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Redacción Nacionales
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“Queda estrictamente prohibido contratar personal que se encuentre actualmente laborando en otras instituciones del Órgano Ejecutivo, aun cuando presente renuncia; así como gestiones de reclutamiento de personal perteneciente a otra entidad pública o promover traslados de funcionarios o empleados, bajo cualquier modalidad”, ordenó a través de un memorándum el presidente de la República Nayib Bukele.
El mandatario enfatizó que quien no desee continuar en la institución donde presta sus servicios podrá, conforme a derecho, presentar su renuncia voluntaria, sin embargo, no podrá ser contratado por otra institución del mismo Órgano Ejecutivo.
Dijo que su eventual vinculación solo podrá darse en el ámbito privado, respetando siempre los procedimientos legales correspondientes; o en caso de que dicha persona haya estado laborando fuera del ámbito público al momento de la contratación.
“Se exige a todas las instituciones a dar estricto cumplimiento a lo establecido, con el fin de resguardar el buen funcionamiento”, señaló el mandatario a los titulares de las diferentes carteras de Estado, instituciones autónomas y demás dependencias del Órgano Ejecutivo.
Esta directriz del mandatario confirmo lo que ha trascendido en la esfera pública, con el tema del Hospital Rosales, pues, desde el momento que comience administrarlo Casa Presidencial, mediante la Red de Hospitales Nacionales, ningún empleado antiguo trabajará en el nosocomio, todo el personal será nuevo, desde el que barre hasta los cirujanos y especialistas.
En redes sociales la población ha manifestado que esta decisión de Bukele va encaminada en una lógica de sometimiento absoluto, es decir, si alguien no está dispuesto a aceptar órdenes o traslados, se le niega cualquier posibilidad de seguir trabajando en el sector público.
En la práctica, esto transforma la renuncia voluntaria en una sanción encubierta, porque cerrar las puertas a la movilidad dentro del Estado y castiga a quienes ejercen su derecho a decir dónde trabajar.
Además, genera un efecto intimidatorio. El personal sabe que cualquier intento de cuestionar decisiones, buscar mejores condiciones o simplemente no aceptar un traslado puede implicar quedarse sin empleo público en cualquier otra institución.
Esto debilita la autonomía profesional y convierte al Estado en un mecanismo de sometimiento laboral, más que en un empleador que respeta derechos, es un mensaje claro de que quien no se somete, queda fuera del Estado.
