y frijol que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) distribuirá en los paquetes agrícolas 2018.

Ana del Carmen Henríquez, representante de Sindicato de Trabajadores del CENTA, indicó que a los empleados de la institución les preocupan dos aspectos, el primero es la estabilidad laboral de más de 100 personas que se desempeñan en las áreas usurpadas.

La miembro del sindicato comentó que el CENTA hizo las gestiones ante diversas instituciones para en conjunto iniciar el proceso de desalojo de las familias que ocupan el terreno. La usurpación inició el 13 de marzo.

“Nuestras autoridades intentaron negociar con ellos, de explicarles lo que estaban contaminando y las consecuencias de interrumpir el proceso, pero no se quisieron salir, de hecho fueron más allá y se tomaron todas las áreas productivas de semilla”, concluyó Henríquez.

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