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Julia Dominzain / RT
La Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia, conformada por abogados, académicos, estudiantes y defensores de derechos humanos, denuncia que el gobierno de facto lleva adelante –entre otros delitos– persecución de dirigentes, violaciones, desapariciones forzadas, torturas, listas negras y represión de manifestaciones.
La delegación regresó a Buenos Aires y presentó un informe preliminar, tras entrevistar a más de un centenar de personas.
«Se han producido graves violaciones a los derechos humanos que ya tienen carácter sistemático y por tanto constituyen delitos de lesa humanidad», dice el análisis que publicaron.
La historia
La delegación salió de Buenos Aires hacia La Paz el jueves 28 de noviembre y regresó el domingo. Se trata de una comitiva interdisciplinaria y federal. Había integrantes de diferentes provincias de Argentina.
El viaje no fue fácil. En el aeropuerto internacional de Santa Cruz (Viru Viru), 14 de ellos fueron interrogados por la policía y el resto atormentados por «grupos de choque» que los insultaron y quisieron golpear en pleno espacio público.
Una vez en La Paz, «se tomaron testimonios de un centenar de personas en una locación segura de la localidad de El Alto, se visitaron domicilios particulares de otras víctimas, se visitaron personas hospitalizadas y se realizaron reuniones en distintos puntos de La Paz con actores de la política y los movimientos sociales urbanos, campesinos e indígenas», relatan en su informe.
Las denuncias
Según la delegación, «el Estado Plurinacional de Bolivia sufrió un golpe de estado pergeñado por grupos denominados cívicos, sectores empresarios, personal policial y altos mandos de las Fuerzas Armadas con el objetivo de derrocar al presidente Evo Morales e instaurar un gobierno de facto».
Tras entrevistar a ciudadanos y ciudadanas, concluyen que el gobierno de facto está cometiendo «delitos de lesa humanidad» desde la asunción de la presidenta de facto Jeanine Áñez. «Violaciones sistemáticas a los derechos humanos», «desaparición forzosa de personas», «situaciones de tortura en espacios públicos», «violaciones y delitos sexuales» y «falta de garantías procesales para los detenidos», entre otros crímenes que pudieron corroborar.
Además denuncian que hubo un «accionar coordinado» dirigido particularmente contra la dirigencia del Pacto de Unidad (alianza de organizaciones rurales e indígenas) y la Central Obrera Boliviana. «Contamos con amplia documentación sobre múltiples coacciones sobre dirigentes y familiares para que adoptaran posiciones contrarias a su voluntad por temor a perder su vida y libertad», aseguraron.
También especificaron que distintos testigos relataron que existen «listas negras». Y añadieron: «Esta situación es coincidente con las declaraciones públicas del ministro Murillo quien dijera: ‘Hay senadores y senadoras, diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que voy a empezar a publicar sus nombres, que están haciendo subversión (…) A partir de lunes voy a ordenar, ya tengo listas que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando, los van a empezar a detener con órdenes fiscales'».
Por último, denuncian libertad de prensa restringida, represión de manifestaciones,promoción del racismo y discursos de odio, hostigamiento policial y parapolicial.
Entre otros integrantes de la comitiva están el dirigente sindical Juan Grabois, Pablo Pimentel (APDH), el jurista Roberto Carlés, el sindicalista Daniel Catalano, el abogado Diego Morales y la abogada Gabriela Carpineti.
