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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
La Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS) calificó el primer año de gestión del presidente, Nayib Bukele, como “de estancamiento y retroceso ante la falta de políticas económicas nacionales y planes de desarrollo sectorial”.
CONFRAS aseguró que medidas como la reducción del presupuesto 2020 del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que pasó de $66.6 millones en 2019 a $63.3 millones este año; la eliminación del Programa de Agricultura Familiar y el recorte presupuestario de más de $1.5 millones en paquetes agrícolas, son señal de que el sector agronómico no será una prioridad para el gobierno de turno.
Entre otras medidas que la gremial de federaciones califica como anti-agrarias están la disolución de un programa de acuicultura familiar en municipios pobres, un programa de desarrollo y modernización rural y uno más de atención comunitaria y apoyo al cultivo de café.
Reprocha, además, que la actitud del Gobierno es pro-empresarial y concentra su poder en la figura del presidente Bukele cuya estrategia se ha limitado -señalan- a confrontar con otros órganos de Estado y evitar el diálogo con sectores populares.
La confederación manifiesta que ni la mitad de los hogares rurales recibieron el subsidio de $300 entregado por el Gobierno el pasado mes de abril, en calidad de ayuda para afrontar la emergencia por el COVID-19.
Acusa, además al Gobierno central de un mal manejo de la crisis de salud y que ha traído consigo la paralización de la economía por casi tres meses; señala que a falta de planes concretos, al retomar la actividad productiva, la población le demandará trabajo, alimento, agua, mejoras salariales y restablecimiento de programas sociales.
CONFRAS sugiere reactivar el Programa de Agricultura Familiar, con el fin de aumentar la productividad y rentabilidad de la producción agrícola campesina; incrementar el volumen de insumos agrícolas en los paquetes; sancionar efectivamente el acaparamiento y la especulación de precios de granos básicos; y la aprobación de la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria, la cual apoyaría a la producción nacional, a la comercialización, al abastecimiento y al acceso de la población a los alimentos.
La gremial exhorta al campesinado, cooperativas agropecuarias y a organizaciones populares a prepararse para la lucha en defensa de la vida y la democracia en el ejercicio de poder.
