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El candidato presidencial del FMLN, Rafael Aguirre, presentó los principales ejes económicos que incluirá en su plan de gobierno para 2027 en el programa Café con PA'IS. Foto Cortesía

Rafael Aguirre plantea descentralizar la inversión y una reforma fiscal en su propuesta económica

Saúl Méndez

Colaborador

El doctor Rafael Aguirre, candidato presidencial del FMLN para las elecciones generales de 2027, reveló parte de los ejes económicos que impulsaría en caso de llegar a la Presidencia de la República.

En materia económica, el aspirante de izquierda, junto con su compañera de fórmula, Madai Santos, explicó que su propuesta se estructura en tres grandes ejes, aunque aclaró que el plan de gobierno aún se encuentra en proceso de elaboración.

«El primero es el desarrollo territorial. Consideramos fundamental descentralizar la inversión pública mediante la creación de polos regionales de desarrollo, fortaleciendo la infraestructura logística y la conectividad digital», afirmó Aguirre durante el programa Café con PA’IS.

«Si analizamos la realidad del país, la mayor parte de la inversión y de las políticas públicas se concentran en San Salvador. Para un país en vías de desarrollo como El Salvador, la descentralización es la mejor estrategia. Debemos llevar inversión a otras zonas del territorio», enfatizó.

La fórmula presidencial también expresó su interés en propuestas orientadas al desarrollo regional, como convertir a Santa Ana en un polo económico.

«Esa es precisamente la visión que compartimos: impulsar el desarrollo regional y no concentrarlo únicamente en la capital», sostuvo.

En materia de infraestructura, Aguirre planteó explorar nuevas alternativas para la generación de energía. «Por ejemplo, no entiendo por qué no se ha considerado instalar paneles solares en la zona costera. Contamos con más de 200 kilómetros de litoral que podrían aprovecharse para generar energía limpia», señaló.

Consideró que el país debería priorizar proyectos de energías renovables en lugar de continuar afectando áreas boscosas.

«En lugar de continuar deforestando áreas boscosas para desarrollar proyectos energéticos, deberíamos utilizar espacios donde el impacto ambiental sea menor y promover energías renovables. La energía solar representa una alternativa sostenible que las empresas también deberían impulsar», afirmó.

El segundo eje de su propuesta está enfocado en la reactivación productiva y la generación de empleo mediante una política nacional de industrialización.

También propuso fabricar paneles solares en El Salvador, con el objetivo de reducir sus costos y facilitar el acceso de las familias y de la industria a esta tecnología.

«La energía solar reduce considerablemente los costos energéticos para la industria y complementa otras fuentes de generación. Además, disminuye el impacto ambiental derivado de otros sistemas de producción eléctrica», sostuvo.

Planteó establecer alianzas con empresas internacionales para producir paneles solares en el país, lo que permitiría generar empleo, atraer transferencia tecnológica y ampliar el acceso de la población a este tipo de energía.

«Actualmente, instalar paneles solares en una vivienda puede costar entre 10 mil y 20 mil dólares. Ese nivel de inversión está fuera del alcance de muchas familias salvadoreñas», lamentó.

El candidato del FMLN también propuso crear incentivos para atraer inversión nacional y extranjera.

«Sin embargo, cuando hablamos de incentivos no nos referimos únicamente a exoneraciones fiscales. El principal incentivo que necesita el país es la seguridad jurídica. Ese es uno de los factores más importantes para atraer inversión y generar confianza», puntualizó.

Para Aguirre, el desarrollo económico también depende del fortalecimiento institucional.

«La economía involucra múltiples variables que también dependen del funcionamiento del Órgano Judicial y del Órgano Legislativo. Por ello, las condiciones para invertir deben construirse de manera integral», aseguró.

Según el candidato, los incentivos deben propiciar que parte de los recursos de las empresas se destinen a proyectos de responsabilidad social.

«No se trata únicamente de patrocinar equipos deportivos o donar uniformes, acciones que también son valiosas, sino de impulsar proyectos de mayor impacto como la construcción de casas comunales, caminos vecinales y otras obras que fortalezcan el desarrollo de las comunidades», expresó.

Defendió que este tipo de alianzas entre el Estado y la empresa privada permitirían impulsar polos de inversión en diferentes regiones del país.

Reforma Fiscal

El tercer eje de su propuesta contempla una reforma fiscal orientada al crecimiento económico. Esta incluye simplificar el sistema tributario, combatir la evasión y ampliar gradualmente la base de contribuyentes mediante la incorporación del sector informal.

«Ese proceso debe realizarse de manera ordenada y acorde con la realidad económica de quienes hoy operan en la informalidad», explicó.

Sostuvo que el sistema tributario requiere una revisión para garantizar una mayor equidad.

«En muchos casos observamos que, proporcionalmente, algunos sectores formales e informales terminan soportando cargas tributarias mayores que las grandes empresas. Esa situación debe revisarse dentro de un verdadero pacto fiscal», afirmó.

Aguirre indicó que el objetivo de esta reforma sería garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas sin afectar a los sectores más vulnerables. Además, planteó evaluar la aplicación de impuestos progresivos sobre bienes suntuarios, la propiedad y determinadas ganancias.

Consideró que uno de los principales obstáculos para avanzar en estas medidas es la falta de transparencia en la administración de los recursos públicos.

«Por eso hemos dicho que, si la población nos da la oportunidad de gobernar, desde el primer día eliminaremos las reservas innecesarias sobre la información pública», afirmó.

También planteó fortalecer los mecanismos de fiscalización ciudadana.

«La ciudadanía debe tener la posibilidad de ejercer auditoría y contraloría social sobre el uso de los recursos del Estado. Es necesario que cualquier persona pueda conocer con claridad hacia dónde se destina cada centavo de los fondos públicos», manifestó.

Explicó que las investigaciones sobre casos de corrupción en administraciones anteriores fueron posibles gracias a la Ley de Acceso a la Información Pública y al trabajo del Instituto de Acceso a la Información Pública.

«Lamentablemente, considero que actualmente esa institución ha perdido independencia y capacidad de actuación. Debe fortalecerse para que cumpla verdaderamente su función de fiscalización», sostuvo.

Propuso abrir el debate sobre la efectividad de los actuales mecanismos de control del gasto público.

«Incluso debemos abrir el debate sobre si es suficiente mantener el modelo actual de la Corte de Cuentas o si el país necesita una institución con mayores facultades de control», planteó.

Destacó la posibilidad de crear una Contraloría Ciudadana de Cuentas, con independencia y capacidad para auditar el manejo de los recursos públicos en las municipalidades, el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo.

«Necesitamos una institución que deje de ser vista como un mecanismo de encubrimiento y se convierta en un verdadero garante de la transparencia y la rendición de cuentas», concluyó.

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