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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Con pancartas en mano, familiares y trabajadores policiales pidieron a las autoridades la liberación de ocho agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), acusados por la Fiscalía de homicidio agravado en perjuicio de cuatro víctimas y condenados a 45 años de prisión. El hecho ocurrió el 8 de febrero de 2016, en la colonia Villas de Zaragoza, La Libertad.
El secretario general del Movimiento de Trabajadores Policiales, Marvin Reyes, afirmó que el caso de los agentes condenados se ha manejado de una forma inadecuada, donde tanto jueces como fiscales muestran una “persecución acérrima” a los policías involucrados en el supuesto intercambio de disparos con supuestos delincuentes.
Según Reyes, en el hecho ocurrido en Zaragoza, La Libertad, hubo un intercambio de disparos, pero el fiscal dice que los policías ejecutaron premeditadamente el hecho para asesinar a las cuatro personas, en el cual también resultó un agente lesionado, de quien la Fiscalía General de la República (FGR) excluyó su testimonio, así como otros testigos que estuvieron presentes y dan fe que todos los fallecidos eran miembros de estructuras de pandillas.
“Los fiscales se han empeñado en hacer ver al policía como un forajido que anda matando a personas, cuando lo que el personal policial hace es defendernos de los ataques armados de los delincuentes.
El mal mensaje que dan a la sociedad es que el sistema judicial pondera los derechos de unas personas que han causado daños, como son los delincuentes, y está mandando a la cárcel a quienes protegen”, enfatizó.
Asimismo, pidió a los jueces y fiscales que se han declarado “anti policías” revisar las pruebas de cargo y descargo, a fin de garantizar a los agentes un proceso apegado a derecho.
El juicio se dio luego de que la Cámara de lo penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla resolviera un recurso de apelación interpuesto por la FGR tras el primer juicio en el caso, a cargo del Tribunal 2do. de Sentencia de Santa Tecla.
Entre tanto, la esposa de uno de los agentes condenados a 45 años de prisión aseguró no haber recibido apoyo por parte del socorro jurídico de la PNC, ya que los familiares se han endeudado para pagar abogados particulares.
Para el Tribunal, la presunción de inocencia de los imputados fue desvirtuada por la prueba de cargo pericial, documental y testimonial, en la cual se descartó que el hecho haya sido un enfrentamiento; se determinó que los agentes policiales tenían completo dominio de la escena, al ejecutar a las víctimas.
