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CIDEP, como miembro de la Red de Educación Inicial y parvularia de El Salvador REINSAL se suma a las voces que exigen un sistema judicial que vele por los Derechos y el Desarrollo Integral de las niñas y los niños, ante lo cual hacemos publica nuestra postura:
La Red de Educación Inicial y parvularia de El Salvador –REINSAL–, condena la resolución emitida por la Cámara Primera de lo Penal de Sal Salvador, sobre el fallo favorable para el Magistrado Jaime Escalante; con el cual se deja en impunidad y se da in trato preferencial a conveniencia de conveniencia del imputado (Magistrado Jaime Escalante), y no de la niña que ha sido violentada en su integridad física y moral.
Por lo que consideramos que esta resolución viola diferentes compromisos internacionales y legislación que El Salvador ha firmado y deben cumplirse, principalmente la Convención de Derechos del Niño y la Niña, que en su Art. 19 menciona “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, …”, así mismo la Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia plantea en su “Artículo 37.- Derecho a la integridad personal las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, la cual comprende la integridad física, psicológica, cultural, moral, emocional y sexual. En consecuencia, no podrán someterse a ninguna modalidad de violencia, tales como el abuso…”.
Además que se ha hecho de lado en un Estado de Derecho que ha adoptado la Doctrina de Protección Integral del Niño y la Niña, sobre todo el Principio de Interés Superior del Niño y la Niña. Reflejando un retroceso o atraso en las consideraciones hechas por la Cámara Primera de lo Penal en sus argumentos.
Por lo que exigimos que:
a) El Estado tome todas las medidas necesarias para que se haga justicia y se respete la integridad de las niñas, niños y adolescentes, basados en sus Derechos y en la Doctrina de Protección Integral del Niño y la Niña y en la LEPINA.
b) Que se brinde la protección a la niña que ha sido violentada en su integridad física y psicológica, facilitando las atenciones necesarias.
c) Que se tome todas las medidas para que este tipo de resoluciones no vuelvan a darse en perjuicio de la integridad física, psicológica y moral de las niñas, niños y adolescentes.
d) Que la Fiscalía de la República realice todas las gestiones necesarias para que este dictamen pueda revertirse y este hecho no quede impune.
