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Cámara confirma proceso contra exsecretario privado de Saca

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La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro resolvió, en  audiencia especial, que continué el proceso contra el  exsecretario privado de la presidencia, Carlos Antonio Rosales Franco y su esposa Ana Leonor Morales Luna, acusados de enriquecimiento ilícito.

La audiencia fue  con la finalidad de resolver sobre la suspensión del proceso por prejudicialidad penal, la excepción procesal por falta de personería y los motivos de improponibilidad opuestos y denunciados por la parte demandada. Rosales fue señalado de indicios de enriquecimiento ilícito tras evaluar un informe de la Sección de Probidad que encontró 13 irregularidades al exsecretario y dos a su esposa. Dichas irregularidades habrían sido encontradas en cuentas bancarias y el uso de tarjetas de crédito.

Rosales se desempeñó como secretario particular del expresidente Elías Antonio Saca en el período 2004-2009. Supuestamente en ese período se habría enriquecido ilícitamente con una cantidad de $481,984.46.

La Cámara programó la audiencia preparatoria en contra del exsecretario para el 18 de diciembre venidero.

Juzgado extingue fondos para el Estado

El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio declaró a favor del Estado la cantidad de 7 mil 565.19 dólares, fondos que se encontraban bajo la titularidad de Idalia Elizabeth Cruz. Mismos relacionados al ilícito de casos especiales de lavado de dinero y activos.

Los hechos que dieron origen a la solicitud de la extinción sucedieron el 14 de abril de 2016, en el Condominio Renovación de San Salvador, cuando agentes policiales realizaron un procedimiento, mediante el cual se tuvo como resultado la detención de Idalia Cruz, quien fue puesta a disposición de las autoridades por el delito de receptación.

En el desarrollo del operativo se encontró en su casa un bolso de su propiedad con la cantidad dineraria extinguida, de la cual posteriormente se realizó una investigación sobre los ingresos lícitos conocidos, este no dio resultados congruentes con lo encontrado en su poder, por lo que se consideró como un incremento patrimonial no justificado.

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