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Jacobo Cruz, abogado de CRISTOSAL y Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, presentan un aviso de seguimiento ante la Fiscalía General de la República, ante intentos de hackeos a las cuentas de la APES. Foto Diario CoLatino/Cortesía

Presentan ante la FGR “aviso de ampliación” por continuos ataques digitales

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, y Jacobo Cruz, abogado de CRISTOSAL, presentaron en la Fiscalía General de la República un “aviso de ampliación” en continuación con los ataques digitales, que se siguen dando contra la APES.

El contenido del “aviso de ampliación” señala que en los meses de noviembre y diciembre del año pasado, la APES tuvo intentos de “hackeo” o vulneración a las cuentas de WhatsApp y Telegram, así como al número telefónico que han asignado al Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas, que administra la Asociación de Periodistas de El Salvador.

“Como saben, es un número para canalizar denuncias de los y las periodistas que son constantemente vulneradas y vulnerados. De ese ataque registramos 10 intentos de hackeo en la última semana de noviembre y en la primera semana de diciembre y principalmente en altas horas de la noche y madrugada”, explicó Cárcamo.

“Afortunadamente, gracias a los protocolos de seguridad que hemos activado les fue imposible hackear la cuenta. Pero es importante que se logre investigar e identificar por parte de la Fiscalía General de la República, quiénes son las personas que están atrás de los intentos de hackeo a la APES y de teléfonos a colegas”, sostuvo Cárcamo.

Asimismo, refirió que esta no era la primera ocasión que han registrado en la APES este tipo de situación, señalando que justamente en enero de 2022 “hubo un hackeo masivo”, que afectó tanto al Centro de Monitoreo de la APES como 20 cuentas de periodistas, principalmente de la capital.

Igualmente, fueron vulneradas las cuentas individuales de periodistas y de grupos de whatsapp de periodistas en donde comparten información, que fue verificada porque colocaron “información pornográfica”, lo que consideró Cárcamo una vulneración a la privacidad del oficio periodístico.

“Tenemos el caso de Pegasus que también el año pasado, dejo evidencia que hubo más de 25 periodistas que fueron vulnerados durante el año 2020- 2021, con este software espía, cuya empresa solo lo vende a los Estados en el mundo”, advirtió.

“En el caso de Pegasus justo un año en la primera semana de enero, el hackeo a periodistas que alcanzó a unos 25 a 30 colegas vulnerados se pudo comprobar por la revisión que se hizo a través de procesos técnicos de AccessNow y CitizenLab, organismo especializados en análisis de dispositivos, confirmaron que estos periodistas estuvieron expuestos a espionaje entre julio de 2020 y noviembre 2021, por medio del softwar espía Pegassus”, refirió.

¿Qué es un software?, es un conjunto de programas, instrucción y reglas informáticas que permite operar los procesos en las computadoras o teléfonos.

Y Pegasus, como un “software espía” es un sistema operativo dentro del sistema operativo del móvil que está siendo acechado y, por tanto, puede dar órdenes ocultas para tener acceso al registro de llamadas, copiar contraseñas, leer mensajes de texto y ubicar por GPS, a la persona vulnerada en su información privada.

Creado por la empresa israelí NSO Group, que solo pueden adquirir gobiernos, muchos medios de comunicación en el mundo lo consideran un software “invasivo y peligroso” , porque ha sido utilizado para espiar a activistas sociales, políticos y periodistas.

Sobre el caso de Pegasus, Cárcamo lamentó que aún no cuenten a la fecha con mayor información por parte de la Fiscalía General de la República. “Este es el tercer documento que le estamos compartiendo a la Fiscalía” , al contrastar que no cuentan ni con avances de las investigaciones de los primeros casos.

Asimismo, lamentó que del caso Pegasus únicamente se hayan realizado algunas entrevistas a un par de periodistas afectados, específicamente a miembros de la Revista Gato Encerrado. Luego, el ente fiscal, ya no continuó con el registro de testimonios con periodistas de otros medios de comunicación que se vieron vulnerados con Pegasus.

“En el caso del hackeo de las cuentas de WhatsApp, a APES, no hemos tenido ninguna notificación y en ese sentido hacemos un llamado a la Fiscalía General de la República a que haga un trabajo eficiente. Porque aquí, lo que se está vulnerando es el tema de la privacidad y el ejercicio periodístico. Debemos recordar que tenemos fuentes informativas, así también información delicada que utilizadas por manos incorrectas puede tener otros fines”, vsostuvo Cárcamo.

En cuanto al comportamiento de la Fiscalía General de la República, Cárcamo consideró que se debe contextualizar la elección del actual Fiscal General, nombrado el 1 de mayo del año pasado, cuando la mayoría de diputados del partido oficialista Nuevas Ideas lo asignó sin seguir los procesos de un Estado de Derecho. Y que fue cuestionado por organismos internacionales jurídicos y de derechos humanos.

“De no retomar el caso (Fiscalía), están demostrando que no hay independencia y tampoco hay un interés de garantizar y respetar el ejercicio periodístico. No obstante, el Estado salvadoreño se jacta en el extranjero y en sus redes sociales y discursos que aquí no se vulnera la libertad de expresión o el ejercicio periodístico”, acotó.

“Y que mayor vulneración es intervenir los aparatos telefónicos de los y las periodistas, sobre todo, con software que son comprados exclusivamente por los Estados, y mucho más grave no querer rendir cuentas de esto. Y no descartamos que ante la ausencia de una respuesta de estas entidades podamos acudir a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, reiteró Cárcamo.

Mientras, Jacobo Cruz, abogado de CRISTOSAL, manifestó, “Estamos brindando apoyo a la Asociación de Periodistas de El Salvador, porque consideramos que estas acciones se puedan constituir en un tipo de práctica, en un método de intimidación a los y las periodistas”.

“Por eso consideramos importante que la Fiscalía General de la República pueda investigar e identificar ¿Quién está detrás de este tipo de hechos?, y así, poder garantizar la libertad de expresión en el ejercicio del periodismo”, puntualizó Cruz, abogado de CRISTOSAL.

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