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Patricio Pineda, de la Mesa por una Pensión Digna, junto a líderes de diferentes sindicatos del país, anuncia la marcha para el próximo 27 de enero, para exigir una reforma a la nueva Ley Integral de Pensiones del país, ante el presidente de la República Nayib Bukele. Foto DiarioCoLatino/Gloria Orellana.

Sindicatos marcharán y presentarán una propuesta para pensiones dignas

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

La marcha de los sindicatos está convocada para el próximo viernes 27 de enero, hacia Casa Presidencial. Patricio Pineda, representante de la Mesa por una Pensión Digna fue claro al expresar que “no vamos a guerrear contra nadie, vamos a proponer soluciones y lo que exigimos es ser recibidos por quien gobierna este país y no un empleado de segunda o tercera categoría”.

El 19 de diciembre de 2022, la comisión Ad hoc que estudió el proyecto de la Ley Integral del Sistema de Pensiones dio paso a la creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones, así como otras disposiciones que la clase trabajadora organizada en diversos sindicatos cuestionaron por su contenido, por la opacidad en el manejo de sus fondos y la inminente “crisis” que provocaría la sostenibilidad del sistema. Pineda reprochó la falta de “integralidad” de la nueva ley de pensiones, señalando dos elementos significativos: primero, seguirá generando rentabilidad las AFPs y, con mayor margen de ganancia. Y segundo, garantiza el uso irrestricto de los fondos de las cuentas de cada gobierno en turno.

“Esta ley era esperada, porque ante las promesas de un sistema de pensiones distinto, representaba una pequeña esperanza de retiro digno, pero ahora conocemos que no será posible, ya que de acuerdo al texto de la ley, en sus artículos 97, 98 , 114, 152, 157y 160, no garantiza una pensión justa que permita una vida digna al final de la vida laboral”, argumentó.

“Los posibles 400 dólares de pensión que se publicitan desde el oficialismo como un gran logro dependerán del monto de lo ahorrado en las cuentas individuales, debido a la fórmula de cálculo aplicada, que es la misma utilizada en el gobierno anterior, y condena en el sistema a las personas clasificadas como obligados a recibir pensión de hambre que en los próximo años no corresponderá a las necesidades del costo de la vida a muchos sectores”, sostuvo.

En cuanto a la sostenibilidad del sistema, señaló, Pineda, no es “alcanzable debido al déficit previsional” porque se ha elevado de manera “alarmante”, que ha llegado con la nueva Ley Integral del Sistema de Pensiones a los 26 millones de dólares, cuyo problema está vinculado a factores como el trabajo que consideran en extrema amenaza”, por el clima político de alta inestabilidad laboral que violenta el derecho social del trabajador y trabajadora.

Patricio Pineda acotó que las principales reformas propuestas por los sindicatos están en atención a los artículos 97 y 98, referidos a la fórmula de cálculo que busca en teoría proporcionar el “ratio” de cada persona, que en promedio no supera ni siquiera los 30 mil dólares, en 25 o 30 o más años de trabajo.

El “ratio” es un indicador que mide la salud financiera del sistema al establecer cuántos cotizantes están soportando los gastos derivados de las pensiones. Y la fórmula planteada en el artículo 21 de la norma técnica NSP 43, que genera un problema porque los cálculos finales que establece llegan al 20 al 21% del último “salario básico regulador” y con el aumento del 30% ( inciso 1, del artículo 98), difícilmente estas cuentas individuales en el tiempo podrán llegar a 400 dólares.

“El problema es la incoherencia en el texto de ley de pensiones, que ha dado paso a muchas interpretaciones, y en los casos que los cálculos sean abajo de 300 dólares, si los elevan a 400 dólares, empezará a generar un déficit previsional de cerca de 30 mil dólares o más por cuenta individual”, explicó.

“Esto es grave, porque sin tomar en cuenta el -estrés financiero-, podría ser que en los próximos 12 a 18 meses la Cuenta de Garantía Solidaria se verá amenazada a colapsar. Porque hay que pagar los beneficios de veteranos de guerra, FROPOLYD, pensiones mínimas, certificados de traspaso, certificados de traspaso complementarios y garantías estatales, todo a cargo de cada cuenta individual”, reiteró Pineda. Pineda acotó que apenas un 40% de ellos (cotizantes) mantiene un ratio de 25 % del total del universo de afiliados, entonces, sería un problema grave, por lo que propone revisar junto a los funcionarios de gobierno encargados de la ley el Estudio Actuarial ( análisis financiero para cuantificar y gestionar riesgos) realizado por la Mesa por una Pensión Digna, y reformar la actual normativa.

La propuesta de la Mesa por una Pensión Digna ofrece una fórmula de cálculo basada en un “sistema mixto” que tomará en cuenta algunos aspectos positivos de los cuerpos de ley actual, como la creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones, y la toma del 16% de la cotización.

“Nuestra distribución es de la siguiente manera: De ese 16% trasladamos un 13% al Instituto Salvadoreño de Pensiones, para que allí se genere un fondo de reparto del cual, saldría una fórmula de cálculo igual, tanto para obligados como optados.

Y las AFPS, se quedarían con el 2% y un 0.50% de comisión para efectos de costos administrativos tanto de la institución pública como la AFP”, expuso.

“El punto importante que tenemos -de acuerdo- a nuestro estudio actuarial es la propuesta con una fórmula de cálculo así: 50% por los primeros 10 años, más un 1% por cada año adicional, teniendo a la base que por 25 años que la persona cotice al sistema tendría un 65% de piso mínimo de tasa de remplazo, es decir, el monto de pensión respecto a su último salario. Si tiene 30% se eleva a 70% y hasta un máximo del 75% del último salario”, indicó Pineda.

Lo que serían mejores condiciones no solo para los montos de pensión, si se comparaban con los ofrecidos en los artículos 97 y 98 de la nueva Ley Integral de Pensiones. También, vendría a reducir el “déficit provisional” que va a provocar esta nueva ley porque lo elevó a 26 mil millones. Y el estudio actuarial de los trabajadores el costo al máximo sería de 19 mil millones dólares.

“Solo en los nuevos beneficios de la ley para el año 2023, son 600 millones, pero si se suman los aumentos de 118 mil pensionados por vejez, el 30% se eleva a mil millones. Más los nuevos costos que implicarían los nuevos cálculos de pensión estaríamos llegando a 2, 200 millones de dólares y la recaudación será de 1,214 millones de dólares ¿Quién pondrá el resto? Esa es la pregunta”, puntualizó Pineda.

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