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Nelson Polanco/ Asesor Legislativo
El negocio de las municipalidades no está solamente cuando el alcalde y algunos de sus funcionarios se incrementan los salarios, sino que el mayor negocio de la administración municipal está en los negocios que puedan generarse bajo las faldas de la municipalidad para beneficiarse a sí mismos y a sus amigos. No es casualidad la burocracia generada por los Concejos Municipales, crean ordenanzas con trámites engorrosos y sin el más mínimo sentido común, a fin de entorpecer la administración pública para obtener ventaja de ella y utilizar el imperio municipal para beneficiar a sus allegados, familiares y a todo aquel que esté dispuesto a caer en el juego de las regalías a cambio de permisos o licencias.
Este negocio de las prebendas por favores en las alcaldías se ha venido desarrollando por muchos años, y hasta se ha llegado a considerar como algo normal. Los empresarios más allegados al alcalde o a funcionarios influyentes podrán obtener las mejores porciones del pastel municipal en licitaciones, permisos y licencias. Todo esto va acompañado de elevadas tasas como plato fuerte bajo el lema de: “Las municipalidades necesitan dinero para operar y realizar proyectos”.
Por poner un ejemplo, la lista de ingredientes para un suculento permiso de construcción en San Salvador es así: para iniciar deberá presentar en OPAMSS (Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador) un legajo de documentos y pagar una tasa por metro cuadrado para obtener calificación de lugar, algo que es inútil, porque ya hay una zonificación de usos de suelo para su terreno, y si ese uso de suelo no aparece para su propiedad OPAMSS no podrá modificarlo, así que después de pagar dos veces y que le hayan denegado la calificación de lugar en OPAMSS puede ir al Concejo Municipal para implorar misericordia de que avalen su proyecto, y por supuesto no faltará algún funcionario que ofrezca su ayudita a cambio de algunas dádivas o de seguro se lo van a denegar.
MUPI elevado electrónico sin regulación en la ordenanza reguladora de publicidad.
Luego, si obtiene la calificación de lugar, deberá añadir revisión vial, aguas negras, aguas lluvias, factibilidad de agua, factibilidad de energía, permiso de medio ambiente, permisos de algún ministerio (minería, Concultura, etc.) que le regule o institución que emita otros permisos que requiera, etc. Y luego cuando usted tenga todos estos ingredientes aprobados, y solo si tiene todo completo, podrá hasta entonces ingresar la solicitud de permiso de construcción que es lo que usted realmente necesita, y no omito mencionar, que si modifica el permiso de Construcción, OPAMSS aplicará el doble de tasa por revisar lo que modificó. Así que, habiendo pagado miles de dólares por documentos y estudios para cada institución, si le deniegan o entrampan el trámite, todo el dinero que invirtió se irá a la basura.
Ordenanzas de tasas elevadas y con trámites engorrosos o imposibles, con una pésima redacción donde no se entiende ni de que se está pagando algunas las tasas, porque se dice que son de permisos y licencias, pero jamás las emiten.
¡Todo en nombre de la autonomía municipal!
Este año 2019, entró en vigencia la nueva Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) la cual se supone fue creada para corregir todas estas injusticias, pero al parecer, la mayoría de las municipalidades les importa un ‘coco pelado’ esta ley, hacen lo mismo de siempre y aun cuando la LPA da un plazo de 18 meses para apegar sus ordenanzas a esta ley, no hay ninguna municipalidad que esté realizando modificaciones a sus ordenanzas y se dan a la tarea de rebuscarse jurídicamente para evadir las normativas de esta ley. Mientras tanto, la Asamblea Legislativa rechaza iniciativas de ley que buscan evitar esta burocracia municipal, que solo ha detenido y frenado la economía del país y de los municipios, que ha sido la triste historia de las diferentes administraciones que han saboreado los manjares de las regalías a cambio de favores administrativos o beneficios de la autonomía municipal.
¡Sálvese quien pueda! Tal parece, que la autonomía es licencia para “hacer lo que al alcalde y al Concejo le da la gana” y habrá que aguantarse hasta que esta Asamblea Legislativa decida defender al pueblo antes que a sus amigos partidarios.
