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Redacción Nacionales
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Organizaciones de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas presentaron este martes ante la Fiscalía General de la República (FGR) un álbum fotográfico con sus casos. Los familiares piden al Estado que se les brinde una respuesta sobre su situación.
El álbum fotográfico refleja 43 casos de personas que han sido reportadas como desaparecidas, sin que a la fecha se haya determinado quién o quiénes son los responsables de esos hechos y cuyas familias han quedado sin recibir una atención adecuada por las autoridades.
Con la presentación de este documento se pretende reiterar el llamado a la Fiscalía General de la República para que realice las investigaciones necesarias y ubicar el paradero de las personas reportadas como desaparecidas, así como determinar quién o quiénes fueron los responsables de estos hechos.
También pidieron al ente fiscal que informe y atienda en condiciones de dignidad y respeto a las familias que se presentan a las diferentes sedes fiscales a nivel nacional, a solicitar información sobre los procesos de investigación y búsqueda. Una representación de familiares y de organizaciones de derechos humanos ingresó a las instalaciones de la FGR para entregar el álbum y una carta dirigida al fiscal general, Rodolfo Delgado.
Las organizaciones recordaron que el pasado 16 de enero El Salvador conmemoró 31 años de la firma de los Acuerdos de Paz, un conflicto armado interno que dejó aproximadamente entre siete y ocho mil personas jóvenes y adultas víctimas de desaparición forzada’, que hasta la fecha sus familias siguen exigiendo verdad, justicia, reparación y cese de la impunidad.
Plantearon que a pesar de que en la actualidad los reportes de desaparición de personas atribuidos a agentes del Estado se han reducido considerablemente, “ha emergido la desaparición de personas perpetrada por particulares”, pues según un informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas (UCA), la Policía Nacional Civil (PNC) recibió entre enero de 2020 y junio de 2022 la denuncia de 4,060 personas desaparecidas, en ese contexto, “el Estado salvadoreño está en la obligación de dar respuestas ágiles y eficaces que permitan su inmediata búsqueda y localización, para salvaguardar sus vidas de las diversas vulneraciones a sus derechos”.
El caso más antiguo reflejado en el álbum data del 27 de agosto del 2007 y el más reciente del 13 de septiembre de 2022; en términos geográficos, los casos proceden de los departamentos de San Salvador, La Libertad, Sonsonate y Santa Ana; las edades de las víctimas se encuentran en el rango de 14 hasta los 45 años.
Henri Fino, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), planteó que el país “nada ha cambiado” pues “siguen desapareciendo personas” y las instituciones no hacen lo que por ley le corresponde. De hecho, las organizaciones gestionaron previamente que el fiscal Delgado recibiera el álbum, pero no fue así, “eso dice mucho del cumplimiento de las obligaciones de la institucionalidad en El Salvador”, destacó Fino.
El documento es parte del esfuerzo ciudadano que busca insistir en la necesidad de una atención adecuada, tanto para la investigación de los hechos denunciados, la ubicación de la persona desaparecida, como para que se proporcione atención psicosocial y reparaciones simbólica y material a las familias salvadoreñas ante el daño sufrido. “Con la recopilación fotográfica de casos se pretende reiterar el llamado sobre la necesidad de que el Estado tome medidas concretas ante la problemática”, señalaron en su comunicado de prensa.
En el caso de la Fiscalía General de la República, las organizaciones consideraron que es pertinente que realice las investigaciones necesarias para ubicar el paradero de las personas reportadas como desaparecidas que se encuentran en el álbum fotográfico, así como determinar quién o quiénes fueron los responsables del hecho.
También, pidieron que diseñe una estructura funcional que realice un mapeo y nómina de todos los posibles cementerios y fosas clandestinas existentes en el país, a fin de crear las estrategias de localización e identificación de las víctimas.
Pidieron que el Ministerio Público desarrolle programas de capacitación y sensibilización a fiscales en los estándares internacionales de atención a familiares víctimas de la desaparición de personas, con enfoque humanitario; así como definir mecanismos de control y supervisión del desempeño de fiscales en la atención e investigación de los casos, y establecer procesos sancionatorios para aquellos funcionarios que incumplan con las normas y enfoque de atención a las víctimas.
